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QUERER VER CRISIS DONDE NO LAS HAY

17 Ago

QUERER VER CRISIS DONDE NO LAS HAYA diferencia de otras instituciones, la institución militar no está sujeta a los vaivenes de los intereses políticos; sabiamente desde la Constitución de 1886 la república ha consagrado unas fuerzas militares no deliberantes, principio recogido en el art. 219 de la Constitución del 91, para garantizar el cumplimiento de su finalidad primordial: la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional como lo ordena el art. 217 de la Carta del 91.

De la misma manera la institución policial conforme al art. 218 ibídem, siendo un cuerpo eminentemente civil, tampoco es deliberante en temas políticos para cumplir cabalmente su fin primordial: el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas como fundamento de la convivencia pacífica de todos los ciudadanos y habitantes del territorio nacional.

La razón del carácter no deliberante de la fuerza pública reside en la necesaria imparcialidad frente al debate político que ocupa otras instituciones y fundamentalmente en la naturaleza de la finalidad primordial para la que fueron constituidas y que constituye un principio esencial en la organización de las relaciones entre el Estado-aparato y los gobernados, que puede ser expresado como sigue: el ejercicio de la fuerza pública debe ser el mínimo necesario para mantener las condiciones de libertad que permitan el ejercicio de los derechos fundamentales. La enorme capacidad destructiva del poder militar y su connotación invasiva o defensiva de territorios o instituciones, hace de este un poder inadecuado para el manejo de la seguridad cotidiana del ciudadano. El poder policivo, en cambio, dado su carácter meramente preventivo y la relativa debilidad de su poder bélico, se encuentra en mejores condiciones para proteger la libertad ciudadana (CONSTITUCIONAL, 2002).

Basta solo imaginar el daño enorme al Estado social de derecho que representaría una fuerza pública deliberante, sujeta a los intereses o pasiones políticas del gobierno de turno, y ejemplos de ese daño pueden verse en aquellos países donde impera el llamado modelo socialista del siglo XXI (reedición de la ortodoxia marxista-leninista); una fuerza pública utilizada como instrumento político del partido o coalición de partidos que detentan el poder, en perjuicio precisamente del ejercicio de los derechos y libertades públicas.

Ese carácter no deliberante de la fuerza pública es el que garantiza precisamente la sujeción al poder civil de las instituciones militar y policial. Reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que una de las finalidades básicas de las autoridades colombianas es la defensa de la integridad nacional y la preservación del orden público y de la convivencia pacífica, no sólo porque así lo establece el artículo 2º de la Carta, sino además porque esos elementos son condiciones materiales para que las personas puedan gozar de sus derechos y libertades.

La Constitución busca el fortalecimiento de las instituciones, para que éstas puedan cumplir efectivamente su misión constitucional de asegurar la convivencia pacífica perturbada por grupos armados que actúan al margen de la ley y atentan contra la vida, la libertad y los demás derechos y libertades de las personas residentes en Colombia. Por ello esta Corte señaló que el Estado tiene el deber de “mantener la convivencia pacífica e instaurar un sistema jurídico – político estable, para constituir la protección a la vida como una de las obligaciones del gobernante sin las cuales no es posible la continuidad de la comunidad”, puesto que el derecho “sólo puede asegurar al individuo una esfera de libertad y protección contra la violencia a condición de reprimir, incluso con la fuerza, aquellas actividades violentas de los demás individuos que vulneran esa órbita de libertad”.

En ese sentido se erige al presidente de la república como el Comandante Supremo de la fuerza pública, En cumplimiento de su función primigenia de proteger a la población, la Fuerza Pública debe desplegar sus actividades con la firmeza y la contundencia adecuadas para someter a quienes subvierten el orden constitucional y desafían el principio democrático, según el cual se confía al Estado el monopolio del uso legítimo de las armas. Y en este campo, el Presidente tiene una responsabilidad esencial, pues no sólo le corresponde conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado, sino que además, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que es, dirige la fuerza pública y conduce las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente.

No conocen entonces la realidad de nuestras Fuerzas Militares y de Policía quienes hablan de crisis al interior de las mismas en la aplicación de las estrategias de lucha contra las organizaciones narcoterroristas y las Bacrim, pretendiendo mostrar una división entre “uribistas” y “santistas” en las filas institucionales; no hay tal, las FF.MM y de Policía han seguido cumpliendo con su función constitucional ya señalada anteriormente y acatan debidamente las órdenes del presidente actual como en su momento lo hicieron con el gobernante anterior, en tanto las políticas de seguridad interna y externa diseñadas en los gobiernos se apegan al ordenamiento constitucional en procura del cumplimiento de los fines del Estado social de derecho.

Las Fuerzas Militares y de Policía son organismos vivos, dinámicos, que deben responder a las circunstancias de cada momento histórico que vive la república, por ello la promoción de sus mandos no está ligada a intereses particulares del gobernante sino a la necesidad real, dialéctica dirían los marxistas-leninistas, que cada circunstancia plantea.

Una organización armada que no responde a las exigencias de los tiempos, no se renueva y actualiza, que se aparta de la realidad histórica del lugar donde desarrolla su actividad, está llamada a la derrota y a la pérdida de su identidad como ha sucedido en Colombia con las organizaciones armadas ilegales ancladas históricamente a las circunstancias de la primera mitad del siglo pasado y atendiendo principios ideológicos del siglo XIX.

 
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Publicado por en agosto 17, 2013 en Opinión Pública

 

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