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POBLACIÓN CIVIL OBJETIVO DE LAS FARC

19 Nov

Población civil objetivo de las farcMientras en la mesa de La Habana los voceros de la narcoguerrilla hablan de un cese del conflicto, las estructuras criminales de las Farc en el país se ensañan contra la población civil para presionar cambios en los ciudadanos con respecto a sus propuestas de control territorial integral, no castigo penal real a sus crímenes y otorgamiento de beneficios políticos.

Desde el anuncio de acuerdos políticos en Cuba, las Farc-ONT han incrementado su accionar delincuencial, especialmente en el norte del departamento del Cauca. Desde el fin de semana se presentan enfrentamientos en Miranda, Toribio, Caloto, Corinto y Jamundí; el llamado frente sexto de la organización narcoterrorista ha generado el desplazamiento masivo de habitantes, cerca de 200 personas en Miranda; mientras la estructura criminal Manuel Cepeda Vargas propicia disturbios en Caloto, Corinto, y en zona rural de Jamundí (Valle), utilizando a los habitantes como escudos humanos, buscando retardar o dificultar la acción militar contra los bandidos.

En la zona donde se libran combates por parte del Ejército Nacional de Colombia y la organización criminal hay fuerte presencia de cultivos ilícitos de propiedad de las Farc y otros grupos ilegales que trafican con cocaína y marihuana. Durante los ataques terroristas se han causado daños a por lo menos 20 viviendas en Miranda mediante el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales.

Cínicamente los cabecillas dicen que sus acciones no son terroristas sino actos de guerra y sus objetivos legítimos dentro de las negociaciones en medio del conflicto, proponiendo una “tregua bilateral” para evitar dolor y sufrimiento.

Debe recordarse que el DIH, o derecho de guerra, condena especialmente las acciones armadas que afecten a la población civil, sus propiedades e instalaciones, por lo tanto no son válidas las “justificaciones” de los terroristas con relación a los hechos que acontecen en el norte del Cauca y otras regiones del país; específicamente el protocolo I de Ginebra, declara la protección de la población y los bienes civiles, pero estas normas internacionales son violadas sistemáticamente por los miembros de las Farc quienes atacan indiscriminadamente y realizan acciones cobardes que afectan a niños, jóvenes, adultos, campesinos, indígenas, civiles y militares.

Son precisamente esas acciones criminales las que minan la confianza de los colombianos en las posibilidades de buen éxito de las negociaciones de paz en Cuba en tanto afectan principalmente a los más humildes y vulnerables pobladores.

Para el caso colombiano, los miembros de estas organizaciones armadas ilegales Farc, Eln y Bacrim, no son considerados a la luz del derecho internacional combatientes legítimos, ni privilegiados y deben ser juzgados conforme al derecho penal interno o en su defecto por los mecanismos judiciales internacionales dispuestos para conocer de esos delitos considerados de lesa humanidad o crímenes de guerra.

Resulta paradójico que mediante la comisión de esos delitos, precisamente las Farc busquen presionar la no injerencia de órganos judiciales transnacionales, como lo señalan en sus últimos comunicados, a fin de “no entorpecer los acuerdos”. Sin duda alguna, la persistencia en actos terroristas por parte de la narcoguerrilla pone en una encrucijada a los negociadores gubernamentales en tanto bordean la legitimación de tales delitos si se hacen concesiones sobre el particular, delitos claramente tipificados en el Código Penal colombiano y en el Estatuto de Roma.

La cobardía de los ataques contra la población civil es objeto de seguimiento por parte de la comunidad internacional, que aunque ha expresado su apoyo al proceso de La Habana, también mantiene reservas frente a las conductas de las Farc, como lo expresara el embajador del Reino Unido en Colombia Lindsay Croisdale-Appleby. “Nosotros somos muy optimistas aunque obviamente en este momento (las Farc) estén intentando mostrar que tienen fuerza todavía, algo lamentable porque la población civil está sufriendo”.

El exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo fue perentorio al señalar que a las Farc no les pueden dar amnistías, ni indultos, bajo ninguna filigrana jurídica, hay un límite dijo al recordar que es sobre esa narcoguerrilla que recae la principal responsabilidad para la terminación del conflicto armado, reafirmando así lo que había expresado la actual fiscal del órgano judicial internacional Fatou Bensouda al afirmar que el Estatuto de Roma exige que las penas a máximos responsables sean de cumplimiento efectivo.

Pese al tácito reconocimiento político que se hace de las Farc-ONT como parte integrante de una mesa de negociaciones de paz, de persistir en acciones como las desarrolladas esta semana en el Cauca al señalar a la población civil como objetivo válido, sin duda alguna no podrán controvertir el calificativo de grupo terrorista que de años atrás la ha dado la comunidad internacional y hará más difícil el logro de acuerdos para una paz real y duradera.

 

 
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Publicado por en noviembre 19, 2013 en Opinión Pública

 

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