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EL ATAQUE MEDIÁTICO CONTRA FUERO MILITAR

30 Oct

EL ATAQUE MEDIÁTICO CONTRA FUERO MILITARA partir de un informe del noticiero televisivo Noticias Uno sobre una grabación que supuestamente contiene un diálogo entre el Magistrado del Consejo de la Judicatura Henry Villarraga y el Coronel Robinson González, quien se encuentra detenido en una guarnición militar en Bogotá al ser vinculado a una investigación por homicidio de dos labriegos  en Trocaderos, zona rural de Neira (Caldas), en septiembre de 2007, cuando el coronel González se desempeñaba como comandante del Batallón de Contraguerrilla Nº 57; el Oficial militar se encuentra detenido desde agosto del año pasado sin que se haya definido su situación judicial. En la grabación presuntamente el magistrado y el oficial negocian el traslado del proceso de la justicia ordinaria a la justicia penal militar.

El escándalo mediático iniciado a partir del informe del noticiero busca atacar el fundamento del fuero militar consagrado en el art. 221 de la Constitución y su complementación mediante el acto legislativo 2 de 2002, recientemente devuelto al Congreso por la Corte Constitucional en un fallo controversial que no ha sido aclarado del todo, en tanto uno de los magistrados del máximo tribunal denunció ante la opinión pública que los cinco pares suyos que impusieron mayoría para declarar la inexequibilidad del acto legislativo habían recurrido a conductas dudosas al no contemplar la realidad de las pruebas de la inexistencia de la simultaneidad en el debate que aprobó dicho acto y desconocer fallos anteriores contrarios a lo decidido.

El ataque mediático busca frenar la decisión del Ministerio de Defensa de presentar nuevamente el proyecto de ley que da garantías judiciales plenas a militares y policías conforme al mandato constitucional citado; sin más pruebas y sin que exista un pronunciamiento judicial en torno  a la presunta inconducta del magistrado Villaraga, la prensa comienza a sembrar dudas en torno a la conveniencia de revivir el proyecto de ley señalando que no habría garantías para que los militares sean condenados cada vez que se les acusa de un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, los mismos argumentos que algunas ONG internacionales y los consabidos aparatos políticos afectos al narcoterrorismo han esgrimido para pedir la abolición del fuero militar y de la justicia penal militar.

No cabe duda que el escándalo mediático ya comienza a dar resultados. En un hecho inédito frente a lo que opera para los demás servidores públicos, el Consejo de Estado acaba de tumbar también el fuero disciplinario para los militares. Los miembros de las Fuerzas Militares no tienen ningún fuero, ni existe ningún procedimiento especial frente a las investigaciones disciplinarias que se les inicie por faltas cometidas durante el ejercicio de su actividad, determinó el Consejo de Estado.  Con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, la Sección Segunda del alto tribunal consideró que la Constitución Política no creó un fuero disciplinario especial para quienes integran las Fuerzas Armadas, es decir, una autoridad especial encargada de su procesamiento

Si el discutible fallo de la Corte Constitucional golpeó duramente la moral de las tropas, como dijera el Ministro de Defensa, lo actuado por el Consejo de Estado completa el artero golpe que deja sin protección legal a los militares en el combate al narcoterrorismo y las Bacrim. Solo falta ahora, como bien señala Miguel Posada Samper, que la Contraloría entre a terciar  acusándolos de detrimento patrimonial si en un combate se gasta más munición de la que, a juicio de un investigador que despacha desde un cómodo escritorio, se debería gastar en un encuentro armado[1] o por la pérdida de armamento o elementos logísticos en los casos de secuestro o de retenciones por organizaciones armadas ilegales o durante los desórdenes violentos de comunidades instigadas por estas.

Es cierto que el fallo del Consejo de Estado ratifica que los miembros de las Fuerzas Militares están sujetos a la regla general de competencias en materia de la potestad disciplinaria, a saber: ejercicio ordinario por las autoridades militares, y ejercicio extraordinario y preferente por la Procuraduría General de la Nación. Pero deja en manos de los funcionarios del Ministerio Público el ejercicio potestativo, como actualmente sucede con base en un inconstitucional acuerdo administrativo del Ministerio de Defensa y la Fiscalía General, para los eventos penales.

