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IMPUNIDAD ¿HACIA UNA NUEVA DEFINICIÓN?

12 Abr

IMPUNIDAD HACIA UNA NUEVA DEFINICIÓNLa discusión planteada por el Fiscal Montealegre a través de los medios de comunicación frente a los planteamientos jurídicos de la Procuraduría General de la Nación en su escrito como ministerio público frente a la demanda de inconstitucionalidad del llamado marco jurídico para la paz, han despertado toda suerte de especulaciones hasta el punto de que el mismo Ministro del Interior calificó la posición de la Procuraduría como un torpedo para la paz.

Para el gobierno Santos, su Ministro Carrillo y el Fiscal la posibilidad de que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra desde las filas de organizaciones armadas ilegales, específicamente desde las Farc y eventualmente del ELN, puedan ser sujetos de suspensión de la aplicación de las penas para que hagan ejercicio de los derechos civiles y políticos consagrados para los ciudadanos que no han infringido la ley, es apenas un costo mínimo que la sociedad debe estar dispuesta a asumir y quien se oponga a esa visión claudicante del derecho frente a la delincuencia es un enemigo de la paz.

Impunidad, del vocablo latino impunĭtas, es un término que refiere a la falta de castigo. Se conoce como castigo, por otra parte, a la pena que se impone a aquel que ha cometido una falta o un delito. Esto quiere decir que, cuando hay impunidad, la persona que ha incurrido en una falta o un delito no recibe la pena que le corresponde por su accionar. De esta forma no se sanciona ni se enmienda su conducta[1].

Baste decir entonces y conforme a la interpretación del gobierno y el señor Fiscal, que es suficiente, dentro de la justicia transicional, que un juez imponga una pena de 8 años a los terroristas responsables de crímenes de guerra o de delitos de lesa humanidad, para que administrativamente su ejecución se suspenda y ese individuo pueda acceder a la plenitud de los derechos sociales, cívicos y políticos consagrados para los colombianos que se apegan a cumplir la Constitución y la ley. En la práctica ni se sanciona ni se enmienda la conducta de los delincuentes objeto del beneficio político instituido como beneficio jurídico penal.

Si la Ley 975 de 2005 hubiere incluido tal generosidad con los autores de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra la izquierda colombiana y mundial, como los enemigos del anterior gobierno, habrían hecho festines ante la Corte Penal Internacional, la gran diferencia es que esa ley no contempló perdones presidenciales o suspensiones de penas, los responsables encontrados por el poder judicial debían pagar al menos y sin rebajas 8 años de prisión. Su problema es que el poder judicial nunca quiso asumir el conocimiento de los procesos recurriendo a toda suerte de leguleyadas procesales estimuladas por sectores políticos interesados en hacerla fracasar precisamente para terminar en lo que hoy afrontamos.

La impunidad tiene claros referentes en la historia del derecho penal mundial. Es definida por el Diccionario de la Academia como falta de castigo, así como impune es lo que queda sin castigo. La sola lectura de ambas acepciones ya dice claramente su importancia en relación con el Derecho Penal. Escriche establece que impunidad es “la falta de castigo; esto es, la libertad que un delincuente logra de la pena en que ha incurrido”.

Los motivos o circunstancias que pueden llevar a esa situación aparecen claramente señalados por Cabanellas cuando dice que la causa más común, porque es la que más hiere la sensibilidad colectiva, está representada por aquellos casos en que, siendo conocidos los autores, no se los persigue por razones de orden político, siempre abusivas y propias de Estados en los que la libertad ha sido cercenada, la prensa amordazada, los tribunales prostituidos y el poder entregado en manos de una minoría sostenida por la coacción, el miedo y la cobardía general. A estas palabras del precitado autor. Cabría añadir que la posibilidad del poder público, especialmente del Ejecutivo, de mantener impunes delitos que sirven un interés político, es mucho mayor en aquellos países en que falta la oralidad (léase publicidad) de los juicios, y en que se veda toda facultad a los particulares de mantener la acusación privada y aun la popular, confiándola tan sólo al ministerio fiscal, órgano estatal frecuentemente vinculado con el Poder Ejecutivo. Ajuicio de los autores, la impunidad puede ser de hecho y de derecho. Bernaldo de Quirós señala como impunidades de hecho las siguientes: crímenes que pasan, y pasarán siempre, más o menos desconocidos a los ojos de la justicia; crímenes que se conocen, pero cuyos autores escapan a la acción de la justicia por no haber sido determinada su personalidad o no haber podido ser aprehendidos: delitos cuyos autores son conocidos, pero que no se persiguen ni se penan, por excepción abusiva debida a la organización política y social propia de cada tiempo.

Cabanellas escribió para otros tiempos y seguramente no faltará quien reclame la oralidad de la justicia penal en Colombia, pero más allá de las diferencias conceptuales y de forma, lo propuesto por el gobierno colombiano y aprobado por su Congreso cooptado y ahora desenmascarado en la voz del Fiscal, no puede caber duda que las negociaciones de La Habana simplemente conducen a mantener impunes delitos que sirven un interés político.


  1. [1] Lee todo en: Definición de impunidad – Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/impunidad/#ixzz2QCErWGZ2
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1 comentario

Publicado por en abril 12, 2013 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “IMPUNIDAD ¿HACIA UNA NUEVA DEFINICIÓN?

  1. Juan Herrera

    abril 12, 2013 at 2:16 pm

    Nadie, cuerdo, puede ser enemigo de la paz, cuyo significado está por verse, sin embargo, en Colombia parece que el silencio de los fusiles tendremos que pagarlo demasiado caro como lo hicimos con los asaltantes del Palacio de Justicia. La impunidad no puede ser recompensa para quienes han azotado con su criminal ideología nuestra patria.

     

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