RSS

MANIOBRA POLÍTICA PARA OBSTACULIZAR INVESTIGACIONES DE LA PROCURADURÍA

01 May

MANIOBRA POLÍTICA PARA OBSTACULIZAR INVESTIGACIONESAl igual que su antecesor Samuel Moreno, el alcalde Gustavo Petro recurre por todos los medios a decir que la investigación que adelanta la Procuraduría General por los hechos que dieron lugar a la crisis de las basuras en diciembre del año anterior es una persecución política en su contra, tratando incluso de manera perversa de vincular la investigación disciplinaria a las negociaciones de La Habana.

En una conducta que debe ser investigada por el Consejo Superior de la Judicatura su abogado Daniel Prado Albarracín señaló ante los medios que había de por medio dineros de la mafia para sancionar a Petro y en una actitud de deslealtad procesal presentó renuncia a su cargo para dilatar la investigación y buscar prolongar los términos argumentando una falaz falta de garantías procesales.

Si el togado tiene pruebas de su afirmación pública de que el proceso disciplinario es pagado por las mafias, es su deber como ciudadano y profesional del derecho elevar la respectiva denuncia en debida forma y de acuerdo a derecho y no lanzar expresiones calumniosas al garete para tratar de deslegitimar el proceso adelantado conforme a las disposiciones que otorgan la facultad investigativa y sancionatoria a la Procuraduría como las que ordena el art. 277.6 de la Constitución Política (Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular), y la Ley 734 de 2002.

Hay un hecho notorio que debe investigar la Procuraduría, la responsabilidad del mandatario local en conductas de improvisación administrativa que le generaron pérdidas a la ciudad hasta ahora estimadas en 106 mil millones de pesos en el cambio del modelo de recolección de basuras, que generaron incluso una emergencia sanitaria dada la potencial peligrosidad de acumulación de deshechos en vías y lugares públicos y en los hogares de los ciudadanos. Esa conducta fue denuncia disciplinariamente por varios ciudadanos, la veeduría ciudadana y otras organizaciones, no fue una acción oficiosa del Procurador para perseguir al alcalde.

El art. 34.2 del Código Disciplinario consagra como deber de todo funcionario público el de cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función; a su vez el art. 35.7 prohíbe taxativamente a los funcionarios  omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligado, de tal manera que la violación por acción u omisión de ese deber o prohibición da lugar a una conducta disciplinaria que debe ser investigada y sancionada ineludiblemente dentro del Estado social de derecho.

Garantizando los derechos y garantías fundamentales, entre ellos el de la presunción de inocencia del servidor público, la Procuraduría está obligada a investigar preliminarmente si los hechos acaecieron y si existe indicio de responsabilidad disciplinaria para proceder a abrir formalmente la investigación disciplinaria.

Ahora bien, el abogado Prado Albarracín y el mismo Alcalde se han empeñado en señalar como falta de garantía procesal el que el burgomaestre no hubiere sido citado a rendir declaración libre durante la etapa preliminar de la investigación, la cual se encuentra reglada por el art. 150 de la Ley 734 de 2002 y que tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de la falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. En esta etapa no se ha formulado ningún cargo, acusación o señalamiento de responsabilidad disciplinaria y por ende su cierre no implica condena o sanción para el servidor público.

A su vez el artículo 29 de la Constitución consagra que en todas las actuaciones judiciales y administrativas deben garantizar el debido proceso sin dilaciones injustificadas. Es decir, que no pueden existir procesos interminables, ni el organismo o funcionario investigador puede prolongarlos a capricho propio o de terceros como lo proponen el alcalde y su abogado al pedir diligencias no contempladas en la parte procesal del estatuto disciplinario.

