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POLITIZAR EL PROCESO DE PAZ

18 Feb

POLITIZAR EL PROCESO DE PAZNingún favor le hace a la convivencia de la sociedad colombiana y al proceso que se adelanta en La Habana el cariz que está tomando el debate; la crítica razonada o no, dada la falta de claridad del mismo y el cinismo de las Farc en sus declaraciones públicas, que algunos sectores de la sociedad civil han hecho al proceso no han sido de recibo por parte del gobierno nacional que ahora, como advirtiera Enrique Santos Calderón, parece va a amarrarse a la posibilidad de la reelección del actual presidente Juan Manuel Santos Calderón.

Las declaraciones del mismo mandatario, de su equipo de gobierno y de sus aliados políticos, busca crear una división en la sociedad entre amigos y enemigos de la paz, descalificando a quienes expresan opiniones contrarios o tienen reparos fundamentados en algunos aspectos de un eventual acuerdo de cese de hostilidades acompañado de impunidad para quienes son responsables de la violencia irracional desatada desde hace más de 50 años con la imposición de la tesis de la combinación de las formas de lucha dando origen a las guerrillas devenidas en organización narcoterrorista.

Hay un hecho evidente que genera angustia en la sociedad y sensación de abandono en las verdaderas víctimas del conflicto, las causadas por 50 años de depredación de la narcoguerrilla, cuyos reclamos son sistemáticamente ignorados con la excusa de que es una “cantinela, un disco rayado”, que “las víctimas son intranscendentes”, como expresa Iván Márquez, o simplemente desestimados por el gobierno que señala de que “a pesar de lo que diga la gente” el proceso continúa.

Si a esa angustia se suma la incertidumbre generada por el marco jurídico para la paz que conduce a una amnistía o indulto tácito cuando se habla de suspensión de las penas a los responsables de delitos de lesa humanidad y su inmediata habilitación como actores políticos, la sociedad colombiana sólo puede entender que con relación a los actos criminales de las Farc no habrá justicia, verdad y reparación, sino una claudicación incondicional del Estado generada por el afán protagónico de convertir a este gobierno en un hecho histórico, “el gobierno de la paz”, y con ello asegurar la reelección del actual mandatario y la perpetuación de su programa político a través de quienes son hoy sus escuderos.

Junto a esa realidad se yergue la incertidumbre que genera el no saber con certeza qué régimen jurídico se va a aplicar a quienes en representación del Estado combatieron las narcoguerrillas y las bandas criminales asociadas a ellas; si bien la reforma al Fuero Militar es clara en excluir algunas conductas condenadas por el D.I.H. y los DD.HH., queda la certeza de que la balanza termina acomodándose a favor que quienes con sus conductas contra el Estado propiciaron hechos que son reprochables, pero que son connaturales a un conflicto asimétrico como el que ha vivido Colombia por imposición del comunismo. ¿Se aplicará la justicia transicional a quienes sirviendo al Estado equivocaron los mecanismos de combate a las organizaciones armadas ilegales y narcoterroristas?

Es una realidad que Colombia, una vez concluido el conflicto, se convertirá en el campo total de batalla jurídico y político de venganza de quienes por las armas no alcanzaron el poder contra quienes si los derrotaron por esa vía, tal y como ha sucedido en Argentina, Chile y Perú.  Aquí ya vivimos la experiencia de la injusticia y la inequidad generada frente a los hechos del Palacio de Justicia, mientras por orden judicial se levanta una placa en honor a una de las terroristas que se tomaron a sangre y fuego la entidad en 1985 y supuestamente desaparecida en el curso de las acciones de retoma por parte de las Fuerzas del Estado, quienes dirigieron la operación militar para impedir los criminales objetivos de los asaltantes, son presentados como los criminales que violaron los DD.HH. de quienes ingresaron dispuestos a arrasar con todos violando esos mismos derechos.

La sociedad colombiana podría aceptar el perdón del gobierno a los narcoterroristas si los derechos de las víctimas y de quienes combatieron a estas bandas ilegales tuvieren la garantía de su reconocimiento y aplicación, pero si sólo se anuncian derechos y garantías para quienes propiciaron por 50 años la violencia irracional y criminal, es muy difícil llamar siquiera al optimismo moderado para el establecimiento de la paz.

La artificiosa división entre amigos y enemigos de la paz creada por un gobierno que no acepta la crítica al proceso sólo sirve a los intereses del narcoterrorismo, no es de extrañar que a través de la Marcha Patriótica y sus organizaciones afines las Farc generen en los próximos meses marchas y revueltas sociales tendientes a presionar al gobierno para que ceda más en la mesa de diálogos y sean sus tesis las que finalmente se impongan a costa de mantener el capital político y electoral que en torno al proceso se quiere crear.

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Publicado por en febrero 18, 2013 en Opinión Pública

 

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