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INCIDENTES RACIALES DEBEN PRENDER ALARMAS DE AUTORIDADES CAPITALINAS

14 Oct

INCIDENTES RACIALES DEBEN PRENDER ALARMAS DE AUTORIDADES CAPITALINASPor ahora son solo incidentes aislados, pero cada vez más frecuentes los derivados de intolerancia racial y social en algunos sectores de Bogotá ya identificados por las autoridades, que requieren todo un trabajo preventivo y de control antes de que desborden las normas sociales y legales y se conviertan en un nuevo hecho de violencia sistemática en la capital como ocurrió con la laxitud y tolerancia con que se permitió la conformación de las denominadas barras bravas.

Lo más preocupante es que la intolerancia racial se viene presentando incluso desde las escuelas, como se desprende de una investigación realizada por el proyecto “África en la escuela” financiado por la Agencia de Cooperación Española (AECI) y la Secretaría de Educación del Distrito; las prácticas de matoneo estudiantil se están volviendo una epidemia en las instituciones educativas y tienen un alto contenido de discriminación racial.

Lo verdaderamente alarmante es que el estudio asegura que “los maestros y las maestras reproducen desde un conocimiento tácito o expreso las prácticas racistas coloniales hacia los afrodescendientes, a saber, son “perezosos”, “brujos”, “ignorantes”, “sucios”, porque son “de color” o son “negros”, estereotipos que se encuentran instalados en sus mentalidades a través del lenguaje escrito, oral, gestual, iconográfico, simbólico, entre otros”. Identificando que en las escuelas de Bogotá se presentan 3 tipos de racismo (de costumbre, institucional y estructural), el estudio asegura que “en las instituciones educativas se manifiestan y reproducen estereotipos sociales sobre la población afrodescendiente” (TERRITORIO, 2010).

Así mismo se determinó la existencia de tres tipos de lenguaje utilizados en la discriminación étnico-cultural en la sociedad bogotana,  el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y el lenguaje de denominación. Mediante el lenguaje verbal se expresan claros mensajes de discriminación y exclusión; a través del lenguaje no verbal no se tiene en cuenta, se ignora y excluye a una persona por su raza, credo, género u otra condición social, económica o política; por el lenguaje de denominación se minimaliza al otro, a veces sin plena conciencia de la exclusión que conlleva, una falsa condescendencia que hace aparecer al otro como una molestia que debe ser tolerada pero no incluida.

Hay toda una labor pedagógica y de concientización sobre este fenómeno inaceptable de la discriminación, desde el hogar y en la escuela, los padres,  los maestros y maestras, la comunidad estudiantil y la sociedad en general, a partir de la práctica diaria de sí mismos y de su interrelación con hijos y educandos, deben trabajar para que se “constituyan dispositivos de reflexión y de cambio que respondan críticamente a las prácticas de discriminación racial agenciadas en las instituciones educativas y que tienen en los niños y niñas afrocolombianas a sus principales víctimas” (TERRITORIO, et. Al), reflexión que debe cobijar cualquier forma de exclusión y discriminación de cualquier género en la sociedad bogotana.

Si miramos desde el Preámbulo de nuestra Constitución Política, nuestro ordenamiento nacional se fundamenta en principios inamovibles de justicia, libertad e igualdad, de la solidaridad de las personas que integran nuestro Estado social de derecho, pluralista, multiétnico, multicultural, donde debe primar el bienestar general fundamentado en la convivencia pacífica de todos los colombianos y de quienes residan o transiten por el país, en condiciones de igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades para el libre desarrollo del individuo y de la sociedad. Cualquier acto discriminatorio es una negación de esos principios, derechos y garantías fundamentales.

