LOS JUECES DE NUESTROS SOLDADOS Y POLICÍAS

Carlos Gaviria Díaz, camuflado como liberal fue elegido como Magistrado de la Corte Constitucional donde impuso la perversa tesis de que los guerrilleros eran “luchadores altruistas” y quienes los combatieran “delincuentes comunes”, que favoreció después decisiones judiciales que eliminaban pruebas de la farcpolítica y dejaban en la impunidad el horroroso aparato de cooptación del poder judicial y otras áreas estratégicas del poder público.

Debe recordarse que Gaviria Díaz luego sería Senador del Polo Democrático Alternativo, influido por el Partido Comunista Colombiano que en los años 50 impuso la tesis de la combinación de las formas de lucha (política y militar), para la toma del poder, siendo posteriormente candidato presidencial de esa misma organización política.

Pero no fue el único magistrado de las altas cortes que terminó siendo representante político de una izquierda que no se desvinculó del todo con las narcoguerrillas, junto a Gaviria Díaz participaron por la misma agrupación política Alejandro Martínez, elegido concejal de Bogotá, y otros que dieron el paso de los despachos judiciales a curules municipales y departamentales en diversas zonas del país.

Entre ellos se encuentra Alberto Poveda Perdomo que hizo el tránsito contrario, de politiquero regional en el Huila a Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. En efecto, Poveda Perdomo participó en el año de 2002, cuando no era aún magistrado, en las elecciones a la Cámara de Representantes por el Departamento del Huila, y lo hizo dentro de una coalición dirigida por el partido extremista Polo Democrático Alternativo, dentro del cual, a su vez, interviene activamente el Partido Comunista de Colombia. Alberto Poveda Perdomo no fue elegido pues sólo obtuvo 2 264 votos, es decir el 0, 93% del total de votos.

El compromiso ideológico de Poveda Perdomo lo llevó a imponer su nombramiento como parte del equipo jurídico encargado de  las deliberaciones destinadas a resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor del Coronel (r) Alfonso Plazas Vega contra la decisión de la juez de primera instancia María Stella Jara Gutiérrez; incurriendo cuando menos en una inhabilidad dada la animadversión de la organización política a la que pertenece contra la institución castrense, lo que sin duda nublaba su juicio e implicaba falta de garantías para el procesado.

Como bien señala Eduardo Mackenzie (MACKENZIE, 2013), el magistrado Alberto Poveda Perdomo ha debido informar a sus superiores acerca de su pasado político tan particular y ha debido declararse impedido para participar en esa deliberación por la buena razón de que el movimiento político al cual él pertenece o perteneció es uno de los principales impulsores del proceso del Coronel Plazas Vega. Desde agosto de 1989, el Partido Comunista, a través de su órgano Voz Proletaria, hoy simplemente Voz, comenzó una campaña pública de calumnias y falsedades contra el Coronel Plazas Vega, contando con el soporte de organizaciones no gubernamentales como el MOVICE y el Colectivo Alvear Restrepo provenientes de la misma raíz política.

Como el magistrado Alberto Poveda Perdomo no se declaró impedido,  y aceptó, por el contrario, hacer parte del grupo de tres magistrados nombrados para resolver precisamente el recurso de apelación (Hermens Darío Lara Acuña, Fernando Pareja Reinemer y Alberto Poveda Perdomo),  el violó normas y principios importantes del derecho penal destinados a proteger la honestidad y equilibrio de los fallos judiciales. Así, el magistrado Alberto Poveda Perdomo asumió el papel de juez y parte en ese proceso, cosa totalmente prohibida por los principios del Derecho y que viola, además, las reglas de funcionamiento del debate político en una democracia (MACKENZIE, 2013).

Debe recordarse que el magistrado Hermens Darío Lara Acuña, quien estudió el expediente  de 42.465 folios durante 16 meses, estimó en su ponencia que el Coronel Alfonso Plazas Vega debía ser absuelto de cargos pues en el expediente no había ni sombra de una prueba que pudiera respaldar la condena de primera instancia.  Empero, los magistrados Alberto Poveda Perdomo y Fernando Pareja Reinemer, amigo entrañable de Poveda Perdomo, rechazaron ese análisis y la ponencia del magistrado Lara e impusieron, por una mayoría mecánica, no por el peso de su argumentación, un punto de vista contrario: ratificar la condena.

Este es el caso más ejemplarizante del papel del PC3 de las Farc en las entrañas del poder judicial, pero no el único. Nuestros soldados y policías son víctimas de una justicia manipulada y organizada a través de la célula Jaime Pardo Leal, el ex candidato presidencial de la UP caído en la guerra entre las Farc y el narcotráfico en los años 80, fundador de ASONAL JUDICIAL cuyo busto se erige en el complejo judicial de Paloquemao y cuyo nombre las Farc ondean como bandera en uno de sus sanguinarias estructuras criminales.

¿Qué garantías constitucionales y judiciales pueden esperar nuestros soldados y policías frente a jueces y fiscales de esa cuerda ideológica? Ninguna y de ahí el intento de ilegitimar la reciente reglamentación del fuero militar y la justicia penal militar o de las actuaciones del Fiscal General Eduardo Montealegre para reclamar un poder preferente frente a los procesos surgidos del combate a los grupos armados ilegales y las bandas criminales, gestionando para sí facultades ahora en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura para dirimir conflictos de competencia y que pasarían al nuevo organismo que como garantía crea la norma.

Hay que ver nada más lo que viene sucediendo con algunos procesos que se sustraen del juez natural, la justicia penal militar, porque al juez civil que lo conoce le molestó que el juez militar no le enviara todo el expediente sino que hiciera uso de la reserva que legalmente le acompañaba; por decisión del organismo superior no sólo se afectaron los derechos fundamentales del policial implicado en la investigación penal, sino que el juez militar terminó arbitrariamente sancionado.

Así hay centenares de casos donde la arbitrariedad promovida por el MOVICE, el Colectivo Alvear Restrepo al manipular jueces y fiscales de la célula Jaime Pardo Leal, terminan privando injustificadamente a soldados y policías o conduciendo juicios amarrados como los del señor Coronel (r) Plazas Vega, mientras los autores de la violencia irracional disfrutan de las mieles del poder o se sientan en una mesa a exigir que les construyan el Estado que ellos soñaron a pesar del fracaso mundial de ese modelo.