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LOS ACUERDOS DE LA HABANA

27 May

ACUERDOSEl gobierno colombiano y las narcoguerrillas Farc anunciaron en La Habana los primeros acuerdos en el tema agrario, alcanzados como resultado de las negociaciones que hace seis meses se desarrollan en la capital cubana.

Los equipos negociadores anunciaron este fin de semana que los acuerdos logrados por las partes están agrupados en seis puntos y se recogen en el comunicado conjunto número 16 titulado Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral, leído ante la prensa por representantes de Cuba y Noruega, países garantes en el proceso de paz.

Según los voceros oficiales de gobierno y narcoguerrilla  los acuerdos se centran de manera general en la gente, en el pequeño productor, en garantizar acceso y distribución de tierras, en la lucha contra la pobreza y la reactivación de la economía en el campo.

El primer punto del programa conciliado se refiere en específico al acceso y uso de la tierra, lo que incluye los terrenos improductivos, la formalización de la propiedad, la frontera agrícola y la protección de las zonas de reserva.

En segundo lugar se formulan programas de desarrollo con enfoque territorial y luego se aborda la cuestión de la infraestructura y la adecuación de tierras, expresó la agencia de noticias.

El cuarto punto es el de desarrollo social, con énfasis en la educación, la salud, la vivienda y la erradicación de la pobreza, mientras el quinto comprende el estímulo a la producción agropecuaria con la facilitación de asistencia técnica, subsidios y créditos. Por último, los acuerdos incluyen las políticas alimentarias y nutricionales.

Además de los temas del acuerdo, las partes anunciaron que el gobierno nacional formalizará progresivamente los predios que ocupen o posean campesinos colombianos, y se crearán además mecanismos para solucionar posibles conflictos de su uso.

Sin embargo los anunciados acuerdos no son integrales. El vocero de las narcoguerrillas, alias Iván Márquez, señaló que “Hemos avanzado en la construcción de un acuerdo, con salvedades puntuales, que necesariamente tendrán que ser retomadas antes de la concreción de un acuerdo final”, el vocero gubernamental Humberto de La Calle aceptó lo afirmado por Márquez.

Los puntos sobre los que no hay acuerdo conforman el verdadero fondo de la discusión del asunto agrario y tienen que ver con el tratamiento de los grandes latifundios, la cantidad de zonas de reserva campesina y los controles de la explotación minera y la inversión extranjera; aspectos que conforman la propuesta socializante de las Farc con respecto a la propiedad privada, las zonas de autonomía política y administrativa para ejercer control territorial, la minería, los TLC y otros acuerdos comerciales especialmente con los EE.UU y la Unión Europea.

Los acuerdos y salvedades en este tema agrario se enmarcan en la premisa anunciada desde el comienzo de los diálogos, esto es que mientras no hay un acuerdo definitivo y aprobado por los ciudadanos mediante alguno de los mecanismos de consulta instituidos en la Constitución Política (referéndum, constituyente), “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

De tal manera que lo anunciado aparece más como una jugada política para acallar las voces críticas y el escepticismo frente al proceso, que vinculado a la posible reelección del presidente está siendo politizado; los ritmos de negociación indican que será imposible llegar a un acuerdo final antes de finalizar este año y por ende el proceso hace parte desde ya de la agenda electoral que debe cumplirse el próximo año.

De hecho algunos apartes anunciados como novedad en los acuerdos anunciados, la propiedad de la tierra teniendo en cuenta el bien común, ya existen en la Constitución de 1991; en efecto, el art. 58 de la Carta señala que la propiedad privada, garantizada por el Estado, está condicionada al interés social y que cuando surja conflicto entre los intereses privados y el interés público o social esté prevalecerá sobre el primero.

El desarrollo jurisprudencial ha señalado en pluralidad de ocasiones que el derecho de propiedad lícitamente adquirido está sujeto a restricciones, limitaciones, cargas y obligaciones derivadas de su función social, por lo que el derecho a la propiedad privada no es considerado como fundamental o inherente a la persona humana en nuestro derecho constitucional o normativo.

Sin conocer los detalles de los acuerdos es difícil hacer un análisis equilibrado y se corre el riesgo de caer en la especulación, pero no por ello no puede dejar de señalarse que esos anuncios realmente no contienen novedad o que esos temas puedan ser justificadores de la persistencia en la acción terrorista como presunta forma de protesta social por algún desequilibrio estructural del Estado.

Efectivamente, el anuncio sobre la creación de mecanismos para solucionar conflictos de uso y una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad con prevalencia del bien común no implica ningún cambio real en la jurisdicción o estructura legal existente, se estaría llegando a un acuerdo sobre mecanismos que ya se están aplicando y que son del resorte de la jurisdicción agraria y de los jueces de restitución de tierras contemplados en la Ley de Víctimas. La cuestión agraria ha sido objeto de regulación legal desde la expedición de la Ley 135 de 1961, cuya finalidad filosófica ha sido mantenida en las normas posteriores.

