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CONFLICTO, DIÁLOGOS Y JUSTICIA TRANSICIONAL

25 Abr

CONFLICTO, DIÁLOGOS Y JUSTICIA TRANSICIONALEntender la duración del conflicto colombiano es bien complejo, sobre todo en una nación que ha conocido pocos períodos de paz en su historia republicana a partir de su independencia de la corona española en 1810, pero que se precia de ser una de las democracias más sólidas del mundo.

No habían transcurridos dos años del grito de independencia cuando estalló el primer conflicto en suelo colombiano, la guerra entre centralistas y federalistas librada entre 1812 y 1815; desde entonces y con pocos períodos sin hostilidades se libraron al menos 8 guerras civiles con efectos adversos al país que incluyeron pérdidas territoriales como la de Panamá en 1903.

Hubo una paz relativa a nivel nacional pero con episodios de violencia en áreas rurales especialmente en los Santanderes, Boyacá, Tolima y Valle entre otros, período transcurrido entre 1902 y 1947 o 48 (con algunas breves interrupciones) y se dio una caída drástica en los niveles de violencia (MELO, 1999); teniéndose como nuevo detonante de la violencia en la mayor parte del país el asesinato del líder populista Jorge Eliécer Gaitán (9 de abril de 1948), crimen no esclarecido aún por la justicia colombiana y que sirviera de detonante a uno de los más oscuros episodios de violencia y desprecio por los Derechos Humanos donde quiera que las fuerzas partidistas irregulares, liberales y conservadoras, cobraban sus víctimas entre campesinos inermes especialmente, heridas que a pesar del tiempo, las leyes de perdón y olvido, aún no han cicatrizado por entero y que se abren cada vez que se hace referencia a la llamada época de la violencia, alimentadas por los recuerdos de víctimas nunca reparadas.

La amnistía y el indulto han sido dos instrumentos jurídicos de uso corriente a lo largo de nuestra agitada historia republicana; sin ser completamente exhaustivos, podríamos señalar que se han expedido 63 indultos y 25 amnistías, desde 1820 hasta la actualidad. Esas soluciones extremas, autorizadas reiteradamente en nuestras constituciones, han sido usadas para descriminalizar u olvidar el delito y la pena, en el caso de la amnistía, y para despenalizar o anular la pena, en el caso del indulto (AGUILERA, 2001), de tal manera que la propuesta jurídica contenida en el marco para la paz del gobierno Santos, no constituye ninguna novedad exótica en la intención política de los distintos gobiernos por terminar con los conflictos armados sin rendición y entrega de armas por parte de las organizaciones armadas ilegales.

Los gobiernos Betancur (1982-1986) y Barco (1986-1990), otorgaron quizá la más generosa y amplia amnistía e indulto a criminales autores de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra (M-19, EPL, ADO y parte del ELN entre otros),  que jamás tuvieron que responder jurídicamente por sus conductas, pero que terminaron convirtiéndose en jueces implacables de quienes los derrotaron por las armas, hasta el punto que hoy Oficiales, Suboficiales, Soldados y Policías, están llamados a responder judicialmente por la desaparición de terroristas que participaron en la toma del Palacio de Justicia en 1986, mediante una poco sutil maniobra para aplicar la retroactividad de la ley penal solamente para una de las partes del conflicto, los militares que representaron al Estado de derecho, imputándoles delitos no establecidos en la normatividad penal de la época o tratados internacionales entonces inimaginados.

En el pasado reciente tenemos la Ley de Justicia y Paz (julio de 2005), como modelo de la llamada justicia transicional en su momento atacado con ferocidad por quienes hoy defienden un modelo aún más laxo para las narcoguerrillas en el eventual caso de alcanzar acuerdos de paz con el gobierno nacional.  Debe recordarse que la Ley 975 de 2005 dispone la reintegración de grupos armados organizados actuando al margen de la ley que han decidido desmovilizarse. Esta ley le ofreció, a los miembros de las organizaciones armadas ilegales, la opción de acceder a penas reducidas y programas de reinserción y reintegración social si entregaban sus armas y confesaban sus crímenes.

