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MITOS Y REALIDADES DEL PROCESO DE LA HABANA

08 Mar

MITOS Y REALIDADES DEL PROCESO DE LA HABANAComo se ha señalado por diversas fuentes, incluida la delegación de las Farc, en La Habana se está discutiendo un cese de hostilidades con un sector de la narcoguerrilla que no representa la totalidad de la realidad criminal de esa organización.

Por darle una calificación, se diría que en La Habana está sentada el ala política de las Farc, la que renunciaría aparentemente a la lucha armada como mecanismo de la combinación de las formas de lucha para llegar al poder y que se transformaría en un partido o movimiento político, que de hecho ya lo es llámese Partido Comunista Clandestino o PC3, o Marcha Patriótica, pero allá no está representada, ni se hablado, del ala narcotraficante que hoy por hoy son más del 60% de las estructuras criminales que conforman las Farc.

El gobierno colombiano y las Farc parecen un tácito acuerdo para no tocar el tema más allá de la negativa reiterada de los delegados farianos de aceptar esa realidad ante los requerimientos de los medios de comunicación que han recogido esa inquietud de la sociedad colombiana y mundial.

Estaría repitiéndose el mismo error cometido con la desmovilización de las AUC y se sometimiento a la ley de justicia y paz; en aquella ocasión el gobierno colombiano quiso marcar un límite entre narcotráfico y lo que se llamaban “paramilitares puros”, hecho no alcanzado plenamente en tanto unos 4 o 6 mil componentes de las AUC continuaron delinquiendo y dieron origen a las llamadas bandas criminales, sus cabecillas están casi todos extraditados respondiendo precisamente por narcotráfico y otros delitos ante la justicia norteamericana.

No puede perderse de vista que precisamente los nuevos cárteles de las drogas son resultado de la alianza de las Farc y las bandas criminales, que los pocos enfrentamientos registrados han sido por el predominio en el control de algunas zonas en Putumayo, Nariño y Antioquia, estando probado el trabajo conjunto para la siembra, control de plantíos, laboratorios y rutas de tráfico de la mano con organizaciones delictivas mexicanas que ya comienzan a hacer presencia en el suroccidente colombiano para asumir control jerárquico de las organizaciones criminales.

De tal manera que aún ante el éxito de los diálogos en La Habana no hay garantía alguna de que las Farc renunciarán al narcotráfico y entregarán las estructuras existente hoy para que sean sometidas a la justicia, no siendo factible que quienes están dedicadas al criminal negocio puedan ser sujetos de la justicia transicional o que en La Habana se incluya este aspecto como parte de una modificación del acto legislativo conocido como marco jurídico para la paz, lo que podría explicar el apresurado y clandestino viaje de una comisión del Congreso a hablar con los delegados de las Farc en La Habana sobre tiempos y términos de trámites parlamentarios.

No hay claridad sobre cómo los mecanismos judiciales, dispuestos para que el marco jurídico creado para facilitar ese proceso, puedan operar eficientemente sin que repita el error generado en torno a justicia y paz, la paquidermia e inoperancia del sistema judicial colombiano ha impedido hasta hoy que se profieran las condenas por los hechos criminales cometidos por las AUC y el mismo gobierno ha señalado que los procesos judiciales contra las organizaciones armadas ilegales podrían demorar 100 años tal y como funciona el poder judicial. No hay garantías entonces de aplicación de la justicia conforme a los mandatos de la Constitución como derecho fundamental de los colombianos, ni siquiera como justicia transicional.

Ahora sobre la reparación a las víctimas. Es poco probable que las Farc, como no lo hicieron las AUC, hagan entrega previa de bienes y capitales obtenidos mediante su accionar criminal para que sean destinados a la reparación de las víctimas civiles y militares ocasionados en 50 años de bandolerismo, de tal manera que el costo económico de este acto de justicia tendría que ser asumido por la vía impositiva por los colombianos que no hicieron parte de ninguno de las organizaciones armadas ilegales.

Despierta suspicacias los acuerdos de los negociadores y lo ofrecido por la comisión parlamentaria, por ejemplo, sobre el asunto de la restitución de las tierras despojadas por los diferentes frentes de las Farc a lo largo y ancho de la geografía nacional y que conformarían el banco de tierras para reparar a las víctimas, siendo previsible que sólo algunas fincas o parcelas improductivas sean presentadas como tales y con ello quede saldado el asunto.

Son muchas más las preocupaciones que flotan a diario en la opinión pública que la claridad sobre los objetivos y mecanismos reales de los diálogos en La Habana, atribuibles quizá a la falta de pedagogía sobre los mismos como ha dicho Juan Manuel Santos o al desprecio por esa opinión tal vez considerada de consuno por las partes como intranscendentes, algo que castraría al proceso de la naturaleza democrática que debe tener, pues es precisamente la población civil ahora inconsulta la que ha padecido la criminalidad de las Farc durante tantos años, no las élites de poder o los miembros de la banda criminal, que ahora se abrogan la representación y vocería de esa población.

 

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Publicado por en marzo 8, 2013 en Opinión Pública

 

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