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Preparar al país para el posconflicto

16 Ago

para el posconflictoEn el día de ayer, los gobernadores de los departamentos colombianos se reunieron para discutir por primera vez en la historia de los diálogos y negociaciones con organizaciones armadas ilegales, la preparación del país para un posconflicto, lo que implica el involucramiento de los mandatarios regionales a la política nacional que busca poner fin al conflicto armado interno, bajo la premisa de que la paz se tiene que construir en los territorios, que han sido los que han vivido la violencia, por eso estamos buscando experiencias de paz, porque tenemos que ser capaces de aprender de otros. En el camino de la violencia hay muchas heridas, dolores, rabias y atender todo esto requiere de un cuidado muy especial. Lo fácil sería morirnos en guerra, lo difícil es morirnos en paz, como señalara el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo (ESPECTADOR, 2013).

Temístocles Ortega, gobernador de Cauca, una de las regiones que más fuertemente viven el impacto del conflicto afirmó que “tenemos que empezar a prepararnos para el posconflicto, que es una de las tareas más complejas, poder lograr que los insurgentes que vengan a la sociedad civil encuentren espacios para volverse productivos. Las experiencias demuestran que hay enormes complejidades y el Cauca, por tener una cruenta actividad con los insurgentes, será clave y debemos aclimatarnos para el posconflicto” (ESPECTADOR, 2013)

Colombia tiene su más reciente experiencia en este campo en el proceso iniciado con la Ley 975 de 2005, mejor conocida como Ley de Justicia y Paz, que alcanzó la desmovilización de organizaciones armadas ilegales conocidas como Autodefensas y de un buen número de componentes de otras organizaciones ilegales como las Farc y Eln, fueron cerca de 30.000 hombres que hacían parte de esas organizaciones los que entregaron las armas y se desmovilizaron en un proceso inédito que dio inicio a la aplicación de una justicia transicional como marco jurídico para el cese del conflicto.

Entonces y atendiendo lo señalado por la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad de la norma en sentencia que condicionó varios apartes de la ley y declaró inexequibles otros, en el fallo la corte declaró que “quienes se acojan a la ley deberán cumplir a cabalidad las resoluciones de la ley, como la confesión total de los delitos, la reparación y la verdad, y no volver a delinquir”, la Fiscalía General de la Nación determinó continuar con todos los procesos que implicaban posibles actividades criminales no confesadas y que se actuó en consecuencia tanto en ese caso como contra los crímenes posteriores de los desmovilizados; como resultado de ello y ante la persistencia de desmovilizados de continuar actividades criminales fueron excluidos de los beneficios de la norma y en no pocos casos extraditados a EE.UU para que respondieran por delitos relacionados con el narcotráfico.

Precisamente la aplicación de la Ley 975 de 2005 puso al descubierto dos aspectos críticos: Uno, la incapacidad de la Fiscalía General y del poder judicial para atender todos y cada uno de los procesos de responsabilidad penal de los miembros de las organizaciones armadas ilegales y dos, la falta de preparación de las instituciones públicas y de la sociedad para asumir el reto de reincorporar plenamente a los desmovilizados a la vida nacional productiva, dando como resultado el retorno de una parte de estos a las actividades delincuenciales a través de las Bacrim.

Más allá de los factores ideológicos que acompañan el desarrollo del actual proceso en La Habana, agitados además por la cercanía de un proceso electoral para elegir Congresistas y Diputados en 2014 y la posibilidad de que algunos cabecillas de las organizaciones armadas ilegales puedan acceder a estas corporaciones mediante la creación transitoria de una circunscripción especial, es importante para la nación que la discusión se lleve a niveles que involucren a todos los componentes de la sociedad para que los acuerdos que puedan alcanzarse en la mesa de negociaciones sean refrendados o no por el pueblo colombiano de manera consciente y transparente y no como resultado de imposiciones y criterios de unos pocos.

Esta discusión debe darse teniendo en cuenta que la paz no es solamente la dejación de armas y el retorno a la actividad política legítima de quienes conforman las organizaciones armadas ilegales, es el asumir colectivamente el costo de la desmovilización y la reincorporación de quienes dejan las armas a la vida normal y productiva y es el cómo diseñar estrategias para prevenir y erradicar de una vez por todas otros elementos de violencia en el país relacionados con el narcotráfico, con la corrupción y otras conductas que pueden favorecer el resurgimiento de organizaciones criminales que mantendrían el mismo clima de zozobra e inseguridad vivido en los más de 50 años de actividad criminal de las narcoguerrillas.

 
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Publicado por en agosto 16, 2013 en Opinión Pública

 

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