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EL MANUAL DE CONVIVENCIA QUE IMPONEN TERRORISTAS

22 Oct

EL MANUAL DE CONVIVENCIA QUE IMPONEN TERRORISTASLa organización narcoterrorista Farc, contrariando los principios acordados para mantener la mesa de diálogos en La Habana, ahora imponen un llamado “manual de convivencia” a los habitantes del departamento del Putumayo y próximamente el llamado Bloque Oriental de esa organización criminal intentarán imponerlo en los municipios donde mantienen presencia con estructuras armadas y milicias, buscando con ello establecer y consolidar un control territorial y poblacional paralelo al que debe ejercer el Estado social de derecho.

A primera vista el llamado “manual de convivencia”, compuesto por 50 puntos que establecen desde un censo poblacional a través de las Juntas de Acción Comunal y Juntas Veredales, hasta normas arbitrarias sobre la calidades que deben cumplir las personas y familias que habitan en las regiones, podría aparecer como un inofensivo enunciado de buenas intenciones para erradicar riesgos para la niñez y la juventud en materia de drogadicción, pandillismo y otros males que aquejan a la sociedad actual, pero lo que realmente contienen es una reedición del fundamentalismo comunista sobre su visión de sociedad.

En efecto, hay advertencia de castigos a los “viciosos”, “borrachos” y a quienes realicen escándalos o ejerzan violencia familiar, como también sobre disposición de basuras, construcción de pesebreras en “fondas” o “tiendas” para las bestias de los clientes y otras que a primera vista lucen como un modelo de orden social y convivencia deseables.

Convencidos están de que la mesa de negociaciones de La Habana los legitima para imponer su voluntad, como lo hicieron cuando la zona de despeje del Caguán, y mediante ese pretendido manual buscan organizar y controlar bajo su mando las diferentes comunidades, reorganizar y fortalecer su pie de fuerza y proseguir con la comisión de delitos de lesa humanidad de manera impune.

El primer punto, por ejemplo, deja ver claramente su intención de proseguir el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Le advierten las Farc a los habitantes que todos los habitantes mayores de 15 años que vivan en una vereda deben inscribirse en el libro de la Acción Comunal y participar activamente en los trabajos de las mismas, quien no lo haga será responsable de falta y se le aplicarán sanciones.

Parte de esos “trabajos” impuestos a los habitantes son, entre otras: participación en marchas, paros y bloqueos ordenados por el movimiento, asistencia obligatoria a mítines, concentraciones y actos políticos del movimiento, militancia y contribución económica al movimiento. Quienes no puedan asistir por razones de edad o enfermedad, deberá contribuir financieramente o con productos para la manutención y desplazamiento de los que van y para la logística de los eventos (desde $100.000 hasta sumas millonarias). Quienes no lo hagan serán objeto de multas, trabajos forzados, expulsión de la región y confiscación de sus haberes y bienes, y hasta el asesinato mismo.

Otro ejemplo reciente de las tareas que imponen las Farc-MP a las familias en las zonas donde tienen presencia es el ocurrido en el municipio de El Charco, departamento de Nariño. Los narcoterroristas utilizaron a un niño de 12 años como correo para llevar una bomba a un cuartel de policía, haciéndolo detonar y asesinando al menor e hiriendo a otras personas. Esta demostración de insania mental es un común denominador el accionar del movimiento narcoguerrillero y se ha reproducido con anterioridad en otras partes del país.

Disponen también las Farc-MP cómo, cuándo y dónde deben celebrarse las ceremonias religiosas, sobre qué deben versar las homilías de “curas y pastores”, prohibiéndose expresamente la realización de “misiones evangelizadoras” o ceremonias por fuera de la cabecera municipal o inspección de policía. Ya elaboraron una lista de ministros religiosos que deben abandonar el departamento por ser contrarios, o ser sospechosos de serlo, a la narcoguerrilla o poder incidir para que los habitantes no acepten la imposición del régimen pretendido.

En los siguientes puntos impone a la Marcha Patriótica MP, como única autoridad administrativa y política, advirtiendo que no podrán vivir en las veredas personas no autorizadas por el Movimiento (Farc-MP), como tampoco se permitirán visitantes, trabajadores o transeúntes que no cuenten con “carta de recomendación” de dicho movimiento. Al que incumpla se le hará un llamado de atención, se le aplicará una multa y el desconocido debe salir inmediatamente de la región siendo responsable quien lo invitó o le dio hospedaje o ayuda si no lo hace, la pena: muerte por colaboración con el “enemigo”.