No está obligado el funcionario sustanciador de la Procuraduría a citar para oír en versión libre al funcionario público cuya actuación pueda dar lugar a la indagación preliminar, es un hecho jurídico reafirmado y reiterado por la jurisprudencia constitucional (Sentencia C-892/99), aunque no puede negarse a oírlo si éste solicita ser escuchado, como en efecto hasta ahora lo hace el alcalde Petro; pero no puede recurrirse a ese mecanismo como ardid para prolongar indefinidamente los términos de la investigación previa como se pretende cuando se señala que requieren de un término de 10 días para conocer la integralidad  del expediente y posteriormente términos indefinidos para recabar y presentar o controvertir pruebas, hecho que corresponde a la etapa investigativa y no al momento procesal previo.

El alcalde y su apoderado hubieren bien podido ser escuchados cuando tuvieron conocimiento público de las denuncias disciplinarias presentadas en su contra, pero sólo se esperan mañosamente hasta el cierre de la indagación preliminar para hacer pronunciamientos públicos en un intento de generar una discusión política ajena al proceso disciplinario, hasta atreverse de manera irresponsable a señalar que ese proceso debe estar ligado a las discusiones de La Habana y las garantías políticas para la izquierda. ¿Acaso reclaman como garantía la renuncia de los órganos de control a investigarlos cuando incurran en falta disciplinaria? Lo que reclaman es una patente de corso para actuar por encima de la Constitución y la ley, algo que la sociedad colombiana no podría tolerar.

Nada tiene que ver la investigación al Alcalde Petro por los hechos derivados de su improvisación irresponsable en el tema de las basuras con otras investigaciones que tenga a su cargo el órgano de control porque no están vinculados, siendo deber de la Procuraduría en este caso atender la evidente necesidad de cumplir con los principios de celeridad, igualdad, eficacia, economía e imparcialidad, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política como principios rectores de la administración pública.

Las maniobras mediáticas del alcalde y su apoderado son evidentemente contrarias a la Constitución y la ley, constituyendo un claro desconocimiento de los principios fundamentales del Estado social de derecho que merecen el reproche social, moral y legal que tan escandalosas actitudes provocan a la normal convivencia pacífica de los ciudadanos que debe darse en el acatamiento, respeto y obediencia a las instituciones democráticas.

Anuncios
 
2 comentarios

Publicado por en mayo 1, 2013 en Opinión Pública

 

2 Respuestas a “MANIOBRA POLÍTICA PARA OBSTACULIZAR INVESTIGACIONES DE LA PROCURADURÍA

  1. Nestor Arboleda

    mayo 6, 2013 at 6:35 pm

    Sea o no un desacato a ser responsable en su cargo administrativo ante la ciudadania de Bogota, por el hecho de las basuras, que mas se le puede pedir a un rufian ex-guerrillero del M-19, para que sea un politico decente? La realidad, es que el que lo eligio para alcalde sufra las consecuencias…que dineros de quien venga, sean utilizados en favor de la ciudadania y que se recojan las basuras…el tal Petro, no le interesa nada de sus responsabilidades como alcalde, se ve, se vera y se sabe o sabra la verdad de que haga o no, creo no sirve para nada…

     
  2. Luis Jorge Pulido

    mayo 7, 2013 at 1:51 am

    Segun todas las leyes conocidas universalmente, de la fisica, de la gravedad, de la compensacion, de la economia, etc etc, lo que algo o alguien pierde lo gana otro.La perdida de 1600 millones de pesos que perdio Bogota, es evidente que alguien se los gano. No pudieron haberse esfumado, como por arte de magia. Ese dinero que es facil saber en que bolsillo esta, es suficiente para engrasar abogados, jueces y funcionarios de los entes de control, No sera la primera ni la ultima vez que en Locombia la justicia opere no con base en leyes, articulos, versiculos o paragrafos, sino con la cara de Bolivar y Santander, a la vista!!!. De otra parte, Petro fiel a las doctrinas y metodos del mamerto izquierdo comunistoide internacional de siempre, la desorientacion y DESINFORMACION, no podian faltar, Por esa misma razon su abogado se refiere con frecuencia a las “mafias” de la burguesia y la oligarquia empeñadas en impedir un proceso con garantias. Desde luego, para nada se mencionan las mafias incrustadas en la alcaldia, de los cuales uno de sus principales exponentes el destituido Asprilla ha hecho gala de sabiduria.

     

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: