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UNA FISCALÍA MEDIÁTICA

29 May

UNA FISCALÍA MEDIÁTICALa propuesta de eliminar la participación del Ministerio Público en los procesos penales arguyendo que no es parte del proceso sino un elemento ajeno a él, presentada ayer por el Fiscal Montealegre es otro eslabón más en la cadena de promoción mediática del órgano investigador y de su representante.

La presencia del Ministerio Público en los procesos penales tiene origen constitucional, como la de la Defensoría del Pueblo, y los arts. 118 y 277 de la Carta establece plenamente las razones para ello: Servir de garantía ante las autoridades jurisdiccionales de la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.

La intervención del Procurador o sus Delegados, como de los Personeros, en los procesos penales se encuentra reglada por la Ley 136 de 1994, el art. 109 de la Ley 906 de 2004,  el Decreto 262 de 2000, la Resolución No. 17 del 4 de marzo de 2000 y en cuanto hace al llamado Sistema Penal Acusatorio, fue contemplada en el Acto Legislativo No. 003 de 2002; de tal manera que oír en boca del Fiscal General de la Nación que la Procuraduría es un elemento extraño al proceso penal no deja de ser un sin sentido que solo puede tener arraigo en oscuros y mezquinos intereses de figuración mediática.

El debate propuesto por el Fiscal Montealegre ya fue superado con ocasión del Acto Legislativo No. 003 de 2002, entonces el debate legislativo fue claro en concluir que el Ministerio Público no era parte ni interviniente en el proceso penal sino un “organismo propio” dentro del mismo. Solo la Fiscalía y la defensa son partes. No es interviniente, dado que no persigue la definición de un interés particular. Su intervención es contingente o eventual, no obligatoria (LÓPEZ CARRASCAL, 2012).

Para la Jurisprudencia constitucional es un “interviniente principal”. Pero dentro de esa labor misional debe vigilar la actividad de la Policía Judicial. Una acotación que se hace es que el descubrimiento probatorio se debe hacer desde el mismo momento de la comisión del delito y se le debe permitir el acceso al Ministerio Público y a la defensa, para que no se rompa el equilibrio de las partes y la igualdad de armas.  No le está permitido al Ministerio Público ejercer funciones acusadoras, que es función de la Fiscalía. Y en especial, debe ser garante del principio constitucional de la presunción de inocencia. Lo importante es acotar el Ministerio Público es esencialmente vigilante del proceso, como garante del debido proceso y de los derechos de garantías fundamentales (LÓPEZ CARRASCAL, 2012).

No existiendo entonces razones jurídicas válidas para el debate introducido por el Fiscal Montealegre, es evidente que de lo que se trata es de una oportunista intención de cobrar revancha contra la Procuraduría por la vertical defensa del derecho de la vida al oponerse al aborto, o de la familia al oponerse al mal llamado matrimonio igualitario y recientemente de la defensa del orden constitucional y legal en materia penal al negarse a aceptar pasivamente que dentro del marco jurídico para la paz se contemple una especie de impunidad tácita para los terroristas en relación con los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en 50 años de depredación irracional contra la sociedad colombiana.

El Fiscal y ciertos funcionarios de ese órgano investigador han querido convertir a la Fiscalía en una especia de Tribunal de la Santa Inquisición en el cual lo único válido jurídicamente son sus actuaciones, llegando a recusar o pedir investigaciones contra jueces que se han opuesto a la manipulación del debido proceso, a la intervención de falsos testigos y a la violación descarada de los principios procesales por parte de los fiscales, sobre todo cuando se trata de judicializar a militares y policías acudiendo a la maniquea figura de la duda sobre el acto de servicio.

El Fiscal Montealegre no ha ocultado su disgusto por la actuación de la Procuraduría en casos como los del Palacio de Justicia, la ahora inexistente masacre de Mapiripán y otros procesos relacionados con los mal llamados “falsos positivos”, donde ha sido evidente que las acusaciones contra el personal militar obedecen a poco transparentes y dudosos acuerdos de los fiscales con los delincuentes o con siniestros personajes cuyos testimonios son utilizados como pruebas de cargo para privar de la libertad a soldados y policías.

La orientación ideológica de las actuaciones de la Fiscalía son más que evidentes. Mientras pretenden apropiarse de las funciones de la Justicia Penal Militar y someter a los militares detenidos o condenados a la humillante condición de reos en cárceles comunes, sin ningún pudor salen en defensa de los narcoterroristas señalando que ni uno solo de ellos ha sido condenado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra para justificar la laxitud de las penas a imponer si se llegare a un eventual acuerdo de paz con las narcoguerrillas de las Farc y Eln, validando la tesis de esas organizaciones armadas ilegales en el sentido de que ellas no han causado víctimas sino que son víctimas del Estado.

Mientras la Fiscalía no sea garantía en los procesos penales la presencia de la Procuraduría debe ser defendida por los ciudadanos, su ausencia significaría quedar inermes ante cualquier acusación o privación de la libertad porque como señalan cínicamente los mismos funcionarios judiciales y de la fiscalía, aquí no se le niega a nadie una resolución de acusación o una boleta de captura.

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1 comentario

Publicado por en mayo 29, 2013 en Opinión Pública

 

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Una respuesta a “UNA FISCALÍA MEDIÁTICA

  1. Juan Herrera G.

    mayo 30, 2013 at 3:32 am

    Llegamos al temido final de la democracia colombiana, apareció el bandido escondido, Santos lo sacó de su manga de ladrón y lo tiró al ruedo para que le sirva de escudero a sus fantochadas y declare la impunidad de los criminales más sangrientos de la historia nacional. Los argumentos que esgrime esa lavada cabeza están rebatidos hace años, pero el tipejo este, con ínfulas de magistrado, ataca la institucionalidad desde adentro, es uno de los infiltrados que la guerrilla reclutó hace años y aparece ahora cuando Santinflas, lo coloca en el puesto donde deben estar los defensores a ultranza de la nacionalidad y las leyes penales que tienen doscientos años de tradición, pero este sinvergüenza, quiere acabar, para darle paso a los asesinos de las Farc, con nuestro sistema penal. Llegamos al triste final de nuestra patria que se la tomaron los leguleyos que como montealegre, pululan dañando lo poco bueno que tenemos. Calla este siniestro personaje los genocidios y muertes anunciadas que los ahora negociadores vienen ordenando desde hace muchos años. Por fin llegó el que va a justificar la podredumbre de las Farc y de paso, la de los encarcelados por homicidios como los perpetrados en el Caquetá. Este títere de pacotilla, lo trajeron para acabar con lo poco que nos queda de dignidad.

     

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