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LA NO APLICABILIDAD DEL FALLO DE LA CIJ SOBRE MAR TERRITORIAL COLOMBIANO

10 Sep

LA NO APLICABILIDAD DEL FALLO DE LA CIJ SOBRE MAR TERRITORIAL COLOMBIANOComo han señalado ya expertos juristas internacionalistas, la decisión del gobierno colombiano de declarar la no aplicabilidad del fallo de la CIJ que afecta mar territorial en el conflicto planteado por Nicaragua, es más política que jurídica, pues como lo señala el mismo presidente Santos en su alocución, Colombia tendrá que sentarse a negociar con Nicaragua un tratado de límites, pero sobre la base de la sentencia que se considera inaplicable porque no responde a lo definido sustancial y procedimentalmente en las normas internas, artículo 101 de la Constitución.

Y no es que no exista un tratado limítrofe con Nicaragua, el 24 de marzo de 1928 Colombia y Nicaragua suscribieron, y luego ratificaron, el tratado sobre cuestiones territoriales (Esguerra-Bárcenas) en cuyo artículo primero Colombia reconoció la propiedad y soberanía de Nicaragua sobre las islas Mangle y la Costa Mosquitia desde el cabo Gracias a Dios y ahora hasta el río San Juan (como consecuencia de la segregación de Panamá) y Nicaragua reconoció a su vez la soberanía y propiedad de Colombia sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte del Archipiélago de San Andrés, que implica la soberanía colombiana sobre la plataforma marina y submarina conforme a las normas del derecho internacional marítimo.

El conflicto nace en el desconocimiento unilateral del Tratado por parte de Nicaragua y su intención de desconocer la soberanía y propiedad de Colombia sobre el territorio insular y su plataforma marina y submarina, pretensión contraria al derecho internacional y por la que se alega que la CIJ se excedió en sus facultades y funciones al tratar un asunto de demarcación de límites desconociendo no sólo el derecho histórico de una de las partes, sino afectando derechos de terceros como es el caso de Panamá, Costa Rica y Jamaica.

Debe recordarse además que en 1930 se precisó en el Acta de Canje del Tratado Esguerra-Bárcenas el alcance de su artículo primero referido, y se determinó por sugerencia de Nicaragua un límite marítimo a partir del meridiano 82 de Greenwich sobre la base de que el Archipiélago de San Andrés no se extiende al occidente del referido meridiano y, contrario sensu, sí al oriente de dicho meridiano. En esta forma las islas Mangles ubicadas al occidente del meridiano 82 de Greenwich quedaron como de Nicaragua y los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, localizados al oriente de dicho meridiano, a favor de Colombia. A lo anterior hay que agregar que Nicaragua aceptó en este mismo Tratado, que el dominio de Roncador, Quitasueño y Serrana estaba en litigio entre Colombia y los Estados Unidos de América. Lo cual quiere decir que Nicaragua acepta también que la propiedad y soberanía sobre estos tres Cayos era un asunto bilateral entre Colombia y los Estados Unidos, del cual Nicaragua quedaba de hecho excluida.

Sin embargo, la pretensión expansionista de Nicaragua comenzó a verse favorecida cuando en 2007  la CIJ, en virtud del Pacto de Bogotá (Tratado Americano de Soluciones Pacíficas-1948), resolvió que sí era competente para conocer y decidir sobre el asunto entre Colombia y Nicaragua, y que además el Tratado Esguerra-Bárcenas (que fijaba los límites en el paralelo 82°) no era la última palabra, aunque no se dice que haya perdido vigencia. La CIJ dijo que en ese solo queda claro que las islas grandes eran de nosotros, no el resto de cayos e islotes. Lo que nos afectó es que se diga en el Acta de Canje del Tratado que el meridiano no era un límite, sino solo una referencia. Cuando la CIJ dijo en 2007 que se iba a pronunciar ya Colombia venía perdiendo.

Por eso definitivamente, aún siendo inaplicado el fallo por parte de Colombia en un lapso de 7-10 años, que el mismo fallo concede para que el país y Nicaragua definan un nuevo tratado, Colombia corre el riesgo de perder una porción de mar e incluso territorio insular si la pretensión expansionista del país centroamericano llegará a tener acogida en algún escenario de debate jurídico internacional como lo pretende actualmente, basándose precisamente en lo que llama “aplicación inmediata” del fallo de la CIJ, contando además con que un nuevo tratado entre las dos naciones obligará necesariamente a la revisión de los tratados con otros países como Panamá, Costa Rica y Jamaica, lo que permitiría a Nicaragua ampliar su pretensiones con respecto a toda el área de influencia en Centroamérica y el Caribe, algo geoestratégicamente necesario para las pretensiones expansionistas del llamado socialismo del siglo XXI liderado por Cuba y Venezuela en estos momentos.

Como lo advirtió el presidente Santos,  Nicaragua va a insistir ante la Corte Internacional de Justicia, seguramente con el apoyo de la ALBA, el Movimiento Continental Bolivariano y otros aparatos internacionales creados por el neocomunismo, que le reconozca una plataforma continental extendida al oriente del Archipiélago de San Andrés –tal como ya lo hizo durante el proceso que llevó al fallo–; esta pretensión buscaría privar a Colombia de recursos que propios históricamente y es tan absurda que extendería la jurisdicción de Nicaragua hasta un punto a tan sólo unas 100 millas de la costa de Cartagena.

En tanto se definen asuntos jurídicos con relación al fallo de la CIJ, ante la misma Corte y en la ONU, Colombia debe ser firme y aplicar sin vacilación o temor alguno el contenido del decreto expedido ayer en el que se reafirma que la plataforma continental de San Andrés, que se extiende hacia el oriente en 200 millas náuticas, se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana que se extiende hacia el noroccidente y hacia San Andrés en al menos 200 millas; esto hace que el país tenga una plataforma continental continua e integrada desde San Andrés hasta Cartagena sobre la cual Colombia tiene y ejercerá los derechos soberanos que le otorga el derecho internacional.

Frente a esta decisión todo el país nacional debe rodear la decisión del gobierno actual y de futuros gobiernos que se verán comprometidos en las acciones que se emprenden. Más allá de intereses particulares o partidarios, es un deber nacional de cada ciudadano comprometerse decididamente con la defensa de la integralidad de nuestro territorio y nuestra soberanía.

 
1 comentario

Publicado por en septiembre 10, 2013 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “LA NO APLICABILIDAD DEL FALLO DE LA CIJ SOBRE MAR TERRITORIAL COLOMBIANO

  1. Rosita Welcker

    septiembre 10, 2013 at 6:19 pm

    SANTOS ENTREGO EL MAR POR ORDENES DE CHAVEZ LOS CASTRO Y ESA PARRANDA DE RATAS COMUNISTAS

     

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