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AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ

26 Jul

AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE MARCO JURÍDICO PARA LA PAZEn un ejercicio inédito y plausible la Corte Constitucional adelantó una audiencia pública, con transmisión nacional, que sirvió para la exposición de las tesis a favor o en contra del acto de reforma constitucional que establece el llamado “marco jurídico para la paz”, aprobado por el Congreso de la República en junio de 2012 que contempla la aplicación de un modelo de justicia transicional para resolver la situación jurídica de quienes han sido parte del largo conflicto armado interno.

El debate es álgido en tanto convoca también la definición legal de los derechos de las víctimas en este conflicto, no sólo a conocer la verdad sobre los hechos criminales acaecidos o a la reparación económica que el daño infringido amerita, sino al acceso a la justicia, a la investigación, judicialización y sanción de los autores materiales y de los determinadores de dichos crímenes.

El centro del debate gira en torno a la facultad prevista para el Congreso de definir qué casos, incluidos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad,  pueden ser objeto de cesación de procedimientos penales o de suspensión de las penas aplicables a los autores de los mismos. Ese es el argumento que asiste a los demandantes del acto legislativo al señalar que la Constitución Política de Colombia (el elemento constitucional fundante), establece que las autoridades están en el deber de proteger y garantizar los derechos de todas las personas residentes en Colombia, el artículo transitorio incluido en el marco jurídico para la paz, prevé que las autoridades pueden en aras, supuestamente, de la paz; no respetar y garantizar los derechos de todas las personas y por lo tanto dejar de investigar y juzgar graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

El demandante afirmó que la justicia transicional no puede ser sinónimo de impunidad, en relación con graves crímenes. En criterio de este abogado con el Marco para la Paz en vez de procurar el máximo de justicia, se permite reducir ese deber, so pretexto, de lograr la paz. La Justicia y la Paz no son dos derechos contrapuestos sino complementarios, aunque por supuesto hay que buscar la forma de armonizarlos. La mejor manera de hacerlo es dándole al derecho a la justicia su verdadera dimensión y no menospreciándolo

La posición minimalista de quienes atacan la razón de la demanda, trata de fundamentar la exequibilidad del acto legislativo en tres razones, que rayan en el sofisma: Quienes se acojan al proceso de paz que se negocia en La Habana no van a entregar sus armas para purgar penas privativas de la libertad, el Estado no tiene los recursos para investigar, judicializar y sancionar a los autores de los delitos cometidos en más de 50 años de conflicto y, el más grave de ellos, la justicia no puede ser un obstáculo para la paz.

Y es precisamente en una interpretación exegética del mandato constitucional sobre la paz como razón suprema de la existencia del Estado social de derecho, que los defensores del acto legislativo centran su ofensiva en la peligrosa afirmación de que la justicia no puede ser un obstáculo para la paz, lo que sin lugar a dudas conlleva a la afirmación de que es válido negociar una paz a cualquier precio en el largo conflicto armado interno y de cara a la monstruosa cifra de víctimas que el mismo ha producido y que fueran cuantificadas en los resultados del estudio de la Centro Nacional de Memoria Histórica, sacrificando así el derecho de las 220 mil víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Al debate han concurrido diversas vertientes del pensamiento político, lo que es demostración de la vigencia de nuestra democracia, pero cobran peso algunas intervenciones que recurriendo incluso al “derecho divino” justifican los resultados del acto legislativo señalando que son un imperativo para proteger el derecho a la vida amenazado por la acción de los grupos narcoguerrilleros y las Bacrim, hay que hacer el mayor esfuerzo para que en virtud del principio cristiano del perdón no nos sigan asesinando, suspendiendo para ello la vigencia del artículo segundo de la Carta que establece los fines esenciales del Estado, entre ellos la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta mediante la vigencia de un orden justo; ello implica, aunque se minimalice, la renuncia del Estado a la naturaleza de las instituciones a proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, con el único fin de satisfacer las exigencias de grupos armados ilegales y sus promotores para no responder por la violencia comenzada desde 1948 contra el pueblo colombiano por los ideólogos del sistema comunista.

El Fiscal colombiano acaba de anunciar que el derecho de las víctimas debe ser sacrificado en nombre del derecho a la paz en virtud del principio de proporcionalidad: costo/beneficio; pero nada han aclarado sobre la decisión de las Farc, contertulios del gobierno, de mantener las armas y exigir zonas propias de influencia para alcanzar algún propósito en la cesación del conflicto armado.

¿Qué podemos esperar entonces del Estado social de derecho? Renunciar al derecho fundamental de acceso a la justicia para convalidar la acción criminal de quienes no renuncian a las armas para insistir en la imposición de su modelo político.

 
1 comentario

Publicado por en julio 26, 2013 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ

  1. Rosita Welcker

    julio 26, 2013 at 9:08 pm

    ALLI ESTA EL GRUPO DE TRAICIONEROS AMANGUALADOS CON LOS TERRORISTAS DE LAS FARC QUEREMOS PAZ SIN IMPUNIDAD

     

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