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NO ES PENALIZAR LA PROTESTA SOCIAL

13 Sep

No es penalizar la protesta socialComo era de esperarse, la izquierda colombiana, representada ahora por el Polo, pone el grito en el aire diciendo que se quiere criminalizar la protesta social porque se pide penalizar la acción vandálica y criminal de quienes escondidos cobardemente detrás de una capucha arremeten violentamente contra las personas y sus bienes, contra los servidores públicos.

La protesta social es legítima cuando cumple con los requisitos establecidos en el art. 37 de la Constitución, esto es cuando es pacífica y ordenada y no vulnera los derechos de los demás; cuando excede esos límites racionales pasa a ser asonada, motín o disturbio que se distingue de la manifestación de una protesta social por su carácter violento y la perturbación del orden público.

El derecho a la protesta, que nuestra Constitución define como el derecho de toda parte del pueblo para reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, no es un derecho absoluto y prevalente sobre los demás derechos consagrados para los ciudadanos en la Carta. No es absoluto por cuanto su ejercicio y cumplimiento no puede avasallar otros derechos de la misma naturaleza.

Como sucede con todos los derechos, en caso que se produjere un ejercicio desmedido del derecho de protesta y/o manifestación pública, el mismo entraría en conflicto con otros derechos amparados constitucionalmente, toda vez que el ejercicio abusivo por parte de los grupos reclamantes, vulnera otros derechos de igual importancia que asisten al resto de la ciudadanía, tales como el derecho al libre tránsito, al comercio, a la protección de los bienes públicos y privados, entre otros[1].

Es lógico para ciertos sectores que ideológicamente combaten el modelo del Estado social de derecho y abogan por el totalitarismo socialista o marxista-leninista, que medidas que protejan los derechos de los ciudadanos que no participan en la protesta los inquieten. Han ocurrido centenares de protestas convocadas por distintos sectores sociales y económicos que transcurren de manera pacífica y ordenada, pero desafortunadamente cuando se trata de las protestas convocadas por la izquierda, los sindicatos, movimientos y aparatos orientados por esta, degeneren en disturbios. Los primeros de mayo, que eran casi una fiesta para los trabajadores, hoy son escenario del vandalismo destructivo provocado por jóvenes encapuchados o por los llamados cabezas rapadas antifascistas (Terror Crew y SkinHead), de quienes la izquierda dice no tener relación pero que inevitablemente aparecen en todas sus movilizaciones.

Lo sucedido en los recientes días en Bogotá dejó al descubierto como las organizaciones criminales, afines o no a la izquierda, estaban pagando a los jóvenes 5 mil pesos por acompañarlos a la protesta, 10 mil por agredir paredes y ventanas y 20 mil por atacar a la policía, para cobrarlos algunos incluso se llevaban elementos como escudos o cascos de los servidores públicos agredidos. Recurriendo al consabido maniqueísmo que acompaña el discurso comunista, el Polo pretende ahora decir que los autores de esta execrable conducta eran agentes del Estado interesados en deslegitimar la protesta.

Durante el reciente paro campesino sólo se presentaron hechos violentos en unos puntos específicos donde se sabe existe influencia de las estructuras criminales de las Farc o actúan sus milicianos como ocurrió en Huila y Nariño; en Boyacá milicianos de las Farc residenciados en Tunja estaban presentes en Ventaquemada y realizaron ataques con pequeños grupos en la vía Tunja-Paipa, el resto del departamento vio transcurrir de manera pacífica su protesta.

Ahora, pedir que quienes convocan a una marcha, un mitin de protesta sean responsables civil y extracontractualmente por los daños que de ello se derivaren no es ninguna exageración o criminalización de la protesta, es lo que corresponde en derecho a quien asume la responsabilidad de convocarlo, no es la ciudadanía la que por vía de los impuestos o tributos tenga que reparar los daños que causan los manifestantes cuando no son capaces de controlar la conducta de quienes asisten a su convocatoria.

El Estado social de derecho tiene el deber ineludible de garantizar los derechos de todos los ciudadanos y así como debe garantizar el ejercicio del derecho a la protesta, también tiene que garantizar los de aquellos que no participan en ella, no sólo en su integridad física sino en la integridad de sus bienes; por ello debe legislarse penalmente para sancionar a quienes abusando de la protesta la convierten en un acto violento, vandálico que afecta los derechos ajenos; aquí debe imponerse la prevalencia del bien común no el de la minoría que recurre a la violencia para supuestamente protestar.


[1] ÁLVAREZ GARCÍA, Diego. Protocolo para protestas sociales. Fundación Nuevas Generaciones. Buenos Aires, 2006. En: http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/documentos2/_archivos/000013-Seguridad/000004-Protocolo%20para%20protestas%20sociales.pdf
 
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Publicado por en septiembre 13, 2013 en Opinión Pública

 

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