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LO QUE NO SE TIENE EN CUENTA EN LA MEMORIA HISTÓRICA DEL CONFLICTO

16 Nov

LO QUE NO SE TIENE EN CUENTA EN LA MEMORIA HISTÓRICA DEL CONFLICTOTodas las comunidades, partidos, movimientos y demás reclaman su derecho a llorar sus muertos, incluso las Farc-MP y sus aparatos políticos y Ong’s de bolsillo; la sociedad muestra su indignación frente a lo que presentan como crímenes del Estado en que viven y se desarrollan, aplauden a rabiar cualquier condena contra el soldado o policía sin tener en cuenta que es él quien permite que ejerzan sus derechos y garantías frente, no solo a una amenaza sino a una realidad criminal que es el narcoterrorismo.

La sociedad colombiana ha sido permisiva en la condena al olvido y al oprobio de soldados y policías que no comprometidos con delitos comunes, han ofrendado sus vidas y su libertad para permitirle a todos los colombianos el disfrute de sus derechos y garantías, hasta el punto de permitir que un poder judicial infiltrado por las narcoguerrillas, aplique la retroactividad gravosa en materia penal contra los principios universales del derecho que lo impiden.

Mientras quienes fueron actores en la retoma del Palacio de Justicia en 1985, hoy son reos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, los actores criminales de la toma ese 6 de noviembre gobiernan al frente del sitio de los hechos; a los soldados y policías se les acusa de 11 desapariciones cuando hay igual número de cuerpos que no pudieron ser identificados y otros que por el grado de calcinación ni siquiera aparecieron en los registros, por los métodos barbáricos que utilizaron los asaltantes, el M19, incluso los narcoterroristas reclaman a algunos de sus componentes en el asalto brutal que realizaron.

El hoy Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, ha sido uno de los abanderados del manto de olvido tendido frente a las víctimas de la sangrienta toma del Palacio de Justicia por parte del M19; por años en sus columnas de prensa se encargó de desviar la atención de la sociedad a un “pacto de silencio” del establecimiento para tratar de que no se descubra toda la verdad sobre lo acaecido (DUQUE, 2011)

Y toda la verdad no se ha establecido, la existencia probada de cadáveres que no pudieron jamás ser desvirtuadas para catalogar como “desaparecidos” a víctimas y narcoguerrilleros; la verdad actual se empeña en ignorar lo dicho por las Comisiones de la Verdad que concluyen en afirmar que sin ninguna duda, la primera responsabilidad que cabe señalar sobre el Holocausto del Palacio de Justicia es la del movimiento guerrillero M 19, autor material e intelectual de la toma violenta a la edificación, que paradójicamente dieron en llamar “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre” (Duque, et.al).

En la toma del Palacio de Justicia sus autores criminales, los cabecillas del M19, se blindaron con la impunidad, jamás fueron llamados a rendir un testimonio siquiera sobre las decisiones del grupo narcoterrorista que impulsaron a Otero a emprender la demencial toma del Palacio; pero mientras tanto se toma como responsable de los resultados del combate al señor Coronel Plazas Vega y se busca inculpar a otros miembros del Ejército Nacional, por hechos no comprobados, pero gratuitamente aceptados por el gobierno, supuestamente para minimizar la condena que pueda provenir de la CIDH.

Hechos ciertos que hoy se quieren ignorar, como que desde la sanción en 1981 de la ley aprobatoria del tratado de extradición con los Estados Unidos, los jefes del narcotráfico desataron una lucha frontal y violenta contra la misma. Con la muerte del comandante del M 19 Jaime Bateman se frustró un encuentro con Pablo Escobar en Panamá. En 1981 integrantes del M 19 secuestraron a Marta Nieves Ochoa Vásquez, hermana de miembros de la cúpula del Cartel de Medellín, que como reacción creó el grupo criminal denominado Muerte a Secuestradores (Mas), que desató una persecución contra integrantes del M 19, quienes atemorizados no encontraron solución distinta que devolver a la secuestrada y pactar la paz con el Cartel de Medellín. En los años de 1984 y 1985 miembros de la dirección del M 19 se reunieron en Medellín con Pablo Escobar, recibieron dineros de ese Cartel y realizaron acciones criminales conjuntas; partes de la memoria histórica convenientes a quienes hoy la manipulan a su acomodo.

Para las Comisiones de la Verdad y los tribunales que juzgaron entonces, a la luz de la Constitución de 1886, que regía para la época, “Resulta imposible analizar la actuación de las Fuerzas Armadas en los hechos del Holocausto del Palacio de Justicia sucedidos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, sin previamente hacer referencia, siquiera somera, a los antecedentes o situaciones ocurridas antes de ese luctuoso acontecimiento, en especial en cuanto a motivos de conflictos entre el estamento castrense y el grupo subversivo denominado M 19” (Duque, et.al.)

A pesar de la precaria insinuación, el mismo autor señala sin lugar a dudas que el Ejército Nacional actuó conforme al mandato de la Constitución vigente, de tal manera que en virtud del derecho debería aplicarse a favor de los militares condenados por esos hechos, el principio de favorabilidad y no la retroactividad gravosa que ahora se aplica y que no se aplica para los delincuentes comunes desde la vigencia de los derechos garantistas del Sistema Penal Acusatorio.

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Publicado por en noviembre 16, 2013 en Opinión Pública

 

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