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ACUERDO POLITICO CON LAS FARC O REITERACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

08 Nov

ACUERDO POLITICO CON LAS FARC O REITERACIÓN DE LA CONSTITUCIÓNCon alborozo medios y sectores políticos hablan de transcendentales acuerdos en materia política alcanzados por primera vez con las Farc-ONT y que alimentan la esperanza de una paz cercana, o al menos el cese del conflicto con la organización narcoguerrillera.

Teniendo solo como elemento de juicio la información dada por los equipos negociadores y los representantes de la comunidad internacional que avala el proceso, realmente no es mucho lo que implique una novedad que justifique los 50 años de depredación irracional de las Farc-ONT en esta materia, por el contrario, se comprueba que fue esa organización la que no tuvo voluntad política para acogerse a la democracia hace 21 años, como lo hicieran otras organizaciones terroristas y que diera origen a un verdadero cambio estructural del Estado colombiano contenido en la Constitución Política de Colombia de 1991.

El aspecto de la participación política y las garantías democráticas para la oposición está plenamente desarrollado en el Título IV de la Carta (arts. 103 a 112), y salvo algunas variaciones semánticas, lo informado en La Habana como acuerdo es lo que ya estaba allí consagrado.

Sobre las garantías o estatuto de la oposición (art. 112), allí está consagrada el derecho a ejercerla dentro de los términos de la Constitución y la ley, como el derecho a acceder a los medios de comunicación social del Estado y de aquellos que hagan uso del espectro electromagnético y otras garantías que desde la promulgación de la nueva Carta dieron sepultura al bipartidismo excluyente que las Farc-ONT aún reclaman como justificación de su criminal accionar.

Ahora, que retroceder a la época de los partidos de garaje sin real representatividad popular se considere un avance democrático, anulando lo contenido en el Acto Legislativo No. 1 de 2003, puede ser discutible desde la óptica de la viabilidad real del ejercicio democrático en igualdad de condiciones para todos los actores; la única novedad pues, sería el reformar el contenido del art. 108, que exige un representación de al menos el 2% de los electores en las elecciones nacionales a Cámara o Senado para reconocer personería jurídica válida a los partidos o movimientos, al incluir a las Farc-ONT o sus aparatos políticos existentes en la actualidad y por crear después de los acuerdos dentro del régimen excepcional ya existente para las circunscripciones de minorías étnicas (indígenas y afrocolombianas).

Ahora bien, si el art. 112 de la Carta no ha podido desarrollarse legalmente ha sido precisamente por la actitud intolerante y miope de la izquierda principalmente, que de manera sistemática se ha opuesto en el Legislativo a tal desarrollo desde la propuesta de la Ley 5 de 1992, (como a las Leyes 130, 137 de 1994; 199 de 1995 y 996 de 2005), en el sentido de señalar que sean cuales sean los resultados electorales, que expresan la voluntad y el querer popular, las minorías sean las que dicten el rumbo de la nación y las minorías no hagan cosa distinta a seguirlas y eso no es democracia.

Habría que ver que puede aportar el proceso de La Habana para resolver la eterna queja de la izquierda sobre ausencia de la regulación de la participación de los partidos y movimientos minoritarios en los cuerpos colegiados ordenada por el constituyente, la que ciertamente no se encuentra plenamente definida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que se deberá, para dirimir la cuestión, efectuarse una interpretación originaria sobre el querer del constituyente primario por la Corte Constitucional dado su papel de guarda de la Constitución, o en su defecto se deberá surtir el trámite legislativo pertinente para reglamentar el estatuto de la oposición sobre la materia de discusión sistemáticamente presentada.

Es necesario a sí mismo, definir el alcance real de la circunscripción especial electoral que buscan las Farc-ONT y no caer, por el afán pacifista, en trampas que le otorguen a la narcoguerrilla un control político autónomo para el control territorial de regiones estratégicas del país a fin de preservar sus intereses narcotraficantes. Las circunscripciones electorales especiales en Colombia muy poco o nada han aportado al desarrollo democrático y si se han convertido en otro problema más, no sólo por su peso en la logística electoral, sino porque los partidos y movimientos que reclaman ser parte de ellas se han convertido realmente en empresas de avales electoreros y no de representación democrática.

Realmente son más las dudas que quedan que las certezas derivadas del avance del proceso en La Habana, teniendo en cuenta que son más los puntos pendientes que aquellos en que hay acuerdos y que lo pendiente es lo definitorio del proceso, no las arandelas o formalidades rituales. En el primer punto, el asunto agrario, hay cinco subtemas por definir y ahora en el asunto político, queda un número de pendientes similar.

No se trata de ser enemigo de la paz como se dice de quienes cuestionan críticamente el proceso, es de ser cautelosos con un enemigo que lleva más de 50 engañando al país y que siempre encuentra excusas para mantener la violencia; nada se ha dicho, por ejemplo, del “derecho a la rebelión armada” que reclaman en todo su material político y propagandístico y por ende a la definición de lo que llaman “dejación de las armas” y no a su desarme absoluto y verificable, porque la simple dejación podría significar que reclaman el “derecho” a mantener algunas como “garantía” para que el Estado cumpla los acuerdos.

En estos casos, si se quiere, es más prudente ver el vaso medio vacío para no llenarlo de cualquier cosa.

 
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Publicado por en noviembre 8, 2013 en Opinión Pública

 

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