EL OPORTUNISMO PROGRESISTA Y LAS ZRC

Ya se había advertido sobre los compromisos adquiridos recientemente por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con el PC3 y la Marcha Patriótica en el Sumapaz, compromisos que ahora cobran vida en la propuesta oficial del burgomaestre sobre la creación de una zona de reserva campesina ZRC en esa región del Distrito a cambio del apoyo político frente al proceso revocatorio que buena parte de la ciudadanía capitalina promueve.

El afán populista y demagógico de Petro llevó incluso a que su secretario de gobierno, otrora investigado por nexos con las Farc, Guillermo Alfonso Jaramillo, llamara al desconocimiento del ordenamiento constitucional y legal afirmando que la administración distrital no requería de permisos del gobierno nacional para crear esa figura, que si bien tiene un fundamento legal en la Ley 160 de 1994 y el Decreto 177 de 1996, hoy constituyen un mecanismo de presión social para crear espacios de dominio político exclusivo de las Farc y sus aliados o voceros políticos.

Actualmente existen seis zonas de reserva campesina jurídicamente constituidas: la del Valle del Río Cimitarra, Antioquia; Calamar, Guaviare; Pato-Guayabero, Huila; Cabrera, Cundinamarca; Arenal y Morales, Bolívar y Puerto Asís, Putumayo; en ellas, como dice la misma narcoguerrilla, a través de su vocero Cesar Jerez, en sus páginas electrónicas, existe presencia de las Farc y el Eln a través de las milicias que ejercen una fuerte influencia política y organizativa (PRENSA RURAL, 2013).

En la mesa de diálogos de La Habana, las Farc dentro del capítulo agrario, exigen la creación de ZRC en 9,5 millones de hectáreas en todo el país, para presionar esa exigencia han puesto en marcha todo un programa de conflictos sociales a través de sus milicias y organismos políticos de bolsillo, recurriendo a métodos violentos como se observa en El Catatumbo y que aspiran a replicar en corto plazo de Arauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Cundinamarca y ahora Bogotá con la complicidad oportunista de Gustavo Petro.

Como bien señalan expertos en el conflicto colombiano, las Farc no se andan por las ramas. Además de lasZRC, exigen la creación de unas Zonas de Producción Campesina de Alimentos de siete millones de hectáreas, a las que hay que agregar los cerca de 30 millones de hectáreas de los resguardos indígenas y los cuatro millones de hectáreas de los territorios de afrodescendientes, con lo cual tenemos alrededor de 50 millones de hectáreas que harían parte de jurisdicciones especiales, cerca del 40 por ciento del territorio nacional. Para esas jurisdicciones las FARC reclaman autonomía política, económica y administrativa, lo cual significa, ni más ni menos, que el poder central del Estado no tendría soberanía sobre cerca de la mitad de su territorio y que quedaríamos ad portas de la desintegración nacional. No es poquita cosa lo que está reclamando la soberbia cínica de las FARC para firmar un acuerdo de paz, proceso que el Gobierno dice que va muy bien y que se firmará dentro de unos pocos meses (RANGEL, 2013).

Es un hecho que para las FARC la eventual firma de un acuerdo de paz no significa la entrega de las armas –a lo que se niegan absolutamente–, ni su dejación automática. Para la guerrilla a partir del acuerdo se abriría un período de muchos años de duración durante el cual el Gobierno cumpliría los compromisos pactados y ejecutaría íntegramente todos y cada uno de los acuerdos. Las FARC mantendrían en su poder las armas, sin dejar de usarlas, y se replegarían para asentarse precisamente a esas jurisdicciones especiales. Allí compartirían el monopolio de las armas con el Estado y se establecería una especie de poder dual o cogobierno entre el gobierno nacional y la guerrilla (RANGEL, Et. Al.), de donde puede colegirse que una ZRC en el Sumapaz constituye, para las Farc, recuperar un enclave estratégico para sitiar la capital.

Ese es el peligro al que precisamente Petro quiere exponer a Bogotá sin otra razón que la de favorecer únicamente sus particulares intereses políticos frente a la inminente revocatoria ciudadana o una sanción legítima de la Procuraduría por su desacertada e irresponsable administración que le ha causado graves pérdidas patrimoniales al Distrito.

La afinidad de la administración distrital con las Farc queda en evidencia con la afirmación del secretario de gobierno, quien recoge la propuesta narcoguerrillera de La Habana y propone para el Sumapaz la ZRC.Jaramillo dijo que “estamos totalmente identificados para que se convierta esta zona en una reserva campesina como los campesinos lo solicitan. Es necesario para el progreso, desarrollo, independencia, autonomía y democracia de estos territorios”, con lo que anticipa que dicha ZRC sería una circunscripción electoral especial que elegiría Senadores y Representantes sin voto popular, sino designados por quien tenga el control político de la Zona, como lo indican las Farc en La Habana, control al que evidentemente aspiran a compartir los Progresistas de Petro.