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ECOS DE UNA CONDENA

07 Jun

ECOS DE UNA CONDENALo fallado por la Sección Tercera del Consejo de Estado era esperable en aplicación del deber de reparación que tiene el Estado colombiano frente a acciones u omisiones de sus agentes en el cumplimiento de su deber de garante frente a la sociedad y es un hecho que la decisión política tomada por el gobierno de Andrés Pastrana Arango de despejar 42.000 km2 para adelantar diálogos y negociaciones con las Farc, implicó una renuncia del Estado a esa posición de garante frente a los habitantes de la zona despejada al quedar sin la debida protección de las autoridades legítimamente constituidas.

Ahora, lo que no se comparte es que la condena haya recaído sobre el Ejército Nacional, en tanto no fue el Ejército el que tomó la decisión administrativa y política de realizar el despeje, fue la Presidencia de la República con el aval del Congreso y el Poder Judicial, el Ejército objetó el despeje y debe recordarse que entonces los medios hablaron de “ruido de sables” para referirse a las respetuosas observaciones hechas por los Comandantes militares en cabeza del señor General (r) y hoy miembro del equipo negociador en La Habana Jorge Enrique Mora Rangel, incluso se llegó a pedir que toda la cúpula castrense fuese removida por negarse a acatar las órdenes de la autoridad política.

Posteriormente el ex presidente Pastrana Arango elude la responsabilidad política que le corresponde a su gobierno por la decisión de despejar esa zona y ante los reclamos de los pobladores por los excesos cometidos por las Farc en los casi 4 años en que ejercieron una especie de poder absoluto, responde que la culpa fue del Ejército por no haber cumplido sus órdenes. En entrevista con la periodista María Isabel Rueda dice: “¿Si las Farc delinquían en la zona de distensión, de quién era la culpa? Del Gobierno por confiar en el Comandante del Ejército, que tenía la obligación y la orden de sitiar la Zona de Distensión. ¿Y quién era su comandante? El general Mora Rangel, quien está sentado hoy en Cuba. La orden por escrito que le di a él fue: nadie entra y nadie sale. Si hubo actos ilegales en la zona de distensión fue porque el Comandante del Ejército incumplió esa orden que yo le di” (RUEDA, 2012)

Nada más alejado de la realidad, debe recordarse que el Ejército Nacional por orden presidencial no podía hacer presencia dentro de la llamada zona de despeje, incluso el proceso iniciado por el gobierno estuvo a punto de romperse por la negativa de retirar una unidad militar y fue el Presidente quien dio la orden de hacerlo, limitándose la institución castrense a cumplir esa orden en acatamiento a su deber de subordinación al poder civil; los hechos que dan lugar al fallo del Consejo de Estado precisamente condenan al Estado porque este al tomar la decisión política dejo a merced de los delincuentes a los pobladores y los ejecutores de los delitos estaban dentro de la zona concedida por el gobierno, no por bandidos que entraban o salían a su albedrío de allí.

De tal manera que condenar al Ejército Nacional al pago de la indemnización señalada por el Consejo de Estado, además del señalamiento de culpa por omisión, representa una injusticia que desdice el alcance del fallo mismo, en tanto se traslada una responsabilidad objetiva a la institución por decisiones tomadas por los órganos de decisión política.

En pluralidad de sentencias el Consejo de Estado ha señalado que el hecho de que el daño tenga su génesis directa, material y causal en la conducta de un tercero no quiere significar, en principio, que se haya configurado una causa extraña que impida la configuración de la responsabilidad de la administración pública, toda vez que aquél puede devenir imputable a esta última si su comportamiento fue relevante y determinante en el desencadenamiento del mismo, bien porque se contribuyó con una acción en la producción (v.gr. con un aumento del riesgo permitido o un desconocimiento del principio de confianza), o si pudiendo evitarlo se abstuvo de enervar su generación, esto último, siempre y cuando se constate en estos eventos que la entidad demandada se encontraba en posición de garante, es decir, que de conformidad con el ordenamiento jurídico estuviera compelida a evitar el resultado (ESTADO, 1998).

El hecho relevante y determinante de los sucesos que dieron lugar al daño antijurídico está en la responsabilidad de la administración pública de ordenar el retiro de la Fuerza Pública de la zona despejada, contribuyendo con esa decisión política a aumentar el riesgo permitido, absteniéndose con ello a enervar la generación de ese daño, de tal manera que es evidente que la acción sancionatoria debió recaer en otros órganos del poder que contribuyeron con sus decisiones a que no se pudiera evitar el resultado dañoso.

Aquí se evidencia el traslado de una responsabilidad política a una institución que por su misma naturaleza constitucional no toma este tipo de decisiones y por mera conveniencia política exime de responsabilidad a las instancias que si las tomaron y cuya naturaleza legítima no está en duda, pero si resultan exoneradas de las consecuencias de sus decisiones. En últimas, termina siendo la institución militar responsabilizada por acatar las decisiones del poder civil, lo que precisamente lleva a incrementar las dudas y temores frente a eventuales acuerdos de paz donde se repitan esos errores y los que suceden en otras partes del continente con relación a la lucha antiterrorista donde los autores de los hechos criminales no son juzgados sino quienes en cumplimiento de su deber constitucional y legal representaron a la fuerza del Estado para mantener el imperio del orden y la ley.

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2 comentarios

Publicado por en junio 7, 2013 en Opinión Pública

 

2 Respuestas a “ECOS DE UNA CONDENA

  1. Juan Herrera G.

    junio 7, 2013 at 6:46 pm

    Sirve el fallo para que cuando los políticos concedan prebendas a los criminales, se les escuche en principio como asesores de seguridad y en segundo lugar como responsables de la seguridad en zonas que otros funcionarios han decidido quitar. Que se escuche el ruido de sables cuando las decisiones para favorecer a bandidos como son las Farc, se dicten y se ejecuten sin la anuencia de los generales. Es hora de que los señores uniformados indiquen lo que cuesta una decisión de despeje como la del Caguán y la posible de áreas rurales donde los criminales están pidiendo control sin tener en cuenta al Ejército. Ojalá no sea el ejército el chivo expiatorio de las “marranadas” de Pastrana.

     
  2. Juan Herrera G.

    junio 7, 2013 at 6:51 pm

    Debo complementar indicando que la ansiedad de Santos y Montealegre por regalar tierra e impunidad a las Farc, nos pueden llevar a problemas más serios que los derivados del fallo del Consejo de Estado. Se prueba además que los Ministros y asesores de los presidentes son unos palurdos que no ven más allá de sus narices y, por complacer, a su jefe arrodillan hasta su conciencia.

     

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