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EL INFAME CRIMEN DEL SECUESTRO

23 Jun

EL INFAME CRIMEN DEL SECUESTROSon impresionantes las cifras del estudio realizado por la firma Cifras y Conceptos que señalan como en Colombia en los últimos 40 años, durante los cuales también se celebraron diálogos con las narcoguerrillas, se secuestraron a  39.058 personas de todas las condiciones, géneros y estratos sociales  (TIEMPO, 2013); es decir, 976 personas por año, 3 personas por día.

Los mayores secuestradores son las Farc, con un 37 por ciento de responsabilidad en el total de los casos; seguidas por el Eln con un 30 por ciento. Y una cifra que llama la atención es el 20 por ciento de autoría por parte de las redes criminales (Bacrim y organizaciones delincuenciales comunes), mientras sólo un 4 por ciento es atribuible a las desmovilizadas autodefensas ilegales (TIEMPO, 2013).

Pero tal vez el hallazgo más dramático de la investigación de Cifras y Conceptos, que duró cinco años y medio, es que solo existen 3.144 sentencias condenatorias por estos delitos, lo que implica una impunidad del 92 por ciento. La documentación del trabajo además revela que en total han sido capturadas 7.812 personas implicadas en estos plagios y solo 40 de ellas son autores intelectuales (TIEMPO, 2013).

Nada más imaginar que ese 92 por ciento de los secuestros documentados quede en la impunidad deja mucho que desear del papel que el Estado cumple en la defensa y salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, especialmente del respeto a la dignidad humana que constituye uno de los pilares fundamentales del Estado social de derecho y de la Constitución vigente.

Es necesario recordar que en 2010, cuando Colombia y el mundo clamaban a las Farc para que devolviera los restos del señor Mayor Julián Guevara, muerto en cautiverio, la ONU le advertía a las Farc: “Ratificamos que la privación de la libertad sistemática y prolongada de militares y civiles y los tratos inhumanos o degradantes a los que son sometidos, constituyen un crimen de guerra… que podría constituir también un crimen de lesa humanidad según el Derecho Internacional Humanitario” (ESPECTADOR, 2010); el mismo llamado hecho entonces por la ONU cobija los crímenes cometidos por el ELN y las Bacrim, ahora aliadas estratégicas de las narcoguerrillas.

De tal manera que hoy se hace una exigencia de mínima justicia que para proseguir los diálogos en La Habana en un ambiente real y honesto, las Farc, y también el ELN que presiona para ser incluido en las mismas, den cuenta de los colombianos y extranjeros asesinados durante la acción criminal de secuestro o en cautiverio, así como de las 10.466 personas de las que se desconoce su paradero y la suerte que corrieron (TIEMPO, 2013), entre ellos cerca 1.000 soldados y policías. En 2010 la ONU les decía a las Farc: “liberen a todas las personas secuestradas, como un paso indispensable para avanzar hacia condiciones de reconciliación y paz entre todos los colombianos y colombianas” (ESPECTADOR, 2010).

Debe recordarse que el secuestro no sólo contempla las llamadas “retenciones” por razones económicas, políticas o militares, conforme al derecho internacional humanitario también incluye el reclutamiento forzado de menores. En efecto, los deberes impuestos por la Carta Universal de los Derechos Humanos impone a todas las personas en el mundo el respeto a los derechos a la libertad individual, esto es la obligación de abstenerse de esclavizarla, de reducirla a servidumbre, de hacerla objeto de la trata, de imponerle trabajos forzosos o de convertirla en víctima de secuestro, toma de rehenes o desaparición forzada (ONU, 2003).

De tal manera que de persistir el estado de omisión de las autoridades judiciales colombianas (impunidad del 92%), frente al secuestro (Ley 986 de 2005 y Ley 733 de 2002), para investigar y sancionar los secuestros cometidos por las narcoguerrillas y otros perpetradores, no sólo se abre la jurisdicción de la CPI, sino que somete al Estado colombiano, es decir a los contribuyentes que no hacen parte de los grupos armados ilegales, a pagar los crímenes cometidos por los miembros de esos grupos: guerrilleros, narcotraficantes, terroristas y delincuentes comunes, en tanto el deber de garantía de los derechos humanos, como el de protección, también recae de manera exclusiva y privativa en el Estado. Sólo él cuenta con la fuerza legítima y con la competencia necesaria para asegurar a los titulares de esos derechos los mecanismos y las vías mediante los cuales sus bienes jurídicos estén a salvo de abusos, desafueros, atropellos y otras conductas reprochables.

Recuérdese que por concepto de secuestros y con cálculos muy conservadores, las narcoguerrillas obtienen de este crimen el segundo rubro importante de sus ingresos, que se ha incrementado desde 2008, como explica el informe de Cifras y Conceptos, gracias a la alianza con organizaciones criminales internacionales como el Cártel de Sinaloa (Bacrim), y que explica como desde 2008, ha habido un flujo constante de informes que señalan el vínculo entre las FARC y los carteles mexicanos, vinculado al aumento de secuestros y homicidios relacionados con el narcotráfico en el país.

Hay una conexión de vieja data entre el Cartel de Sinaloa y el Frente 48 de las FARC. El Frente 48 mueve grandes cantidades de base de coca y cocaína hacia Ecuador a través del departamento colombiano de Putumayo. También se ha rastreado a las FARC moviendo cargamentos de cocaína hacia Venezuela, a través de los Frentes 33, 16 y 10.

El Frente 57 de las FARC, situado a ambos lados de la frontera de Colombia con Panamá, también mueve cocaína hacia Centroamérica. En noviembre de 2012, la policía panameña se enfrentó con guerrilleros de las FARC en la frontera, matando a uno e incautando varias bolsas de cocaína. A lo largo de la costa del Pacífico, ha habido numerosos reportes de las FARC cargando submarinos o semisumergibles con droga, la mayoría con destino a México y Centroamérica. Estos envíos han sido asociados principalmente con los Frentes 29 y 3027.

Siendo el secuestro, las lesiones personales y el homicido, como la extorsión las principales armas de los narcotraficantes y terroristas, no cabe duda que debe exigírseles a las Farc en La Habana, no sólo el rechazo teórico y verbal que han exhibido siempre, sino la entrega de las redes de que tienen conocimiento de ese maridaje mafioso para recuperar de verdad la esperanza optimismo frente al proceso. No es coincidencia que los picos del secuestro de los últimos años se producen precisamente donde actúan las Farc y sus aliadas Bacrim.

 
1 comentario

Publicado por en junio 23, 2013 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “EL INFAME CRIMEN DEL SECUESTRO

  1. Nestor Arboleda

    junio 24, 2013 at 10:26 pm

    Ya se sabe que esto es una realidad escrita y conocida en el mundo…el tal fiscal Montealegre, debe de someterse a un escrutinio de no saber lo que see debe de hacer contra estos narcoterroristas que se apodan FARC…son asesinos malolientes que no se deben de aceptar en volver a Colombia, por el contrario, que se queden donde estan y no vengan a lloriquiar para continuar con sus fechorias en suelo colombiano.Solo queda que se les de o pague con la misma moneda, para ello tenemos gente muy valiente para defender la patria de unos politiqueros malnacidos y que se creen muy listos apoyando a los asesinos. Solo espero que la verdad se admita como se le dio al mono jojoy, a Raul Reyes y al tal Cano. Por ello estos payasos lloran ante el gobierno colombiano, para que se escondan como gallinas en un corral ajeno. Asdi son los cobardes y malnacidos comunistones. Saben que de seguir en Colombia, ya estarian bajo tierra o desaparecidos de la faz de la tierra.

     

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