La narcoguerrilla ha advertido a los habitantes que serán igualmente responsables si no denuncian al movimiento la presencia de desconocidos en viviendas o predios de sus vecinos, amigos y familiares. Quienes den la información podrán recibir otras responsabilidades dentro del movimiento y ganar algunos privilegios por ello.

El constreñimiento político a la población ya se expresa en la prohibición de cualquier actividad partidaria diferente a la Marcha Patriótica, el Polo o los autorizados por las Farc; la semana pasada milicianos narcoterroristas hostigaron, retuvieron y destruyeron material de quienes recogían firmas de apoyo al movimiento Centro Democrático, advirtiendo a la población que quien apareciera firmando esos apoyos podía ser objeto de retaliaciones criminales.

El control poblacional se extiende incluso al control de las comunicaciones; advierten las Farc-MP que en toda vereda donde exista teléfono comunal el responsable del mismo deberá llevar una bitácora de quién llama, a quién llama, de qué hablan, cuándo se realiza la comunicación; quien deba salir de la vereda deberá informar previamente al responsable del movimiento sobre el motivo de su desplazamiento, a dónde va, con quién va a verse y cuando regresará. Quien salga sin autorización perderá su “carta de recomendación” y no podrá retornar a su domicilio.

Pero también se erigen como autoridad judicial al ordenar a la población pedir permiso para cualquier transacción de inmuebles, muebles o semovientes a las Farc-MP, lo mismo que para la venta de cosechas y otros productos y servicios. Sobre estos negocios los interesados deberán pagar una contribución a las Farc-MP. Quien incumpla la orden se verá expuesto igualmente a multas o expulsión de la región y confiscación de sus bienes.

En cuanto a los negocios, también se debe pasar por la aprobación de la Juntas de Acción Comunal (JAC), tal como lo describe “Joyner” (se preserva su nombre por seguridad), un comerciante de la zona. Cuenta que para traer su mercancía desde Puerto Asís debe hacer mínimamente cinco llamadas “y ellos permiten tener solo dos celulares por familia, y eso sí, sin cámara. Los tenemos que registrar en la JAC para su control”, explico a los medios el ciudadano putumayense.  Las Farc-EP están “chuzando” las llamadas de todos los habitantes.

El punto 46 del manual terrorista señala: “Los padres de familia que tengan hijos activos en la Policía, el Ejército de demás organismos de seguridad del Estado, deberán vender sus bienes y abandonar”. Y ya comenzaron a ejercer terror sobre estas familias, un ejemplo aterrador de esta situación es la que padeció la familia Peña, que debió escapar a Bogotá tras recibir el citado manual bajo la puerta, junto con una clara misiva en donde le otorgaban tres horas como máximo para salir de El Cedro, en Puerto Guzmán, límites con Caquetá.  La razón aducida era que habían violado el punto 46. Según el testimonio del agente en cuestión, a sus padres y hermanos sólo les tomó 45 minutos abandonar el lugar, por lo que sólo escaparon con tres gallinas, dos bolsas con ropa y sus dos perros. “Yo me convertí en su dolor de cabeza porque la guerrilla les advirtió que por ser yo Policía no podían seguir. Ahí los tengo, en una habitación en Bogotá, lejos para que no les hagan daño”, señaló indignado el agente policial.

A todas luces lo actuado por las Farc-MP es violatorio de los más elementales derechos y garantías que consagra la Constitución de 1991 para todos los ciudadanos y habitantes de Colombia, constituye un aberrante delito de lesa humanidad que no puede ser tolerado o visto con laxitud por las autoridades nacionales que tienen el deber de asegurar a los integrantes de la nación la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz.

Ninguna razón política puede estar por encima del acatamiento absoluto al mandato constitucional so pena de poner en riesgo la integridad misma de la Nación colombiana; si de esta manera actúan las Farc-MP en pleno curso de los diálogos, el manual fue emitido el 20 de julio de 2013, no hay que hacer un esfuerzo muy grande para colegir lo que harían en eventuales acuerdos de paz que legitimen cualquier tipo de control territorial o poblacional a los narcoterroristas y sus aparatos políticos. Este hecho por sí mismo, exige una suspensión del proceso hasta que las Farc-MP reconozcan su responsabilidad y ordenen cesar cualquier tipo de acción terrorista contra la población civil y la pretensión del establecimiento de un estado paralelo al Estado social de derecho.

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Publicado por en octubre 22, 2013 en Opinión Pública

 

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