El mal recordado Ministro de Defensa Camilo Ospina Bernal y el entonces Fiscal Mario Iguarán, suscribieron en junio de 2006, un acuerdo interinstitucional mediante el cual el Ministerio de Defensa trasladaba a la Fiscalía General la facultad de decidir que jurisdicción investigaba a los militares, supeditando el mandato del art. 221 de la Constitución a lo dispuesto en el art. 250 de la misma, al poner a nivel de “homicidio” cualquier baja de delincuentes producida en un combate, lo que ha servido incluso de fundamento para que algunos jueces de la república califiquen al Ejército Nacional como un concierto para delinquir.

Debe recordarse que fue el mismo Consejo de Estado, el que anuló parcialmente el acuerdo firmado entre la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa bajo el sutil argumento de servir de apoyo a la Justicia Penal Militar. En el acto, firmado por el exministro Camilo Ospina y el ex fiscal Mario Iguarán, establecían procedimientos que se debían seguir para investigar muertes que se presentaran con ocasión de operaciones de fuerzas militares. La sección primera, con ponencia de la magistrada María Isabel García González, recordó que “los hechos que se presenten con ocasión de las operaciones de las fuerzas militares, donde presuntamente se pueden cometer delitos, involucran a miembros activos de la fuerza pública y guardan relación con el servicio, por lo que sería competencia de la justicia penal militar”. Sin embargo, la sala explicó que dentro de una operación militar pueden presentarse ocasionalmente situaciones que no guarden relación con el servicio, pero que no por ello debe ser la Fiscalía la que asuma el conocimiento o determine a que jurisdicción le corresponde su investigación[2].

Pese a lo anterior, el acuerdo se sigue aplicando integralmente aún su ilegalidad; la Fiscalía obtuvo que el fallido acto legislativo le permitiera mantener jurisdicción sobre los casos penales abiertos en vigencia del mismo, siendo este precisamente el hecho detonante del escándalo mediático que dentro de la guerra jurídico-político el narcoterrorismo adelanta contra las Fuerzas Militares y de Policía. ¿Cómo pedirle resultados operativos a unas Fuerzas que no cuentan con respaldo legal para hacerlo, más allá del art. 221 que el poder judicial interpreta a su manera?.


[1] POSADA SAMPER, Miguel. La subversión internacional. Periodismo sin fronteras. Octubre 22 de 2013. En: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/141e5351e6fae2d7

[2] W RADIO. Anulado acuerdo entre Fiscalía y Mindefensa para investigar muertes en operativos militares. Diciembre 11 de 2012. En: http://www.wradio.com.co/noticias/judicial/anulado-acuerdo-entre-fiscalia-y-mindefensa-para-investigar-muertes-en-operativos-militare/20121112/nota/1809994.aspx

 
1 comentario

Publicado por en octubre 30, 2013 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “EL ATAQUE MEDIÁTICO CONTRA FUERO MILITAR

  1. Rosita Welcker

    octubre 30, 2013 at 9:11 am

    CLARO ESOS ENMERMELADOS MAGISTRADOS LES IMPORTA UN COMINO EL FUERO MILITAR MENOS QUE ESTEN EN LAS CARCELES DEMAS EN COLOMBIA TOCA ES UNA LIMPIEZA DE TODA ESA BASURA DE COMUNISTA OJALA SE CAIGA EL REGIMEN DE VENEZUELA PARA ACABAR CON ESTA PESTE COMUNISTA YA PORQUE YA SE QUEDARON SIN CON QUE FINANCIAR MAS COMUNISMO YA NO LLEGARON AL NO PAGO VENEZUELA Y ARGENTINA LOS DOS ANDAN IGUALES POR ESO A LA CARGA VAMOS A DERROTAR AL TRAIDOR VENDE PATRIA DE SANTOS

     

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