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EL VERGONZOSO CHOQUE DE TRENES ENTRE CONTRALORÍA Y FISCALÍA

20 Nov

EL VERGONZOSO CHOQUE DE TRENES ENTRE CONTRALORÍA Y FISCALÍAComo si al país le hicieran falta los escándalos en las instituciones públicas, en estos días se ventila en público y de manera mediática uno nuevo: La acusación presentada por la Contraloría General de la República, encabezada por Sandra Morellí, quien dijo que el fiscal general Eduardo Montealegre había recibido pagos de Saludcoop aun después de llegar al alto cargo, lo que lo inhabilitaría por lo menos para conocer de los procesos que contra esa EPS se adelantan en su despacho por la corrupción en el sistema de salud.

El fiscal ha respondido diciendo que antes de llegar a la Fiscalía le prestó asesorías al Grupo Saludcoop que consistieron en la defensa de la entidad ante los jueces de la República y varios entes de control. Por esa labor profesional recibió una suma superior a 4.000 millones de pesos por honorarios, pero que presentó constancias del grupo Saludcoop donde se evidencia que el último pago recibido por sus asesorías a ese grupo de salud fue un año antes de posesionarse como fiscal.

¿De dónde surge el choque? La Contralora, en uso de sus facultades, presentó una acusación formal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el fiscal Montealegre con fundamento en los hallazgos del ente de control en auditoría realizada a  la intervención de Saludcoop. Allí se pide la información de los balances, de estados financieros, y hay un reporte que hacen las empresas intervenidas trimestralmente a la Superintendencia de Salud. El funcionario de la Contraloría, que revisa el asunto, se percata de que hay contratos de asesoría jurídica en ejecución y que ese reporte se sucede de la misma manera durante 18 meses, dando cuenta de la amortización de honorarios de manera diferenciada. Verificamos los soportes y no aparece en ningún momento ninguna cesión de contrato.

En el informe de Saludcoop a la Superintendencia de Salud y en los hallazgos de la Contraloría, no se plantea que haya ningún error en los registros de los contratos de asesoría jurídica en ejecución y así está reflejado en su contabilidad. La obligación de la Contralora, atendiendo los deberes que le impone el art. 95.7 de la Constitución denuncia el hecho ante la Comisión de Acusaciones por ser el ente constitucionalmente facultado para conocer las denuncias y quejas contra el Fiscal General de la Nación, art. 178 de la Carta. Si no lo hubiere hecho estaría incurriendo en una grave omisión de sus funciones.

Posteriormente la Superintendencia de Salud indica que el informe de Saludcoop “contenía un error” en lo relacionado con los honorarios pagados al fiscal Montealegre como asesor jurídico de la EPS, pero no se aclara en qué consiste ese error y cómo se causó, sobre todo en los resultados contables que tienen carácter de documentos probatorios válidos.

Es diciente que algo no está bien y que no hay transparencia, sobre todo cuando el Superintendente de Salud recibe la información como fue aportada a la Contraloría y si se da cuenta de que no responde fidedignamente, pues debió adoptar correctivos y poner sanciones a Saludcoop por el error en la información contable, pero no puede salir a buscar el sustento de la información para verificar que luego lo que dice en sus informes quede bien y que todo eso se haga por fuera de los plazos y de los canales establecidos, como indica la Contralora en respuesta a las declaraciones de prensa del fiscal.

Más allá de quién tenga la razón en este debate, es cuestionable que el Fiscal General de la Nación, quien por su profesión y funciones conoce muy bien el procedimiento a seguir para ejercer su natural derecho al debido proceso y a la defensa (art. 29 C.N.) ante la Cámara de Representantes, para desvirtuar lo obrado en la queja de la Contralora, haya decidido desarrollarlo a través de los medios de comunicación y con graves acusaciones contra la funcionaria, tales como que ella está fabricando y diseñando pruebas en su contra lo que sin duda implica una conducta punible tipificada en nuestro ordenamiento penal.

La función ejercida por la Contralora está claramente señalada en el art. 268.8 de la Carta y no puede sustraerse a ella argumentando razones políticas o de otra naturaleza; así mismo las funciones del Fiscal General están contempladas en el art. 250 de la norma superior y en este caso, como cualquier ciudadano, está llamado a responder judicial o disciplinariamente por sus actos, ejerciendo para ello los derechos y garantías que la misma Constitución consagra a su favor.

Estaríamos al borde de la desinstitucionalización si cualquier funcionario ante una acusación de la misma Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia o de la Comisión de Acusaciones, decidiera no acudir ante los estrados competentes consagrados en la Constitución, sino que ejerciera su defensa desde los medios de comunicación descalificando a sus acusadores o jueces para presionar fallos o sentencias a su favor.

Lo más grave es que es el segundo caso que se presenta con relación a altos funcionarios; la misma actitud ha asumido el Alcalde de Bogotá, D.C., para evitar fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o de las autoridades electorales con relación a un proceso de revocatoria directa promovido por ciudadanos de la capital.

Grave, muy grave para la supervivencia del orden, la ley y la democracia lo que viene sucediendo cuando los funcionarios públicos creen estar por encima de la ley y asumen tales conductas atentatorias contra la institucionalidad y la Constitución.

 
2 comentarios

Publicado por en noviembre 20, 2013 en Opinión Pública

 

2 Respuestas a “EL VERGONZOSO CHOQUE DE TRENES ENTRE CONTRALORÍA Y FISCALÍA

  1. Rosita Welcker

    noviembre 20, 2013 at 10:41 am

    COMO SI FUERA POCO TAMANOS LIOS DEL GOBIERNO PERO YO LE CREO A LA CONTRALORA ESE FISCAL ES UN CORRUPTO LINEA SAMPER BOGOTE DEMAS DIOS COLOMBIA HOY VUELTA NADA POR UNOS CORRUPTOS COMUNISTOIDES COMO EL FISCAL DEMAS ASQUEROSOS HOY VI LA CARTA DE NOHEMI SANIN A SANTOS SOBRE EL FALLO DE HAYA HAY MUCHO MAS CORRUPCION Y SANTOS COMPROBADO REGALO LOS MARES SI CHISTAR ORDEN DE CHAVEZ Y DE LOS CASTRO ES INCREIBLE ESTE COMUNISTA CANALLA DE SANTOS REGALO A COLOMBIA LA TRAICIONO LA ACABO FUERA DE ESO PRETENDE IMPUNIDAD AL TERRORISMO !!!!!

     
  2. anonimo

    diciembre 12, 2013 at 3:14 pm

    TEMA ELECCIONES 2014
    En el próximo REFERENDO POR LA PAZ el establecimiento de la PENA DE MUERTE O CAPITAL es un punto que debe ser tenido en cuenta, en situaciones como:

    PARA CABECILLAS de bandas criminales o terroristas.

    PARA NARCOTRAFICANTES reconocidos y jefes de carteles.

    PARA PSICOPATAS confirmados en delitos como violación, homicidio, tortura, secuestro.

    PARA CORRUPTOS que se apropien o desvíen sumas o montos millonarios.

    En los países donde está establecida, le representa a este muchos beneficios en todo sentido, sobresaliendo que mejora el estado de orden y la economía en todos sus ámbitos.

    SHALOM

     

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