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SUSPENDER O NO DIÁLOGOS EN LA HABANA

12 Oct

SUSPENDER O NO DIÁLOGOS EN LA HABANAEn los últimos días se abrió el debate público sobre la pertinencia de suspender o no el proceso que se adelanta en La Habana con la organización armada ilegal Farc, habida cuenta que se aproximan dos debates electorales nacionales, la elección de parlamentarios y la elección de presidente de la república en la cual el actual gobernante, Juan Manuel Santos, puede aspirar a ser reelecto.

La propuesta presidencial no ha sido presentada de manera oficial en la mesa de negociaciones en Cuba, donde no se ha tocado el tema sino por declaraciones a la prensa ante la pregunta de los periodistas, hechas por alias Andrés París, no como posición discutida por los negociadores de esta narcoguerrilla sino de manera espontánea. Debe recordarse que las discusiones que en este momento tienen centrada la atención de las Farc son su insistencia en el desmonte del inexistente paramilitarismo y los relacionados con la aplicación de la justicia transicional para los cabecillas de esa organización.

La propuesta de suspensión de los diálogos fue presentada inicialmente por el presidente a sus ministros y a los miembros de los partidos políticos que hacen parte de la Mesa de Unidad Nacional, específicamente al Partido de la U,  pero transcendió a la opinión pública y no sólo tuvo acogida en diversos sectores afines al gobierno y aún en los críticos del presidente, sino que la misma narcoguerrilla manifestó su disposición a acordar bilateralmente tal suspensión como lo manifestó alias Andrés París en la capital cubana.

La propuesta presidencial planteó tres escenarios: congelar el diálogo mientras el país está en época electoral; levantarse definitivamente de la mesa, o seguir adelante con el diálogo. El escenario que ganó fue el de seguir con los diálogos aunque estuvo a punto de empatar con el de la suspensión. Entonces, el presidente acordó con ellos que el martes 16 de octubre, cuando estuvieran de vuelta los negociadores gubernamentales en la Habana, volverían a discutir el escenario de la suspensión.

Incluso desde el mismo legislativo se plantea la suspensión si se comprueba que la narcoguerrilla ha influenciado las recientes protestas sociales para obtener beneficios políticos, como señalara a los medios el presidente de la Cámara de Representantes Hernán Penagos; el uribismo también ha pedido la suspensión de los diálogos al considerar que las propuestas de las Farc, consideradas por estas inamovibles, no pueden ser aceptadas por el país, asegurando que la única forma de seguir el proceso es con un cese unilateral de las hostilidades por parte de la organización narcoterrorista.

Para el analista y candidato al Congreso Alfredo Rangel, es evidente que para las FARC hay al menos cuatro inamovibles para firmar un acuerdo de paz: la impunidad, la no entrega de armas, el control territorial y la Asamblea Constituyente. Me apresuro a responder, dijo Rangel, a los crédulos que argumentarán que Andrés París dijo en estos días que la Constituyente no era un inamovible para continuar los diálogos, pero lo sigue siendo para firmar un acuerdo de paz. Una cosa es dialogar y otra firmar la paz. Las condiciones para lo uno no son las mismas que para lo otro. No hay que dejarse engañar con los alambicados argumentos de las FARC, leguleyos y retóricos hasta más no poder. Así es que han venido enredando a los ingenuos voceros gubernamentales, concluye el analista.

Para Juanita León, de La Silla Vacía,  la suspensión de los diálogos en La Habana es un globo lanzado por el presidente Santos, como ya han sido el del anuncio del ingreso de Colombia a la OTAN o el de que se podría prolongar a seis años el período presidencial pero sin reelección. Esos globos los lanzan los gobernantes para ir creando el ambiente para una idea, medirle la temperatura a un tema o desviar la discusión. Con lo que ocurra en los próximos días quedará claro cuál de esos objetivos es el que buscaba Santos.

Más allá de la coyuntura electoral, es evidente que el gobierno nacional debe hacer un examen profundo sobre lo ocurrido hasta ahora en La Habana o como dijo el Ministro de Defensa recientemente, hay que ponerle seriedad a los mismos. Es un hecho que la posibilidad de generar impunidad para los cabecillas de la organización narcoterrorista mediante la justicia transicional (penas simbólicas y no reales), como elemento integrante de un acuerdo de paz es rechazada por la inmensa mayoría de la opinión, además de ser una condición inmoral y totalmente ilegal e inconstitucional, contraria a los acuerdos internacionales firmados por Colombia. Y no es que en este caso la justicia se convierta en obstáculo para la paz, sino que la paz exige como requisito sine quanon la aplicación de la justicia como fundamento de la verdad y la reparación a las víctimas.

Pero las Farc exigen no sólo impunidad frente a los crímenes cometidos sino la inimputabilidad por cualquier tipo de delitos, incluidos, obviamente, los de lesa humanidad. Saben que la impunidad es la condición para que sus principales líderes, miembros del Secretariado y de su Estado Mayor, puedan ser elegibles y participar en política. Esto también lo rechaza la opinión pública y lo hace imposible la ley. Ahora parece que hasta el fiscal general lo reconoce así, en un giro de posición al señalar que es “cada vez más lejana la posibilidad de que ellos (los miembros del Secretariado) participen en política”, pues serían responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante las últimas décadas. Adicionalmente, es previsible que la Corte Constitucional rechace las opciones de impunidad contenidas en el Marco Jurídico para la Paz.

La no entrega de armas es igualmente una exigencia inaceptable. Si un acuerdo de paz no tiene como consecuencia inmediata el desarme verificable de la narcoguerrilla, que es la garantía tangible de su abandono de la violencia, no tiene ningún sentido desgastarse en unos diálogos de paz, mucho menos cuando la no renuncia a las armas va acompañada del establecimiento de zonas de control territorial donde ellas serían una especie de paraestado.

Es preocupante la existencia de un comunicado interno de los narcoterroristas en el que sus cabecillas afirman que acuden a los diálogos de La Habana como un aprovechamiento político para recuperar una imagen perdida en más de 50 años de depredación contra el pueblo colombiano, mientras se siguen preparando y organizando para continuar la guerra, en esas condiciones los diálogos en Cuba sólo serían no solo una nueva decepción para Colombia y el mundo, sino una amenaza no sólo ya para el país sino que también para la paz continental dadas las circunstancias de desestabilidad política que afectan a países vecinos con gobiernos ideológicamente afines a las narcoguerrillas.

 

 
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Publicado por en octubre 12, 2013 en Opinión Pública

 

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