IGNORANCIA O PERVERSIDAD

Después de las suficientes explicaciones y aclaraciones por parte de los ponentes y de jurisconsultos sobre el alcance del fuero militar, es inconcebible que aún existan manifestaciones como la expresada por la señora representante Ángela María Robledo, quien de manera torticera señala que lo aprobado faculta a los militares a dispararle a cualquier persona que consideren objetivo por considerarlo parte de un grupo armado ilegal.

Nada más ajeno a la realidad y a la lógica, pues las reglas de combate no las establecen solamente las normas relacionadas con el fuero militar, están definidas en las normas consuetudinarias del Derecho Internacional Humanitario DIH, que prohíben expresamente atacar a una persona desarmada y en condición de indefensión aun cuando haga parte de una organización armada ilegal o de un ejército enemigo.

Esas normas del derecho humanitario consagran el principio de distinción, que precisamente establecen la prohibición de usar armas de efecto indiscriminado, prohibición de causar sufrimientos innecesarios a los combatientes y el hecho de que no es ilimitado el derecho de los Estados a elegir medios de hacer la guerra y tiene como objeto la protección de la población civil y los bienes civiles y se hace la distinción entre los combatientes y los no combatientes. Tanto así que el DIH  prohíbe que se lleve a cabo un ataque masivo o con armas de destrucción masiva si se prevé que las víctimas colaterales serán excesivas con respecto al valor del objetivo militar.

La afirmación de la representante Robledo demuestra un profundo desconocimiento de la manera en que deben y pueden adelantarse las operaciones militares de combate; ignora que esas operaciones están limitadas en las reglas de enfrentamiento o ROE (Rules of Engagement), que comprenden las órdenes del mando que determinan cuándo, dónde, contra quién y cómo se usa la fuerza, incluso la letal, durante una operación militar. A su vez, se entiende por operación militar el conjunto de actividades realizadas por unidades, coordinadas en tiempo, espacio y propósito, de acuerdo con lo establecido en una directiva u orden, para el cumplimiento de una misión o cometido.

Las unidades militares en Colombia no van por ahí a la topa tolondra buscando donde trabar combate, las operaciones militares que se adelantan obedecen a toda una planeación previa precisamente para evitar al máximo los daños colaterales que el empleo de las armas puede ocasionar; la doctrina militar de las FF.MM privilegia incluso la vida por sobre cualquier otra consideración, como lo demuestran los resultados operacionales que dan cuenta que en el país es mayor el número de enemigos capturados o desmovilizados que los dados de baja en operaciones. El famoso body count no pasó de ser una especulación no probada de quienes quisieron deslegitimar en su momento la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

Precisamente ese apego al DIH es el que ha permitido que los muy pocos casos de homicidios en persona protegida, mal llamados falsos positivos, puedan ser judicializados porque fueron producto de decisiones personales de algunos miembros de la Fuerza Pública sin soporte legal y no como resultado de una política institucional; esas circunstancias no alcanzan a ser ni siquiera un 1% del universo de resultados operacionales contra las organizaciones armadas ilegales y la delincuencia organizada.

Otra cosa es que las narcoguerrillas y sus apologistas pretendan señalar como “falsos positivos” todo golpe que se propina a sus estructuras criminales; casos probados existen de delincuentes de las Farc que son presentados por organizaciones afines al narcoterrorismo como “defensores de derechos humanos” para exigir protección judicial para ellos y blindarlos así contra cualquier eventual acción de la Fuerza Pública que sería presentada como ilegal.

Lastimosamente son esas organizaciones afines al narcoterrorismo quienes más ruido hacen precisamente para buscar la legitimación de las acciones criminales de las Farc, Eln o las Bacrim, poniéndolas al mismo nivel jurídico o político con las FF.MM, de tal manera que la perversidad de sus crímenes pueda atenuarse e impulsar para ellas la laxitud en el juicio o la impunidad como extorsión a la sociedad para que en un eventual acuerdo de paz los responsables de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra no sean juzgados y condenados conforme a la gravedad de sus conductas.