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LA PERVERSIÓN DE LA JUSTICIA SELECTIVA

10 Sep

LA PERVERSIÓN DE LA JUSTICIA SELECTIVAA cualquier costo quieren venderles a los colombianos la idea de que la justicia no puede ser obstáculo para la paz y que es necesario un sacrificio representado en un alto grado de impunidad para los victimarios, las Farc, y el desconocimiento de las víctimas, la sociedad colombiana.

De ahí que se presente la justicia transicional como la panacea, como el descubrimiento del siglo XXI para hacer la paz, con un ingrediente perverso, la selectividad en la aplicación de ese modelo de justicia. Así que se vende la idea de que los cabecillas del narcoterrorismo no tendrán penas significativas por los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos por las Farc en más de 50 años de depredación contra los colombianos, o que ni siquiera sean sujetos de penas o cuando se les impongan no sea mediante la privación de la libertad sino sujetos de penas alternativas como trabajo social, etc., penas que ni siquiera en la vigencia de la llamada Ley de pequeñas causas (Ley 1153/2008), pudieron ponerse efectivamente a los pequeños ladronzuelos o agresores.

Pero lo que asombra, es que esta discriminación judicial ya lleva un tiempo aplicándose en Colombia a partir de la malhadada definición de nuestros altos magistrados sobre los delitos, cuando consideraron que quienes se apartaban de la Constitución y la ley argumentando razones comunistas o socialistas, no eran rebeldes o insurgentes y que todos los delitos cometidos con esa mampara eran conexos al delito político y que por lo tanto eran “luchadores altruistas”, por el contrario quienes se opusieran política o militarmente a ellos eran delincuentes comunes y cualquier asociación a cualquier nivel, no era más que “concierto para delinquir agravado”.

En vigencia de la Constitución del 86, la izquierda y sus idiotas útiles adelantaron toda una campaña exitosa para substraer de la justicia penal militar el conocimiento de los delitos relacionados con la rebelión armada, que los militares juzgaran a los civiles fue considerado como una aberración jurídica aún cuando los procesados se proclamaban así mismos como ejércitos del pueblo, es decir se atribuían todas las características de organizaciones armadas enemigas del modelo de Estado democrático. A partir de entonces el narcoterrorismo no sólo creció en cantidad, sino que se infiltró en todas las ramas del poder público y en cuanta actividad política, social o económica se desarrolla en el país.

Negar lo evidente, que el narcotráfico corrompió a la mayoría de los estamentos públicos y privados es cerrar los ojos ante la realidad y convertirse en sujeto manipulable por quienes desde ellos siguen incidiendo en la sociedad; se habla del poder corruptor de los cárteles del narcotráfico, pero se han cerrado los ojos, oídos y bocas ante el mismo o peor poder del narcoterrorismo que ejercen las Farc, el PC3 y todas sus organizaciones en la vida nacional.

Volver a lo esencial y sencillo. ¿Cómo explicar que las Farc tengan una estructura criminal y sanguinaria llamada “Jaime Pardo Leal” y en uno de los templos de la justicia colombiana se encuentre erigido un busto de “Jaime Pardo Leal”?  Y los ejemplos se repiten en el hecho de que Colombia ha sido condenada por tribunales internacionales y nacionales como responsable de la muerte de cabecillas comunistas como Manuel Cepeda Vargas, Teófilo Forero y otros, y sean precisamente esos nombres los que sirven de bandera a las narcoguerrillas.

La izquierda colombiana, incluido el partido liberal, se muestra de plácemeles cada vez que un político o un ciudadano cualquiera es privado de la libertad por esa justicia selectiva acusado de “parapolítica”, mientras se indigna y protesta si algún comunista o idiota útil es acusado de “farcpolítica”.

Para la estúpida élite “intelectual” de izquierda y para el poder judicial cooptado, si uno de sus miembros se reúne clandestinamente o públicamente con cabecillas del narcoterrorismo, busca la paz no incurre en delito porque busca fines “altruistas” y justifica que “unos maten para que otros vivan mejor”[1]; pero si existe la “piscina del paramilitarismo todos tienen que salir mojados” como lo sostenía este 9 de septiembre el señor Armando Novoa, ex constituyente y abogado del AD-M19, del que surge el Polo Democrático, al defender en un programa de televisión la decisión política de un magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Rubén Darío Pinilla Cogollo (miembro la ANAPO de la que surgió el M-19 y militante de la misma hasta su “reinserción”), que no sólo compulsa copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el ex presidente Álvaro Uribe, sino que de paso ordena la investigación de las conductas de los fiscales que no encontraron méritos para acusar a los señores Generales del Ejército, Mario Montoya, y de la Policía, Leonardo Gallego, frente a las acusaciones de delincuentes que dicen haber participado en la Operación Orión, que el poder judicial considera una acción paramilitar contra los milicianos de las Farc y Eln enquistados y desalojados de la comuna 13 de Medellín.

Es una lástima que el Ejército Nacional de Colombia o la Policía Nacional, por las restricciones impuestas sabiamente por la Constitución (art. 219), no puedan controvertir públicamente los argumentos asquerosos que la izquierda ha utilizado en su contra en abuso de las garantías democráticas. Abuso que precisamente significa la guerra jurídico política del narcoterrorismo hoy en día al contar con un poder judicial sujeto a las decisiones del PC3 y que tiene como elementos de provocación y demostración de violación de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario a los sujetos vinculados a su Marcha Patriótica, algo que aunque advertido nunca fue tomado en serio como lo fueron desde su inicio la pretensión de las “repúblicas independientes”.

Tenemos fiscales y jueces que desestiman sistemáticamente el vandalismo, la asonada, la destrucción de bienes civiles y públicos en cualquier “protesta social”, con eso estimulamos la acción de los milicianos y las estructuras criminales para copar territorios en desarrollo del Plan Renacer que Alfonso Cano dejó como herencia.

 


1.     Ver vídeo completo en http://www.youtube.com/watch?v=P0apxkBPlOU
 
1 comentario

Publicado por en septiembre 10, 2013 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “LA PERVERSIÓN DE LA JUSTICIA SELECTIVA

  1. Rosita Welcker

    septiembre 10, 2013 at 6:16 pm

    LOS COLOMBIANOS NOS HEMOS UNIDO PARA ENVIARLE A LA ONU CARTAS PARA REPUDIAR A SANTOS Y LAS FARC TODOS TENEMOS QUE UNIRNOS PARA SALVAR EL PAIS DE LAS GARRAS DE LAS FARC Y DEL COMUNISMO ALIADO DE SANTOS EL TRAIDOR VENDE PATRIA , Y SUS COMPINCHES COMO MADURO ORTEGA MORALES LOS CASTRO CORREA DEMAS BANDIDOS COMUNISTAS –

     

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