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ACERCA DEL MATRIMONIO IGUALITARIO

23 Abr

ACERCA DEL MATRIMONIO IGUALITARIOEl primer error de activistas de las comunidades LGBTI y de los legisladores que acompañan la propuesta sobre el denominado “matrimonio igualitario”, es el no consultar el origen histórico y jurídico de esta institución. En efecto la  institución matrimonial proviene de la palabra latina matrimonium, derivada de mater (madre) y monium (calidad de), de donde resulta ilógico pretender el reconocimiento legal, en aras de una pretendida igualdad, de calidad de madre a uno de los componentes de una pareja homosexual en tanto ésta está dada por la naturaleza y no por la voluntad del hombre.

Ese fundamentalismo de estas comunidades es el que choca necesariamente con la comprensión de las mayorías nacionales y de la sociedad en general; si del reconocimiento de derechos de convivencia, compartibilidad de derechos civiles y patrimoniales, capacidad herencial y de sustitución en la seguridad social, se trata ya la legislación colombiana ha avanzado en esa materia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional suple muchas de las falencias existentes, las cuales deben ser abordadas por el Legislativo sin necesidad de incurrir en un adefesio como llamar matrimonio a lo que por naturaleza no lo es, ni puede serlo.

Históricamente, el matrimonio es una institución con tradición secular en nuestro entorno que se ha ido esculpiendo a lo largo de todas las circunstancias socio-culturales que la han rodeado y que, como puede verse, impide equiparar el matrimonio de las diversas etapas históricas que se han ido sucediendo (DE LA ROSA, 2002), pero conservando esa esencia relacionada con la calidad de madre, relativa a la procreación responsable como objeto de la familia conformada a través del matrimonio.

Es un hecho que la formación de una sociedad pluralista, que reconozca la diversidad como lo hace la Constitución del 91, plantea retos muy difíciles a las sociedades democráticas, pues los valores de determinadas comunidades pueden entrar en tensión con los valores o intereses de otras comunidades, o con los derechos constitucionalmente reconocidos a todas las personas (UPRIMMY YEPES, 2006), razón por la cual los operadores judiciales y el Legislativo deben ser responsables y valorar adecuadamente la conveniencia social de ciertas decisiones que buscan por ejemplo, simplemente satisfacer una moda o un capricho de unas minorías, por muy universal que sea.

Nadie puede hoy poner en duda los derechos de las comunidades LGBTI, en tanto sus miembros, individual y colectivamente considerados, son ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos fundamentales y su orientación sexual hace parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Derecho que tiene como fundamento el principio de la libertad que permite a los seres humanos realizar todos sus actos sin más limitantes que las que imponen los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico, el cual todos tenemos el deber de acatar. Ser libre implica la posibilidad de actuar y de sentir de acuerdo a como lo dicta la propia conciencia. A elegir un estilo de vida de conformidad con las propias elecciones y anhelos, sin desconocer con ello los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico existente.

Incluso, el país ha sido tolerante e incluyente con las comunidades homosexuales como se demuestra en la génesis de estos movimientos, no exentos, hay que aclarar, de la intolerancia que toda minoría que busca participación puede generar. El movimiento homosexual Colombiano surge en 1976 por iniciativa de estudiantes y profesores universitarios. En 1980 fundan la Revista Ventana Gay y se despenaliza la homosexualidad; en 1984 los jóvenes LGBTI asumen la dirección y trazan su rumbo y política. Desde 1983 el sida es eje de trabajo. Desde 1992 participan minorías sexuales; desde 1994 a la fecha  han obtenido el reconocimiento de otros derechos y pueden expresarse políticamente en el espacio público. Otra cosa es el aprovechamiento político que personas ajenas al movimiento LGBTI quieren obtener, generalmente desde posiciones de izquierda que tradicionalmente han rechazado y reprimido en gobiernos de esas ideologías las expresiones homosexuales.

Son las mismas comunidades LGBTI las que reconocen que La libre opción sexual está claramente protegida en Colombia, precisamente porque se entiende que ésta hace parte de un ámbito fundamental de la vida humana que compromete no sólo la esfera íntima y personal del individuo, sino que pertenece al campo de su libertad fundamental y del libre desarrollo de la personalidad (VELANDIA MORA, 2007) y debe señalarse claramente que la sentencia de la Corte Constitucional que ordena legislar sobre las uniones homosexuales no hace referencia alguna a la institucionalización del matrimonio igualitario como referente obligatorio para consagrar el reconocimiento de las parejas homosexuales.

En efecto la Sentencia C -577/11 hace referencia a la exequibilidad del artículo 113 del Código Civil que define el matrimonio y exhorta al Congreso de la República a legislar de manera sistemática y organizada sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, no institucionalizando como obligatorio el reconocimiento del matrimonio sino a la interpretación de las disposiciones legales que hacen referencia a la protección constitucional de la familia, en un sentido según el cual las mismas deben hacerse extensivas a las parejas homosexuales (CONSTITUCIONAL, 2011) en el sentido del reconocimiento jurídico de la pareja integrada por personas del mismo sexo, “puesto que hoy, junto a la pareja heterosexual, existen -y constituyen opciones válidas a la luz del ordenamiento superior- parejas homosexuales”, cuya efectiva existencia supone, como en el caso de la pareja heterosexual, una relación íntima y particular entre dos personas, fundada en el afecto, de carácter exclusivo y singular y con clara vocación de permanencia.

Resulta pues banal y artificiosa la discusión introducida sobre el reconocimiento del matrimonio igualitario por su imposibilidad natural y jurídica, que además no implica reconocimiento diferente al de la existencia de uniones civiles y protocolarias de personas del mismo sexo con fines de convivencia como lo define la Corte Constitucional.

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Publicado por en abril 23, 2013 en Opinión Pública

 

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