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EFECTOS DE LA DESINFORMACIÓN

03 May

EFECTOS DE LA DESINFORMACIÓNLa desafortunada comunicación de la señora Navanethem Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., en la que cuestiona el fuero militar al señalar que puede ser motivo de desconocimiento del gobierno colombiano de acuerdos internacionales de protección de los DD.HH., demuestra el grado de penetración e influencia que organizaciones e individuos enemigos de la institucionalidad militar han alcanzado en los últimos años, convirtiéndose incluso en voceros del Estado para atacar a las FF.MM y de Policía de manera sistemática y permanente.

Uno de los objetivos de partidos, movimientos y organizaciones armadas ilegales de orientación marxista-leninista es la institución castrense porque saben que es el dique de contención de las amenazas y agresiones contra la democracia y la libertad que buscan establecer regímenes totalitarios, de ahí que su propaganda busque crear las condiciones mediáticas que les permitan mostrarse como víctimas y al Estado social de derecho como victimario que se prevale de la Fuerza Pública para someter a los ciudadanos a una pretendida voluntad de minorías económicamente poderosas.

Los planteamientos de la señora Pillay, que coinciden en un todo con lo afirmado por la izquierda y las Farc en La Habana, indican desconocimiento absoluto de la realidad normativa en torno al Fuero Militar y a la Justicia Penal Militar en tanto no son disposiciones nuevas sino que tienen un acendrado origen en la constitucionalidad y legalidad nacional, incluso anteriores al surgimiento como república.

Lo existente hoy en esta materia tiene origen en la Carta Superior de nuestra nacionalidad desde 1886, recogido por la Asamblea Constituyente y trasladado al Capítulo 7 De la fuerza pública, artículos 216 al 223 de la Constitución de 1991 y señalado específicamente en el art. 221 ibídem, modificado por el art. 3º del Acto Legislativo 2 de 2012, que a la letra dice:

De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. 

En ningún caso la Justicia Penal Militar o policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales. 

Cuando la conducta de los miembros de la Fuerza Pública en relación con un conflicto armado sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el Derecho Internacional Humanitario. Una ley estatutaria especificará sus reglas de interpretación y aplicación, y determinará la forma de armonizar el derecho penal con el Derecho Internacional Humanitario. 

Si en desarrollo de una acción, operación o procedimiento de la Fuerza Pública, ocurre alguna conducta que pueda ser punible y exista duda sobre la competencia de la Justicia Penal Militar, excepcionalmente podrá intervenir una comisión técnica de coordinación integrada por representantes de la jurisdicción penal militar y de la jurisdicción penal ordinaria, apoyada por sus respectivos órganos de policía judicial. La ley estatutaria regulará la composición y funcionamiento de esta comisión, la forma en que será apoyada por los órganos de policía judicial de las jurisdicciones ordinarias y penal militar y los plazos que deberá cumplir. 

La ley ordinaria podrá crear juzgados y tribunales penales policiales, y adoptar un Código Penal Policial. 

La ley estatutaria desarrollará las garantías de autonomía e imparcialidad de la Justicia Penal Militar. Además, una ley ordinaria regulará una estructura y un sistema de carrera propio e independiente del mando institucional. 

Créase un fondo destinado específicamente a financiar el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública, en la forma en que lo regule la ley, bajo la dependencia, orientación y coordinación del Ministerio de Defensa Nacional. 

Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la Unidad a que pertenezcan. Cumplirán la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la Fuerza Pública.

En ningún otro país del mundo contempla la Constitución incluso aspectos procesales y actuaciones punitivas como lo hace la colombiana con relación al personal militar y de policía, ni establece una clasificación de las conductas punibles cuya investigación, juicio y sanción quedan explícitamente vedadas a la jurisdicción penal militar como lo hace la norma señalada sino que son de resorte automático de la jurisdicción ordinaria.

Es tan garantista del respeto a los DD.HH y al D.I.H. la norma constitucional que el Acto Legislativo 2 de 2012 estatuyó de manera indiscutible el que al momento de entrada en vigencia, los procesos penales que se adelantaban contra los miembros de la Fuerza Pública por los delitos que no tengan relación con el servicio o por los delitos expresamente excluidos del conocimiento de la Justicia Penal Militar de acuerdo a los incisos 1o y 2o del artículo 3o del mismo y que se encuentran en la justicia ordinaria, continuarán en esta.

Es indudable que la desinformación tejida en torno al fuero militar y la justicia penal militar hace que personajes como la señora Navanethem Pillay desconozcan que han sido precisamente los militares y policías las víctimas de la inaplicación de los derechos y garantías fundamentales en torno a los procesos penales que en su contra se adelantan.

Nada se dice por ejemplo del fallo del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2009 que dejo sin piso el malhadado acuerdo institucional del Ministerio de Defensa y la Fiscalía que otorgó a esta última la potestad de decidir la jurisdicción de la investigación y juzgamiento de presuntas conductas punibles cometidas por soldados y policías. En su momento el tribunal judicial señaló que dicho acuerdo viola de manera flagrante los artículos 29, 221, 250 y 256 numeral 6 de la Constitución Política de Colombia, así como la Ley 270 de 1996, en tanto desconoce los principios del debido proceso, la defensa, el juez natural, además de trasladar funciones propias del Consejo Superior de la Judicatura al CTI y demás funcionarios de la Fiscalía General y de la justicia ordinaria, en cuanto a la definición de los conflictos de competencia.

Así las cosas son los militares y policías quienes no cuentan con las debidas garantías en tanto pese a lo definido por el Consejo de Estado, el acuerdo interinstitucional inconstitucional se sigue aplicando y precisamente quienes abogan por derogar la justicia penal militar quieren legitimarlo para convertir la justicia en un arma de vindicta contra quienes han derrotado las organizaciones armadas ilegales en el campo de batalla, razón por la cual son precisamente las Farc las que en La Habana exigen, con los mismos argumentos utilizados por la  Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. derogar cualquier garantía otorgada a los miembros de la institución militar.

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1 comentario

Publicado por en mayo 3, 2013 en Opinión Pública

 

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Una respuesta a “EFECTOS DE LA DESINFORMACIÓN

  1. Luis Jorge Pulido

    mayo 7, 2013 at 1:18 am

    En que desafortunado momento la ONU escogio a Colombia como conejillo de indias para poner en practica sus doctrinas mamertoizquierdosas que no ha sido capaz de abordar en paises que son santuarios de violacion de los derechos humanos como muchos de oriente medio y Africa y para no ir tan lejos Cuba y Venezuela??. Sera que en Venezuela, por ejemplo, las ocasiones que han tratado de intervenir ante hechos evidentes, Chavez la ultima vez los saco con una patada en el culo? y si no preguntenle a Vivanco. En Locombia NO!!! porque los Perez SOMOS ASI!!!

     

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