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LA PÉRDIDA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

15 Sep

La pérdida de la Imagen InstitucionalDebe servir como punto de reflexión a todas las instituciones democráticas y a la sociedad colombiana la información que da cuenta de la pérdida de la imagen, de la confianza y certeza sobre nuestras instituciones democráticas, que supera el 60% en algunos casos de rechazo no vistos en nuestra historia republicana.

Sin duda alguna esa crisis de confianza en las instituciones dificulta la gobernabilidad del Estado-nación; recientes ejemplos universales demuestran que perdida esa gobernabilidad y esa confianza en las instituciones y sin importar lo represor que pueda ser el régimen, este termina por derrumbarse, así ocurrió con la extinta URSS y sus satélites y está sucediendo a partir de la llamada “primavera árabe” en países de África y el medio oriente.

La panameña Adelita Coriat hacía un retrato de la clase política que es aplicable a nuestro país, La clase política atraviesa una crisis moral y de credibilidad como pocas. Pero además, estos hechos empañan a las instituciones que por carambola quedan contaminadas de lo mismo debido a la corrupción e impunidad que persiste. Situación que motiva una justicia clasista, investigaciones judiciales mediocres, con omisiones, inconclusas, y tardías, y en otras instituciones muchas veces queda la duda o confusión sobre la gestión ministerial, la rendición de cuentas y los balances del patrimonio privado de quienes entran y salen sin que nadie les diga o haga algo. A este ritmo, en pocos años, no sabremos cómo componer el país (CORIAT, 2011).

Esa crisis de moralidad y credibilidad que afecta a los actuales partidos políticos, incluidos los de oposición de izquierdas, y que afecta a las instituciones, se refleja en los resultados de la última encuesta de Gallup Colombia.  Los colombianos han perdido la confianza definitivamente en el Congreso y los partidos políticos. Ya parece natural que tengan una muy mala imagen ante los ciudadanos. La noticia es que la desconfianza en el Congreso (67 %) es la peor desde mayo del 2000 y la de los partidos políticos (74 %), es la peor de los últimos 7 años. Lo que ya era malo ha empeorado.

La desconfianza en el Poder Judicial no se queda atrás. La calificación global sobre el sistema judicial colombiano es negativa en un 74 %, la peor en 14 años. La imagen de la Corte Suprema de Justicia cuenta con un 53 % desfavorable, y el gobierno Santos ha sido el único periodo desde que se sabe en el cual la imagen negativa supera la positiva. La joya del sistema judicial, la Corte Constitucional, tiene la peor imagen desde el 2000 (47 %), y lo mismo le pasa a la Fiscalía (51 %). La pérdida de confianza se profundiza con las propuestas de justicia selectiva para delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y la posibilidad cierta de que sus determinadores y autores “no paguen un solo día de cárcel” como compensación mínima al derecho de justicia que tienen sus víctimas.

Pero también los organismos de control se alejan de la confianza ciudadana. La desfavorabilidad de la Procuraduría (32 %) y la de la Contraloría (31 %) son las peores de lo que va del siglo. Incluso un organismo autónomo y relativamente lejano para el ciudadano del común, como la Junta Directiva del Banco de la República, vive su peor momento de las últimas dos décadas (desaprobación del 35 %). Hechos como la utilización del poder judicial para cobrar venganzas aberrantes contra organismos como la Contraloría por parte de un sector de magistrados de las altas Cortes, minan gravemente esa confianza que los administradores de justicia deberían concitar.

Aterra que ciertas prácticas criminales, como el secuestro de servidores públicos para presionar al gobierno como ocurrió en el reciente paro agrario, el derrame de cantidades de petróleo sobre las vías para impedir la movilidad de los ciudadanos con el daño ambiental incalculable que ello provocó, el bloqueo de vías impidiendo el paso de vehículos de socorro médico y otras que ya el país conoce, no se consideren judializables y sus autores queden en la absoluta impunidad porque estaban ocultos tras una máscara mientras el resto de ciudadanos miraban simplemente la comisión de los delitos como un valor agregado a su protesta.

Resulta entonces absurdo y peligroso que ahora las Farc, autoras de la violencia en el país por más de 50 años, convoquen a políticos y a instituciones como el Congreso, en los y las que no creen los ciudadanos, para resolver los temas del proceso de paz en La Habana, o a organizaciones como Marcha Patriótica y otras que apenas representan a un ínfimo porcentaje de colombianos, Para las Farc este momento es idóneo para mover sus fichas y terminar de poner en jaque al gobierno mediante la incentivación de desórdenes continuados, acciones terroristas, protestas sociales y la manipulación de los poderes públicos, altamente infiltrados por ellas, obteniendo una jamás soñada victoria política cuando militarmente ya se encontraban ad portas de la derrota.

Mientras el manejo de la cosa pública se de aún bajo el “viejo” planteamiento de que la gobernabilidad como “negociación política en las alturas y en la oscuridad entre caudillos, propietarios o comerciantes de la anti-política; mientras nuestra tragedia política siga fundamentada en la ausencia de verdaderos Líderes con cualidades extraordinarias y con una relación democrática directa, permanente, creativa, participativa, educativa – de aprendizaje social diario de la experiencia histórica de nuestro pueblo -; gobernabilidad, que actúen en el discurso y en la praxis pensando encontrar en la administración pública haya eficiencia y eficacia de su burocracia para construir confianza social – ciudadanía, sociedad civil- y no se logra forjar un nuevo trabajo social y político en las Instituciones, lastimosamente vamos a volver a las condiciones de nación inviable con la que se nos calificó a finales del siglo pasado.

 
1 comentario

Publicado por en septiembre 15, 2013 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “LA PÉRDIDA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

  1. martha

    septiembre 16, 2013 at 1:03 pm

    Resultado del Gobierno Santos y sus alianzas políticas con extrema izquierda.

     

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