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PELIGROSA DESESTABILIZACIÓN INSTITUCIONAL

01 May

PELIGROSA DESESTABILIZACIÒN INSTITUCIONALIncomprensible e inaceptable resulta la posición política adoptada por instituciones como la Fiscalía General de la Nación al adelantar una campaña mediática de deslegitimación de las decisiones de la Procuraduría General; desconociendo los canales legítimos del debate jurídico el ente acusador ha generado incertidumbre y duda de las actuaciones del Procurador al señalarlo públicamente como enemigo de la paz por haber adelantado una demanda parcial de inconstitucionalidad del marco jurídico aprobado por el Congreso o por haber presentado ponencia negativa a algunos debates legislativos con relación a temas relativos a las minorías homosexuales.

Sumándose a las voces de los representantes de esas minorías políticas o sociales que pretenden el reconocimiento de temas como el matrimonio igualitario, el consumo recreativo de drogas, el aborto y otros temas que las mayorías nacionales rechazan, el Fiscal ha señalado que la Procuraduría actúa desde una interpretación teológica de estos asuntos y no conforme a la Constitución al pretender que las propuestas minoritarias deben ser automáticamente incorporadas a la legislación nacional por sobre la voluntad expresa de las mayorías.

El sofisma creado es el que la Procuraduría existe solamente para velar por los derechos de esas minorías, pseudointerpretación de la norma constitucional, arts. 275 y siguientes de la Carta, que establece que el Ministerio Público tiene por objeto el representar a todos los ciudadanos ante el Estado, función expresamente señalada al Procurador, sus delegados y agentes, en el art. 277 cuando señala que su deber es defender los intereses de toda la sociedad, de todos los intereses colectivos, no exclusivamente los de las minorías a quienes se debe únicamente como garante de los derechos y garantías fundamentales sin perjuicio del bien común o prevalencia del interés general como pilar fundamental del Estado colombiano.

La soterrada ira del Fiscal se deriva de la divergencia de opinión de la Procuraduría frente al alcance del marco jurídico para la paz en cuanto hace al concepto de verdad, justicia y reparación en la justicia transicional y la necesidad de una pena frente a la responsabilidad penal de cabecillas de diversas jerarquías de las narcoguerrillas por la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra; para el Fiscal este tipo de conductas punibles pueden ser objeto de beneficios jurídicos como la suspensión de la pena, la aplicación del principio de oportunidad o la excarcelación de los individuos encontrados responsables de las mismas, mientras que para la Procuraduría, conforme al derecho internacional humanitario y a los pactos internacionales suscritos por Colombia, los mismos deben ser sujetos de penas privativas de la libertad, aún simbólicas como las que en su momento contemplara la ley de justicia y paz.

La Fiscalía, encabezada por Eduardo Montealegre, está haciendo una interpretación política de sus funciones constitucionales señaladas en el art. 250 de la Carta, actuando de manera prejuiciosa está tácitamente renunciando en favor de los cabecillas de la narcoguerrilla a su deber ineludible de  investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes; es más, hay un innegable abuso y extralimitación de su función cuando hace caso omiso a la misma limitación que la Constitución le señala cuando dice que de su misión se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, tal y como lo indica el art. 221 constitucional.

En efecto, mientras el Fiscal anuncia públicamente la concesión de beneficios jurídicos para los narcoterroristas, a quienes defiende además al señalar que ninguno ha sido condenado judicialmente por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, anuncia también que los militares y policías deben ser investigados por ese ente de manera preferencial y que sus delitos, relacionados con el conflicto mismo, no pueden ser objeto de los mismos beneficios que reclama para los autores mismos de la violencia.

Pretende el Fiscal que la marcha de un millón de colombianos, según los cálculos más optimistas, es una expresión general de apoyo al proceso de La Habana y que en consecuencia debe erigirse como verdad absoluta el mito de que la justicia no puede ser obstáculo para la paz convirtiendo en dogma absoluto el principio del art. 22 de la Carta que señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento pero obviando que ese principio hace referencia ineludible al deber de los ciudadanos de convivir en paz y ajustándose a las normas establecidas en la Constitución y la Ley para el establecimiento de un orden social justo y que en procura de ello precisamente la misma Constitución confiere al Estado de las herramientas obligatorias para someter a quienes se apartan de esas normas de convivencia y atentan contra el orden legal y los derechos y garantías fundamentales de los demás ciudadanos, herramientas que el 4 de febrero de 2008 más de 6 millones de colombianos exigieron poner en funcionamiento como garantía de convivencia.

Mal hace el señor Fiscal al aclimatamiento de la paz cuando opta por gestos simbólicos como pararse frente a la Procuraduría con carteles o dar declaraciones de prensa “invitando al Procurador” a no ser enemigo de la paz; con esos actos políticos no sólo se extralimita en su función como servidor público que debe acatar las normas y procedimientos institucionales, sino que está enviando un terrible y equívoco mensaje a la sociedad al señalar que el Ministerio Público es una institución que debe ser desconocida, desacatada e ignorada.

Las normas de convivencia nacional establecen los canales legítimos para la discusión jurídica y si un funcionario se aparta de ellos necesariamente está atentando contra la integridad del Estado social de derecho porque está promocionando la desestabilización y deslegitimación institucional que lo soporta y fundamenta. Dichosos deben estar los cabecillas de la narcoguerrilla al ver cumplido un sueño mediante un proceso político que apenas comienza como es el de dividir y enfrentar la sociedad que no pudieron doblegar en 50 años de depredación criminal.

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2 comentarios

Publicado por en mayo 1, 2013 en Opinión Pública

 

2 Respuestas a “PELIGROSA DESESTABILIZACIÓN INSTITUCIONAL

  1. Juan Herrera

    mayo 2, 2013 at 4:39 pm

    El Fiscal y la entidad que regenta, parece un nido de cosas raras donde los presidentes, colocan a personas fuera de la ley para custodiar la ley. Vivianne Morales, es claro ejemplo de los pecados de los altos funcionarios que parecen nadar en la escoria de su propia corruptela. El nuevo Fiscal, parece un agitador de la más baja laya cuando hace apariciones callejeras y entrega declaraciones destempladas en contra de quienes quieren cumplir la ley en forma estricta. Montealegre, parece haber recibido órdenes precisas de Santos en el sentido de que todo hay que disponerlo para que la impunidad sea la nota cantante en su madriguera. En definitiva, este gobierno, y su lacra de títeres debemos sacarlos cuanto antes. Es lastimoso que en cargos de tan necesaria pulcritud se apoltronen individuos de dudosa procedencia y de tan extraña actualidad.

     
  2. Luis Jorge Pulido

    mayo 7, 2013 at 2:09 am

    Montealegre que ha dado claras señales de ser mejor negociante que abogado, apela al metodo infalible de jugar a dos bandas. Desde la institucionalidad ya logro que Santos le contratara un sesudo estudio que en tiempo record le reporto jugosisimos honorarios. Ahora desde la ilegalidad, emite conceptos y doctrinas para la subversion cuyos multimillonarios beneficiarios no repararan en compensarle con creces. Que viva Locombia mi Patria querida!!!

     

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