Desafortunadamente esta ley tuvo poderosos enemigos dentro del sistema político tradicional mismo e incluso dentro de los mismos poderes públicos a pesar de su exequibilidad constitucional, eso sí condicionada por la Corte Constitucional  (Sentencia C-319/06; Sentencia C-575/06), al reconocimiento pleno del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

La gran diferencia de la norma anterior con lo planteado hoy mediante el llamado marco jurídico para la paz, en cuya formulación no tuvieron participación las víctimas de las Farc o del Eln sino organizaciones de presuntas víctimas afines ideológicamente a estas narcoguerrillas (que también participaron y boicotearon la Ley 975/05),, es que incluso la verdad, la justicia y la reparación pueden ser sacrificadas en el altar de los intereses políticos de quienes lo promovieron y de los beneficiarios del mismo, en tanto es precisamente la conveniencia política la que otorga facultades para excluir o suspender de penas, de entregar la verdad y hacer la reparación a las víctimas, especialmente por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en 50 años de depredación contra la sociedad colombiana e incluso la comunidad internacional, que en el caso actual en los diálogos de La Habana las Farc insisten en desconocer o tratar de resultados intrascendentes dentro del conflicto del que ellas mismas se reclaman víctimas.

Esto es lo que más divide a la sociedad colombiana a estas alturas, la posibilidad de la institución de la impunidad para los autores de la violencia de los últimos 50 años, que obtendrían como premio la activación de sus plenos derechos políticos y civiles a cambio de no decir nada, no entregar nada, no reconocer nada, como el mismo marco jurídico para la paz lo señala y de cuya hábil utilización ya han dado suficientes pruebas los delegados de las Farc en La Habana.

No sería tan evidente la renuencia del Congreso a discutir entre otros proyectos pendientes el de la reforma al Fuero Militar y la Justicia Penal Militar, no acompañados de mensaje de urgencia del gobierno nacional, si contrariamente a lo señalado por el Presidente este pasado fin de semana, no se contemplare entre otras cosas dejar a los militares y policías por fuera de los acuerdos y permitir que sean sus enemigos posteriormente los que los juzguen, como ha sucedió en el Cono Sur y en Centroamérica a partir de la vigencia del Foro de Sao Paulo y el llamado socialismo del siglo XXI. Las cosas parecen responder más a las necesidades de la inmediatez política que a la consagración de la verdad y la construcción de una memoria histórica real y científicamente apegada al desarrollo del conflicto.

La izquierda no ha trabajado de manera coyuntural sino sistemática en la construcción de la historia que ellos quieren que se encuentre como real, a ello contribuyen ciertos personajes del liberalismo pendientes de excluir a su partido de la responsabilidad de las violencias partidarias arriba señaladas y que no dudan en señalar a sus rivales políticos y especialmente a las Fuerzas Militares y de Policía como autores de los hechos que ellos mismos generaron desde sus discursos, amparados por el fuero congresional que ahora tan hábilmente aprovecha el neocomunismo.

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1 comentario

Publicado por en abril 25, 2013 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “CONFLICTO, DIÁLOGOS Y JUSTICIA TRANSICIONAL

  1. Nestor Arboleda

    mayo 6, 2013 at 7:10 pm

    La constitucion de un pueblo democratico como Colombia, no debe de permitir que la ley se acalle contra los corruptos y alzados en armas. Porque se juzga y se inclina la balanza contra los defensores del pueblo (militares), si ellos son los que defienden la patria y al ciudadano. Lo que hubo en el palacio de justicia en el año 1986, fue provocado por el M-19. Se les otorgo el indulto a esa partida de rufianes…entonces porque no al militar? La ley debe ser por igual para todos, pues que se llamen a juicio a esa partida de rufianes por lo que hicieron…ellos tienen las manos manchadas de sangre!
    No se haga la justicia de la vista gorda con los de la FARC, seria el colmo, que sean tan ridiculos…

     

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