Es inaceptable que al problema de las violencias manifiestas en expresiones regionalistas disfrazadas de colores de camisetas de equipos de fútbol o en conceptos absurdos sobre las culturas o la idiosincrasia de quienes habitamos la capital, se sume ahora la cuestión racial como otra fuente de inseguridad, violencia y agresión a la convivencia pacífica, ante la mirada complaciente o indiferente de las autoridades administrativas o de policía que tratan los casos expuestos por las víctimas con desidia, incitando a la toma de justicia por propia mano como ya se viene sucediendo en algunas localidades.

Un artículo de prensa recientemente publicado bajo el título de Una mirada a la violencia en los ‘barrios de negros’ (GARCIA, 2013), es bastante ilustrativo sobre el problema que se incuba en la ciudad y especialmente en las 8 Localidades donde se concentra el 80% de la población negra: Suba, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe,  Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Kennedy; Localidades donde precisamente se concentran los más altos índices de inseguridad ciudadana y donde ocurren la mayoría de las conductas reprochables de las barras bravas y otros fenómenos de pandillerismo juvenil y delincuencia organizada.

Más allá de las críticas que puedan hacerse al artículo de prensa, por la desafortunada composición del titular, se plantea un problema real que no puede seguirse ignorando por la sociedad capitalina, la creación de verdaderos guetos donde chocan ya de manera violenta las culturas y concepciones sociales que deben convivir en esas Localidades. Que ya, sin pudor alguno, se exhiban avisos donde se advierte para el arrendamiento de viviendas urbanas “Se arrienda, pero no a negros”, es un síntoma de una condición grave que debe ser atendida a tiempo de manera preventiva para restablecer los hilos del tejido social.

El problema de la sutil discriminación proveniente de las mismas escuelas y en la limitación de oportunidades académicas, laborales y sociales, está dando como resultado una reacción lamentable: la conformación de pandillas de jóvenes negros que responden con violencia a cualquier gesto que consideren ofensivo o discriminatorio, que se extiende incluso a ataques contra personas que no son consideradas lo “suficientemente negras” o “blanqueadas”, por los líderes de estos grupos.

Por eso el llamado de atención a la reflexión y a la búsqueda real de soluciones para la convivencia va también para los líderes de las comunidades negras, o afrocolombianas como ahora prefieren se denominen, pues no todo acto que implique capturas, lesiones y hasta la desafortunada muerte de un miembro de esas comunidades puede calificarse automáticamente como resultado de una caso racial; hay que reconocer la existencia del problema en las mismas comunidades negras que va desde el impacto negativo que tienen ciertas expresiones “folclóricas” (música a altos niveles, ingesta de licores por grupos de individuos en los andenes o zonas públicas de los barrios con exceso de expresiones vulgares, etc.), hasta la conformación de bandas juveniles dedicadas al consumo de drogas, hurto callejero y violencia contra las personas y los bienes.

Lo que sucedió en el barrio Claret de Bogotá el pasado mes de abril de este año debería ser ejemplarizante, un joven de negro de 25 años murió en una riña con un vecino mestizo de ese barrio, ambos se agredieron con arma blanca como resultado de la reacción del vecino ante los excesos del joven y su grupo de amigos que en un gesto de provocación habían cogido la pared de su vivienda como orinal, habían roto vidrios y causado escándalos de tiempo atrás. La muerte del joven ha querido ser presentada como un hecho de violencia racial, “por ser negro lo mataron” dicen algunos allegados y voceros de las comunidades negras, aún a sabiendas de que eso no es cierto y si sirve como alimento a los resentimientos que originan más violencia como señala el citado artículo periodístico y múltiples estudios académicos existentes y como lo enseñan experiencias extranjeras donde el conflicto por territorios raciales ha superado las respuestas del Estado mismo.

Ojalá no esperemos a un estallido violento de graves consecuencias para entender la dimensión del problema y sociedad y autoridad asuman urgentemente este fenómeno para tomar medidas preventivas y de educación social antes de que se torne en un asunto judicial y de represión por sus características.

 
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Publicado por en octubre 14, 2013 en Opinión Pública

 

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