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PRESIONES INDEBIDAS

27 Jun

Presiones IndebidasYa la caja de pandora se encuentra abierta y la sociedad y gobierno de Colombia deben afrontar las consecuencias del anhelo de paz que han expresado en la mesa de negociaciones de La Habana, pero que ha sido aprovechado por las Farc para tratar de recuperar no sólo inmediatez política, sino fundamentalmente presencia y control sobre algunas zonas donde habían perdido terreno militar, la zona del Catatumbo por ejemplo.

La protesta social es un derecho inalienable de los pueblos consagrado en el derecho internacional y en nuestra Constitución dentro de los derechos políticos fundamentales, especialmente en los de opinión y de reunión; pero como todos los derechos la protesta no es un derecho absoluto sino que tiene límites en el bien común expresado en la misma Carta. El art. 37 constitucional señala que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, pero ese derecho no puede afectar un bien superior como es la garantía de la vida, la integridad personal, la convivencia y los bienes públicos o de terceros como lo señala el mismo preámbulo normativo y en el principio fundamental al respeto de la dignidad humana consagrado en el art. 1 ibídem.

A estas alturas los desórdenes en el Catatumbo promovidos por las Farc ya han cobrado la vida de 4 colombianos y han dejado más de una cincuentena de heridos, amén de la pérdida de bienes especialmente de campesinos que han visto arder sus humildes viviendas o sus modestos automotores por obra de las bombas incendiarias y explosivos que bajo ninguna lógica pueden hacer parte de la logística de una protesta social.

Nada más los objetivos planteados por quienes aparecen como responsables de la movilización campesina en  el Catatumbo ya parten de una base ilícita: la cesación de la erradicación de los cultivos ilegales de coca y marihuana, que mientras no cambie la normatividad internacional y nacional que los prohíbe, no pueden tener ninguna garantía estatal o social para su desarrollo. En ese sentido, ya la protesta pierde legitimidad y legalidad.

Aquí no pueden plantearse derechos propios de las minorías que deben ser atendidos por la sociedad y el Estado como parte del desarrollo del Estado social de derecho, pues esa minoría no reclama derechos o garantías contempladas en la Carta de la ONU, en convenios internacionales o en la legislación nacional, los usos y costumbres, sino en un hecho calificado expresamente como criminal por la legislación mundial y nacional vigente: el cultivo de plantas que sirven o se procesan para producir narcóticos.

Ha hecho carrera, no sólo en Colombia sino en gran parte del mundo entero, el señalar que la carencia de herramientas políticas o jurídicas de resolución inmediata en manos de los grupos en situación de vulnerabilidad para ser escuchados, estos daban entonces recurrir  a practicas no institucionales, que se manifiestan en movilizaciones de presión social que terminan en generación de violencia y caos, estos reclamos se traducen en lo que se conoce hoy como protesta social.

Ahora bien, en estos casos se trata de una protesta  que es realizada con el fin de reclamar la satisfacción de derechos de índole social, económica o política, razón por la cual se torna un derecho constitucional implícito en nuestra ley suprema como ocurre con diversos grupos laborales, gremiales, académicos, estudiantes, etc., pero nadie puede reconocer con seriedad que una protesta para proteger cultivos ilícitos o los intereses y la acción de organizaciones armadas ilegales y bandas criminales, como está sucediendo en el Catatumbo, quepa dentro de esas definiciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, sobre todo cuando en esas protestas se utiliza el atentado contra la vida y los bienes de los ciudadanos como herramienta de presión.

Hay que estar de acuerdo en que la protesta social como medio de reclamo es el ejercicio de un derecho, el cual se encuentra implícitamente consagrado en nuestra Constitución y como tal, no puede ser criminalizada si atiende a los mismos preceptos normativos y al bien común; pero cuando se recurre a medios criminales para realizarla, ni la sociedad, ni el Estado social de derecho, pueden tolerarla porque ello conduciría inevitablemente a la misma desintegración de esas mismas formas de organización social y humana.

No cabe duda de que detrás de los lamentables hechos de el Catatumbo están los intereses de las Farc en un afán por consolidar su posición negociadora en La Habana, frente a los temas sin resolver del asunto agrario como las llamadas Zonas de Reserva Campesina, a la vez que debilitar la del gobierno, hasta el punto de deslegitimarla mediante la reacción social al deber de controlar por la fuerza los desmanes; ya se anuncian nuevas movilizaciones de sectores campesinos e indígenas  en el suroccidente del país, movilizaciones de estudiantes que buscan una reforma del sistema educativo, de sectores sindicales y otros, en un afán por agitar el tema social a favor de las tesis de las Farc de reformar el Estado mediante una constituyente, tema que se volverá consigna común a cualquier protesta o movilización.

Es un hecho que asumiendo que en un país con altos niveles de desigualdad en la distribución de la renta existe descontento social por parte de aquellos afectados por este diferencial. El resultado es que esta proporción de la sociedad manifestará su descontento incurriendo en acciones negativas (tales como disturbios públicos, protestas, movimientos revolucionarios, manifestaciones políticas, etc.) o en actividades ilegales (tales como crimen o corrupción) que generaran un panorama de inestabilidad e incertidumbre. Esta situación a la vez tendrá un efecto negativo en los niveles de inversión y consecuentemente en los niveles de crecimiento. Visto así, la violencia injustificada en el Catatumbo no favorecerá a nadie.

 
3 comentarios

Publicado por en junio 27, 2013 en Opinión Pública

 

3 Respuestas a “PRESIONES INDEBIDAS

  1. Reinerio Ramírez Pereira

    junio 27, 2013 at 12:48 pm

    interesante

     
  2. Juan Herrera G.

    junio 27, 2013 at 1:04 pm

    Como víctima de su invento podríamos calificar a Santos, por los desmanes de “campesinos”, perdón, guerrillos disfrazados, individuos con raíces criminales enviados por Iván Márquez y Cepeda, para desestabilizar la nación y darle paso a propuestas nada santas de quienes propician la coca y otros cultivos como propios de la región y necesarios para la vida de los pobres cocaleros. Son pocos los campesinos que vemos en los noticieros y alguno que sale en tv tiene cara de traqueto, pero dice con palabras, nada campesinas,que no puede enviar a estudiar a sus hijos; si siembra coca y la vende a los narcos o paga porcentaje a la guerrilla, le sobra para vivir y mantener su familia en Europa. Tenemos muchos pillos mimetizados en todas las regiones gracias a las garantía que el bobito Santos y el tonto Fiscal General, les han otorgado.Solo nos faltan huelgas y paros de los magistrados y congresistas por sus flacas dietas que no les alcanzan ni para la gasolina de cuatro o cinco carros que el gobierno les presta para que hagan lo que les da la gana con ellos.

     
  3. Nestor Arboleda

    julio 1, 2013 at 12:49 pm

    Que se puede esperar de Santos y su compinche del tal fiscal? Que se puede esperar si son complices de los traqueteros? por ello Colombiano, no se deje amedrantar por los pillos, arrebatarles el poder y veremos cuantos quedamos en Colombia. Donde esta la fuerza de nuestros militares? porque se sigue aguantando el derramamiento de sangre? No existe hoy en Colombia otro R. Pinilla? Otro Castaño? los idiotas e ignorantes, no entienden de dialogos…que esperan?

     

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