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RETIRAR BASES MILITARES DE CENTROS URBANOS

15 Feb

RETIRAR BASES MILITARES DE CENTROS URBANOSRealmente lo anunciado por Juan Manuel Santos sobre el retiro de unidades militares de cascos urbanos no es nada nuevo, ya la Corte Constitucional en Auto 173 de 2012 había abierto la puerta al ordenar medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas Jiw y Nukak, en los departamentos de Meta y Guaviare, específicamente en el área rural denominada como Barrancón, jurisdicción de San José del Guaviare, al considerar que la extensión del terreno del Batallón de Infantería de Marina allí destacado ponía en riesgo la integridad de las comunidades indígenas.

Pero el retiro de unidades militares o policiales de los cascos urbanos es un viejo sueño de las narcoguerrillas que han buscado presionar mediante acciones terroristas que la población civil exija dicho retiro para evitar “daños colaterales”. Las Farc han querido vincular la existencia de esas unidades militares y policiales a lo que denominan “militarización de la sociedad civil” En Colombia hay una lucha de clases, que no se va a definir en la mesa de diálogos. Es una apertura de espacios, donde el pueblo tiene que meter mucha voluntad y participación. El asunto de la militarización del estado y de la sociedad son aspectos que hay que solucionar, no solamente a través de promesas, deben comenzar las transformaciones y democratización de la vida nacional[1].

Ha sido la casi coincidencial oportunidad temporal en que las Farc y el gobierno Santos se pronuncian sobre el tema lo que ha despertado suspicacias y malestar, especialmente en amplios sectores nacionales que ven el anuncio presidencial como una concesión a las narcoguerrillas o una aceptación de responsabilidad del Estado frente a las acciones terroristas especialmente en el Cauca.

El problema radica en que el anuncio presidencial no distingue unidades militares y policiales, aunque hizo referencia al caso del grupo de caballería destacado en Ipiales (Nariño), la sensación que queda es que la orden no distinguiría la naturaleza de cada componente de la Fuerza Pública y que se encuentra claramente definida en la Constitución colombiana. La Policía Nacional, por ejemplo, es un cuerpo armado civil con la misión de garantizar la convivencia de los ciudadanos, algo que materialmente no podría cumplirse si es retirada de las zonas urbanas.

En el caso de las unidades militares cualquier decisión debe ser integralmente considerada. No fueron las unidades militares las que se establecieron en medio de las poblaciones, éstas crecieron en torno a aquellas y la consideración de riesgo no fue advertida por las autoridades administrativas o políticas en su momento, algo similar ocurre con los aeropuertos y otras instalaciones de donde se deriva riesgo para los ciudadanos.

Las infraestructuras militares están vinculadas históricamente con el desarrollo de las ciudades en Colombia y en general en todas las naciones con ese cordón umbilical común, la tradición española de hacer de las ciudades sus fuertes militares para adelantar operaciones defensivas u ofensivas en los territorios conquistados.

La historia de las guerras de la humanidad muestran esa tradición de una población civil siguiendo a las tropas; contingentes de familiares de los soldados, buhoneros, negociantes de toda clase, artesanos de todas las especialidades, que seguían a los ejércitos en busca de seguridad o de una oportunidad de negocio. Así se fueron estableciendo también los barrios y localidades civiles en nuestras ciudades alrededor de los Batallones y de las unidades militares. No hay ningún sesgo ideológico que conlleve a deducir una intención de “militarizar” la vida de la sociedad civil.

Ahora bien, retirar las unidades militares de los centros urbanos no es un proceso que puede adelantarse a la ligera y que va a requerir ingentes esfuerzos de la sociedad y el Estado, aún en el evento de un acuerdo de paz con las narcoguerrillas, en el entendido cierto de que un proceso de paz no elimina los mayores riesgos de la seguridad fincados en el narcotráfico y la operación de bandas criminales que podrán alimentarse con los elementos de las narcoguerrillas que rehúsen a desmovilizarse, situación que ya ha experimentado el país con lo sucedido con las ilegales AUC.

Requiere también todo un proceso logístico e inversiones de gran calado, las nuevas bases militares no podrían construirse de manera ligera y sin atender decisiones judiciales precedentes que han condenado al Estado por establecer campamentos o unidades provisionales en los llamados cambuches o vivacs especialmente a finales del siglo pasado y que derivaron en la muerte de decenas de soldados a manos de los terroristas.

En su momento el Consejo de Estado, al pronunciarse sobre la toma de la base de Las Delicias el 30 de agosto de 1996 señaló: El Estado está obligado a efectuar medidas de precaución, prevención y contención para enfrentar todas las manifestaciones del delito porque, de lo contrario, estaríamos asistiendo a la significación de una tragedia colectiva en la que los muertos y los heridos sean compatriotas que, en el cumplimiento de un deber, deban sacrificarse para mantener las instituciones y el sistema democrático e indudablemente ello está integrado a la construcción de dichas bases militares.

Indudablemente en una etapa posconflicto, que reiteramos no será precisamente la de eventuales acuerdos con las Farc, la institución militar deberá acelerar su proceso de transformación y la profesionalización de las tropas no requerirá de muchas de las actuales bases enclavadas en ciudades y poblaciones, muchas de las cuales pasarán a ser monumentos históricos y educacionales, por lo que el proceso seguramente será menos traumático, pero por ahora lo que hay es una simple manifestación seguramente con fines políticos más que una decisión de Estado.


  1. BLOGS PERIODISTAS CUBANOS. AMÉRICA DESPIERTA. Chat en vivo con las Farc-EP. Enero 6 de 2013. En: http://americadespierta.blogcip.cu/tag/farc-ep/
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2 comentarios

Publicado por en febrero 15, 2013 en Opinión Pública

 

2 Respuestas a “RETIRAR BASES MILITARES DE CENTROS URBANOS

  1. Juan Herrera

    febrero 15, 2013 at 5:24 pm

    Estamos de acuerdo que las bases, batallones y afines, deben estar en la periferia donde haya acceso inmediato a las poblaciones y ciudades. Los fallos judiciales no son integrales por lo tanto, es necesario que tengan en cuenta que los militares no son riesgo para la población civil, su misión los obliga a permanecer donde consideren los estrategas militares para la defensa ciudadana, no es lo que un Juez, considere con su miopía jurídica alejada completamente de lo que son los enemigos de la paz y los narcotraficantes. Cuando se quiera imponer una providencia tiene, el señor Juez, la necesidad de pensar en todo el entorno y en la seguridad de todos hasta de los militares. La guerrilla tiene interes velado en este asunto porque su trabajo de lavado de conciencia y de activos es más fácil cuando no tiene ningún representante de la autoridad cercano a su accionar.

     
  2. LUIS JORGE PULIDO

    febrero 19, 2013 at 2:55 am

    Por primera vez encuentro una declaracion, cierta. de la guerrilla en la Habana cuando manifiesta:” en Colombia hay una lucha de clases” Claro!!! dese hace mas de cincuenta años una sociedad decente y honrada LUCHA contra una minoria de asesinos desalmados que arropados con el falso ropaje de una ideologia trasnochada y desueta pretenden imponernos el yugo de su criminalidad.

     

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