EL CAMINO DE LA PAZ REQUIERE DE CONCESIONES

Es un hecho que la paz se puede obtener únicamente mediante negociaciones tendientes a reducir las diferencias y resolver todos los asuntos pendientes que motivan un conflicto; eso nadie lo discute, como tampoco se discute que hacer la paz requiere concesiones de las partes confrontadas, lo que muchos colombianos cuestionan es el hasta donde ceder ante una organización narcoterrorista que anuncia prepotentemente su no disposición a dejar las armas y a acatar la Constitución y la ley que rige para todos los nacionales y habitantes del país.

Para que el proceso de paz pueda enrumbarse por los caminos correctos, para posibilitar negociaciones con probabilidades de éxito, es preciso poner fin al terrorismo y a la instigación al desorden social y la violencia como métodos para exigir derechos, cambios y reformas en las leyes o las relaciones sociales y económicas; el país transita por un sendero peligroso de polarización política que en nada conviene al proceso de La Habana con las Farc o a un eventual proceso con el Eln. La posibilidad de que los responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad no sean sujetos de penas ejemplarizantes, sin duda alguna sirve de acicate para cualquier tipo de violencia como respuesta.

No hay duda de que las Farc hacen burla de sus víctimas cuando proponen que la única verdad sobre el conflicto es la que ellas y sus apologistas sostienen y cuando señalan que solamente una comisión integrada por quienes desde la academia, la política y otros sectores afines a su propuesta “bolivariana”, pueden llegar a una verdad “de la cual se deben desprender las responsabilidades insoslayables para quienes han sido parte del conflicto, más allá de los alzados en armas”. Según las Farc, el objetivo es tener argumentos sólidos para abordar el quinto punto de la agenda de negociaciones: las víctimas del conflicto.

Aunque el gobierno insista en no hacer caso del discurso alterno a lo que se habla en la mesa de negociaciones, no hay duda de que es discurso el que afecta a la sociedad en tanto es el único referente de lo que allí pasa y como quedó visto en el último paro agrario, trasciende más allá del análisis o de la información y precisamente que las propuestas de las Farc en La Habana sean el tema integrado a las negociaciones para resolver conflictos como ese paro o como lo sucedido en el Catatumbo, es lo que despierta suspicacias frente hasta dónde puede llegar el gobierno nacional en materia de concesiones frente a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de más de 50 años de depredación irracional instigada por el comunismo y ejecutada por las narcoguerrillas.

Pedir ante la ONU nuevamente que el Estatuto de Roma no se aplique para Colombia, como se hizo en el fallido proceso del Caguán, no garantiza que las Farc no sigan incurriendo en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra si se tiene en cuenta que ya han manifestado en múltiples ocasiones su no disposición a no dejar las armas y a tratar de elevar a rango constitucional su pretendido “derecho a la subversión” o “derecho a la rebelión armada”; de hecho las Farc están anunciando sin ninguna duda que siguen considerando la “combinación de las formas de lucha” una alternativa política válida y dejar sin castigo esa conducta simplemente legitima ante Colombia y el mundo la acción narcoterrorista.

Si se insiste en suspender la posibilidad de la acción subsidiaria y residual de la Corte Penal Internacional lo único que se alcanzaría sería dejar por fuera de la posibilidad de verdadera justicia a las víctimas de las Farc del 2009 hacia acá porque las anteriores ya fueron excluidas. Cuestionar esta posibilidad no convierte a un colombiano en enemigo de la paz, mucho menos cuando los indicadores estadísticos de opinión muestran de manera unánime que es ese punto el que más preocupa y molesta, que las Farc no sólo pasen de la impunidad absoluta a manejar las decisiones políticas del país, sino que las víctimas terminen siendo verdaderamente invisibilizadas y únicamente se tengan como tales a las que las narcoguerrillas y sus aparatos políticos señalen.

Si de procesos externos se trata el tomar experiencia, no puede perderse de vista un conflicto realmente similar como es el que se da en medio-oriente entre Israel y Palestina, los demás son apenas vagos referentes sino se tiene en cuenta que  jamás un proceso puede desarrollarse sin desarticular la estructura terrorista, no sólo es el primer paso a adoptar en el marco de la Hoja de ruta, sino también la base de todo proceso de paz. La consecución de la paz exige crear una atmósfera positiva, libre de terrorismo e instigación, que fomente todo esfuerzo para llegar a un entendimiento mutuo (OLMART, 2007). Si las Farc se saben libres de cualquier persecución subsidiaria y residual de la Corte Penal Internacional, simplemente van a arreciar sus ataques contra el pueblo colombiano y la comunidad internacional porque no tendrán barreras que las detengan.

Como sucedió en Colombia después del aplazamiento de los alcances de la CPI de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, también en medio-oriente el terrorismo obtuvo ventaja de las buenas intenciones del gobierno israelí. La ola de terrorismo que comenzó en septiembre de 2000 es el resultado directo de una decisión estratégica de los palestinos de utilizar la violencia en vez de la negociación como el medio principal para impulsar su orden del día. A pesar de las alegaciones contrarias de los palestinos, la así llamada «ocupación» israelí de los territorios no es la verdadera causa del terrorismo, ya que las negociaciones podrían haber resuelto pacíficamente todos los aspectos del conflicto palestino-israelí mucho antes del comienzo de la violencia (OLMART E. a.); sobra recordar para qué utilizaron las Farc la suspensión del alcance de la CPI y la zona de despeje entre 1998 y 2002.

Hay que hacer concesiones para lograr la paz, eso es cierto, pero nadie ni nada obliga a que sea el orden legítimo el que las haga de manera abundante y sin ninguna contraprestación, sobre todo cuando la otra parte no reconoce su papel como actor del conflicto. Eso sería reconocer que el Estado colombiano asume una posición de vencido en la guerra contra el narcoterrorismo, algo que está muy lejos de haber sucedido y simplemente estaríamos repitiendo el escenario de los años 70 cuando decisiones similares (guardadas las diferencias), permitieron la supervivencia del Eln y su paso a convertirse nuevamente en amenaza para el ordenamiento social del país.