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EL ABANDONO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD EN COLOMBIA

20 Mar

EL ABANDONO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD EN COLOMBIASon válidos las observaciones hechas por organismos internacionales y el gobierno de los EE.UU al gobierno colombiano por el evidente abandono a las políticas de consolidación de la seguridad alcanzada en el período 2002-2010 y que buscaban consolidar el control territorial y fortalecer el Estado social de derecho en todo el territorio nacional como requisito para proteger a la población manteniendo la iniciativa estratégica en contra de todas las amenazas a la seguridad de los ciudadanos (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, 2007)

Y ese abandono se refleja no en la ausencia de la ofensiva militar y policial contra las organizaciones criminales, sino en el rompimiento de la estrategia político-militar para combatir los factores de violencia narcoterrorista como principal amenaza contra la seguridad de los ciudadanos.

No cabe duda que el sueño colectivo de una Colombia en paz que conformó la base estratégica de la política que buscó que la acción coordinada, y el trabajo conjunto de los soldados de tierra, mar y aire y los policías permitió recuperar inicialmente ese control territorial, pero la ausencia o la ineficiencia de los poderes públicos mediante el ejercicio de la presencia del Estado ha puesto en riesgo la consolidación de ese fortalecimiento del Estado social de derecho.

Hoy no se concibe como una organización narcoterrorista como las Farc que se encontraban abocada a su derrota militar eminente, que había perdido más del 50% de sus miembros y estructuras y su capacidad de incidir en la vida de los municipios y regiones, de pronto se vean fortalecidas políticamente hasta el punto de ser ellas las que reclamen control territorial mediante las llamadas zonas de reserva campesina y la exigencia del despeje militar de las mismas para establecer repúblicas independientes bajo la égida marxista-leninista al estilo de las que existieron a final de los años 50 y comienzos de los 60 del siglo pasado.

Al repasar el mapa de las zonas de reserva que exigen las Farc se puede apreciar de bulto que buscan recuperar corredores estratégicos para la actividad criminal, que habían perdido en la ofensiva militar del Estado en Antioquia, Córdoba, Cundinamarca, Tolima, Meta y consolidar aquellos que aún conservan en el suroccidente colombiano, a ello le suman ahora el pedido de retirar tropas y policía de esas zonas porque las conciben territorios con autonomía política y administrativa donde ellas establecerían las normas de convivencia social.

Las Farc han anunciado públicamente que no renuncian a la combinación de las formas de lucha y tras el discurso de no querer convertirse en los “cadáveres del siglo XXI”, pretenden legitimar el llamado “derecho a la rebelión armada” como una excusa para legitimarla y continuar bajo otras denominaciones la actividad narcotraficante y terrorista.

Ya se rumora que el gobierno de Santos Calderón está dispuesto a sacrificar al Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, por su férrea y pública oposición a esa propuesta y si ello se materializa, junto a la solicitud del presidente a los jueces y magistrados de no convertir el ordenamiento legal y la justicia en un obstáculo para la paz, indican que hay una tendencia a ceder a las pretensiones de la narcoguerrilla sacrificando los fundamentos básicos del Estado social de derecho para satisfacer intereses políticos particulares y ajenos al bien común.

Así se cumpliría, pero a la inversa, el lineamiento trazado por el actual gobierno desde agosto de 2010 y que suponía presionar militarmente mientras se crean las condiciones legales y sociales para la paz como estrategia para llegar a ella. Ninguna de las exigencias previas del gobierno a las Farc para sentarse a dialogar se cumplió, por el contrario, estimuladas por los diálogos y negociaciones realizadas de espaldas al país y desde el mismo día de la posesión del presidente, las narcoguerrillas incrementaron las acciones criminales relacionadas con narcotráfico y terrorismo, afectando principalmente a la población civil.

La reforma constitucional y las normas expedidas en ese afán de negociar con las Farc, se han hecho a la medida de las narcoguerrillas; la concesión del perdón y olvido a través de la justicia transicional y su legitimación política sin que hayan primero renunciado al crimen y hecho actos de verdad, justicia y reparación a sus víctimas, constituyen un reconocimiento tácito de una victoria que jamás alcanzaron en el campo político o en el campo militar.

No se trataba de buscar el aniquilamiento por la vía militar de las narcoguerrillas, como puede apreciarse en la prioridad que se dio a la desmovilización y las capturas de los miembros de esas organizaciones y a la reducción de su capacidad ofensiva, para generar precisamente esas condiciones que las llevaran a renunciar al delito y someterse al ordenamiento constitucional y legal vigente, algo que no estaba muy lejano de suceder dada la desmoralización y el quebrantamiento de la voluntad de combate de la gran mayoría de las estructuras que las conforman.

Las únicas fortalezas que mantenían las Farc se derivaban de sus alianzas con las bandas criminales para la actividad narcotraficante, especialmente en el suroccidente y la región oriental, las demás estructuras habían desaparecido o estaban en proceso de extinción; el salvavidas político que se les lanzó les ha dado un nuevo aire y esos procesos se detuvieron en espera de lo que suceda en La Habana.

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Publicado por en marzo 20, 2013 en Opinión Pública

 

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