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NEGOCIACIONES DE PAZ: LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DEL ESTADO PUESTAS EN JUEGO.

03 Sep

NEGOCIACIONES DE PAZ LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DEL ESTADO PUESTAS EN JUEGO.Si alguna experiencia de los procesos pasados debe tenerse en cuenta en los diálogos de La Habana, es el peligro del excesivo idealismo con que se asume cualquier proceso que pueda conducir a la terminación del conflicto armado y el establecimiento de unos acuerdos de paz.

Una posición idealista de la paz, como la que pregonan algunos personajes y sectores que por ejemplo señalan que la justicia no debe ser obstáculo para la paz y que los derechos de las víctimas deben supeditarse al interés supremo de ésta, conlleva que el gobierno deba desprenderse de una serie de principios que fundamentan el Estado social de derecho para tratar de acercarse a la postura de la narcoguerrilla (CEPEDA ULLOA, 2001)

El primer sacrificio que esas posturas idealistas reclaman es la defensa del poder público de la legítima acción de la fuerza pública para restablecer el orden, la posición del Estado se debilita cuando desde las mismas instituciones democráticas se equipara el uso legítimo de la fuerza por parte de las FF.MM y de Policía con la acción criminal y terrorista de la narcoguerrilla.

Los ideólogos y apologistas del narcoterrorismo han logrado sembrar en el imaginario público que las FF.MM y de Policía son actores de la violencia, falsa definición que es aceptada incluso en instituciones como el Congreso de la República y el Poder Judicial, parte integral de la estructura del Estado que es combatido por ese narcoterrorismo, sus apologistas y sus aparatos políticos. No hablamos de los representantes y senadores del Polo Democrático o del Progresismo con asiento en el Congreso y las instituciones, al fin y al cabo ellos fueron elegidos popularmente para sostener esas tesis del neocomunismo gracias a las bondades de la democracia.

Aterra cuando son representantes de las instituciones políticas que hacen parte del mismo gobierno quienes esgrimen esos argumentos deslegitimadores de las instituciones castrenses y de policía. En nada favorece el proceso de paz la postura del señor representante a la Cámara por el Partido Verde Carlos Amaya, que presenta un proyecto de ley para acabar con el Escuadrón Antidisturbios ESMAD de la Policía Nacional sindicándolo públicamente de ser el autor material de los hechos violentos registrados en el reciente paro agrario instrumentalizado por las Farc y sus movimientos políticos, en ese caso el señor representante es determinador de que la acción del Estado para resolver el conflicto agrario se desvíe en dirección a los violentos o a los ilegales, acrecentando la pretendida ilegitimidad del Estado que buscan las Farc en La Habana.

Hacer gestos unilaterales y no negociados, no necesariamente aporta al acumulado de la paz; mostrar simpatías con la narcoguerrilla no necesariamente suma, y procurar no ofender con el lenguaje o con las expresiones no es tomado por los terroristas con empatía sino como un signo de debilidad del Estado (CEPEDA Et Al.)

La posición del representante Amaya –que ahora se autoproclama víctima del ESMAD-, no va a aminorar la acción de los violentos en los bloqueos de los campesinos, ni en las protestas sindicales o de las universidades, por el contrario, sirven como acicate para incentivarlas con mayor violencia contra los ciudadanos y sus bienes porque se sienten amparados por la demagógica posición política –más bien politiquera- de representantes del Estado que castran desde el poder público la necesaria reacción y defensa del bien común, la convivencia pacífica de los colombianos. Con proyectos de ley como el pretendido por este representante, el gobierno y las instituciones quedan en una especie de provisionalidad subjúdice.

Si el ejemplo del representante Amaya se extendiera como virus político, no solamente se comenzaría a cuestionar la existencia de algunos mecanismos de defensa la sociedad y del Estado como el ESMAD, sino que muy pronto y utilizando las estadísticas de denuncias y demandas contra el Estado por el ejercicio de la fuerza legítima serían abolidas las Fuerzas Militares y la Policía para estar a tono con las exigencias de reforma de la institucionalidad que las Farc han presentado en La Habana como condición para negociar la paz.

El señor Amaya ignora que solamente se han documentado 17 denunciar por presuntos excesos de fuerza por parte del ESMAD, lo que es una minoría frente a todas las situaciones que este cuerpo policial debió, y debe atender, relacionadas con el paro agrario. Lo que es más doloroso es que se ignora que cerca de 80 policiales resultaron heridos y 2 ofrendaron su vida para garantizar el orden público conforme al mandato constitucional; su propuesta resulta hasta ofensiva para quienes quedaron mutilados y con secuelas permanentes tratando de restablecer el orden donde había sido alterado, especialmente para el joven bachiller que prestaba su servicio como Auxiliar de la Policía y fue salvajemente agredido con un ladrillazo en la cabeza por inadaptados y resentidos sociales que agreden al personal uniformado por no poder descargar sus frustraciones en quienes las han causado.

 
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Publicado por en septiembre 3, 2013 en Opinión Pública

 

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