Nótese como el art. 56 de la Ley 135/61 contempla desde entonces cuáles tierras se tendrán como adecuadamente explotadas y el art. 58 señalan que aquellas que no lo son podrán ser expropiadas. Entonces lo que ha fallado no es el Estado en la expedición de normas que resuelven el problema agrario, las falencias están en la ineficacia e ineficiencia de un poder judicial burocratizado y politizado, no en las normas sustantivas o procesales, y sería allí donde debería realizarse una reforma a fondo para hacer realidad el derecho de los ciudadanos para acceder a una pronta y cumplida justicia.

Lo que si queda claro es que en el tema agrario las Farc no tienen justificación para explicar 22 años de depredación desde la expedición de la Constitución del 91, no es de recibo decir como cínicamente lo hacen que ellos no estuvieron en la constituyente de entonces porque para esa época el Estado le dio todas las garantías a quienes por fuera de la ley planteaban reformas sociales, económicas y políticas como lo prueba la participación de los desmovilizados del M-19, EPL, parte del ELN y otras organizaciones terroristas que comprendieron que una verdadera revolución se hacen con las reglas de la democracia y no con el uso de las armas.

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4 comentarios

Publicado por en mayo 27, 2013 en Opinión Pública

 

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4 Respuestas a “LOS ACUERDOS DE LA HABANA

  1. Juan Herrera G.

    mayo 28, 2013 at 2:52 am

    La incapacidad del Presidente frente a los cuestionamientos de todo orden que se le han planteado, no justifica hablar de llegar a acuerdos con las Farc, se demuestra que se ha legislado y todo parece estar normatizado, pero el centralismo y los políticos que asisten al Congreso, no tienen idea de lo que pueden hace con la legislación existente, menos aún, Santinflas que quiere convertirse en el Nóbel reelegido. Debería darle pena entregar el país a bandidos y dejarse mangonear de esa tropa de rufianes. Humberto de la Calle, es un miserable títere de Santos.

     
  2. Nestor Arboleda

    mayo 28, 2013 at 1:22 pm

    Este gobierno del tal Santos, da mas risa que tener un presidente con mequetrefes como el tal H de la Calle…que es lo que tratan de hacer con asesinos y delincuentes, narcotraficantes de esa indole como son los de la FARC? que ironia y desfallatez de tener estos individuos tratando de arreglar el pais, lo que hacen es ser monigotes de los que creen saber mas y destruir la constitucion de un pais, catalogado como ellos quieren de narotraficantes y expendedores de drogas ilicitas…Santos que no se crea que no es verdad!…mas que nadie lo sabe y sus secuaces, como los del congreso, senadores y mas aun imperdonable lo del Fiscal que esta de acuerdo en algo parecido de que se les excluya de la lesa humanidad a semejante grupo de asesinos, con sobrenombres, (que no son mas que NARCO_GUERRILLEROS ASESINOS), para que se atrevan a exigir lo que no deben de tener en un pais como Colombia. Que es lo que han aportado al pais, para venir a exigir? Que deben de hacer es no aceptar absolutamente nada, pues es un escrito de Ivan Marquez, para reirse, del mundo y del pais, para salirsen con las suyas. Que estudio de gobierno tiene ese asesino? quien es, antes de entrar o ser participe de la guerrilla?, quien es? que calidad humana tiene? Porque no se les pregunta, a parte de estar custodiados por Cuba, porque no hablan en mesa rfedonda en Colombia? Es de entenderse que tienen miedo…saben lo que les puede pasar!

     
  3. Maximus Quintilianus

    agosto 24, 2013 at 1:58 am

    Dialogar con terroristas no es un camino válido, es insultar al pueblo colombiano. ¿Acaso tantos años de atrocidades no son suficientes para descalificarlos como proponentes políticos e interlocutores asertivos?

    Para mí Santos la perdió por completo con esa iniciativa. Mientras tanto, el amiguis Madurito le incendia el Catatumbo, doña Piedad organiza los paros, el otro amiguis Danielito Ortega hipoteca el mar colombiano y el Correita, ahora vitalicio, se mantiene como consultor de nuestra gloriosa izquierda colombiana.

    Comunismo = utopía demostrada en fracaso.
    Comunista = persona de un intelecto tal que, aún cuando se ha demostrado el fracaso, persiste en defender la utopía. Y lo peor: USANDO CUALQUIER MEDIO POSIBLE.

     
  4. myriam romero sosa

    noviembre 18, 2015 at 7:46 pm

    por que no qntregan los secuestrados que estan vivos y luego los muertos

     

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