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LABORES PARA CAPTURAR NARCOTERRORISTAS AHORA SON HOSTIGAMIENTOS CONTRA INDÍGENAS

20 Nov

LABORES PARA CAPTURAR NARCOTERRORISTAS AHORA SON HOSTIGAMIENTOS CONTRA INDÍGENASResulta demasiado aburrido ponerse en la labor contestaría a cuanta denuncia infundada hacen las Farc en sus páginas de Anncol y a través de sus aparatos políticos, sino fuera porque hay algunas que llaman la atención por su contenido perverso amparándose en el título de “luchadores altruistas” que en mala hora le diera una de las altas Cortes y el Magistrado Carlos Díaz Gaviria, quien además tuvo la osadía de afirmar que las Farc matan para que otros vivan mejor y por eso no incurren en delitos.

Ahora las Farc “denuncian” que se ofrecen recompensas por información sobre terroristas en el Cauca, uno de los departamentos más golpeados por el narcoterrorismo, y que tal hecho constituye un hostigamiento contra los indígenas, presionando a estas comunidades para que se opongan a la captura de los terroristas en el Resguardo Uradá Jiguamiandó, denominado por la narcoguerrilla como un Resguardo Ambiental Humanitario donde no podría hacer presencia la Fuerza Pública para cumplir sus deberes constitucionales[1].

Lo primero que hay que refrendar es que no existe territorio vedado para que las autoridades colombianas ejerzan sus deberes constitucionales, con la excepción de la llamada jurisdicción indígena sobre sus miembros; las FF.MM y de Policía tienen unos deberes constitucionales determinados en los arts. 217 y 218 de la Carta, los cuales no se encuentran limitados en norma alguna, por el contrario se tiene que es constitucionalmente legítimo que la Fuerza Pública no sólo salvaguarde de manera armada el orden público interno y externo, sino también que participe en labores destinadas a incorporar de manera efectiva todos los territorios a la vida económica, social y política del país.

Téngase en cuenta además, que el art. 95.7 de la Constitución no exime a ningún colombiano o residente en el país al cumplimiento del deber de colaboración con la justicia, y esto incluye a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Lo contrario sería un fraccionamiento injustificado e ilógico de los deberes constitucionales para quienes conforman el Estado social de derecho.

Es cierto que en sesgadas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, a instancias de los consabidos aparatos políticos afines a la narcoguerrilla,  ha dictado medidas cautelares que pretenden restringir la acción de la Fuerza Pública en esas comunidades o circunscripciones especiales; expresamente para indicarle al Estado que debe protegerlas de todo acto relacionado con asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y otros actos de violencia e intimidación alegadamente perpetrados por grupos paramilitares a pesar de la presencia de la fuerza pública[2], de tal manera que no es la presencia de la Fuerza Pública en ejercicio de sus funciones legales la que se condena, sino una presunta inacción de ella para prevenir conductas lesivas a esas comunidades, que por lógica deducción se orienta también a la prevención de actos de violencia o intimidación narcoterrorista perpetrados por las Farc, Eln o Bacrim.

Es más, la Constitución Política, las normas internas y el desarrollo jurisprudencial han señalado que estas comunidades especiales tienen el deber de colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instituciones y disposiciones del Gobierno Nacional[3], es decir que la acción de la Fuerza Pública, que hace parte de esas instituciones en manera alguna es violatoria de los derechos fundamentales colectivos reconocidos a las comunidades indígenas o afrodescendientes, por lo tanto no constituyen el hostigamiento que pretenden hacer ver las narcoguerrillas.

Es evidente que la intención de las Farc va más allá de crear desinformación, buscan sensibilizar a la opinión pública para que apoye sus propuestas de control territorial integral presentadas en La Habana, mediante la cual serían ellas las que ejercerían control político y militar autónomo en las Zonas de Reserva Campesina ZRC que señalan en la mesa de negociaciones, yendo más allá de lo establecido en la Ley 160 de 1994 (ZRC) y la Ley 89 de 1890 y Decreto 2164 de 1995 (comunidades étnicas), estableciendo las bases de lo que llaman Nueva Colombia Bolivariana en segmentos de la nación.

Esta no es una tarea nueva, de tiempo atrás la vienen cumpliendo a través de aparatos como la llamada Comunidad Intereclesial de Justicia y Paz dirigida por el Cura Javier Giraldo S.J., el Colectivo de Abogados Jaime Alvear Restrepo, el MOVICE y otros aparatos políticos y ONG dedicadas a la labor de zapa de la Constitución y la legislación nacionales en organismos como la citada CIDH. La manipulación de los fallos de ese organismo es el que ahora se pretende esgrimir en auxilio de las exigencias en La Habana.

Debe recordarse incluso que fue la misma Corte Constitucional la que en sentencia que declaro exequible la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia[4],  ley estatutaria número 263/11 Senado y 195/11 Cámara modificatorias del el artículo 55 de la Ley 5ª de 1992, la que no consideró procedente la consulta a las comunidades indígenas sobre el contenido y procedencia de la función de inteligencia y contrainteligencia, definida como aquella que desarrollan los organismos especializados del Estado del orden nacional, utilizando medios humanos o técnicos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información, con el objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, y cumplir los demás fines enunciados en esta ley.

Precisamente, por la legitimidad de la acción preventiva de inteligencia y contrainteligencia que desarrolla la Fuerza Pública, ha sido llamado a responder en juicio el individuo Feliciano Valencia, de la comunidad Nasa, acusado de secuestro y tortura de servidores públicos adscritos a la Policía y quien pretende justificar sus criminales acciones con el argumento de que la víctima había sido sorprendida recabando inteligencia durante una de las acciones violentas que él dirigió.


[1] ANNCOL. Hostigamientos y presiones a líderes indígenas para capturar a líder guerrillero. Noviembre 17 de 2013. En: http://anncol.eu/index.php/colombia/indigenas/5067-nov-17-hostigamientos-y-presiones-a-lideres-indigenas-para-capturar-a-lider-guerrillero
[2] CIDH. Comunicado de prensa No. 15/03. En: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2003/15.03.htm
[3] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-601/11. M.P. Jorge Iván Palacio P. Agosto 10 de 2011.
[4] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-540/12. M.P. Jorge Iván Palacio P. Julio 12 de 2012.
 
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Publicado por en noviembre 20, 2013 en Opinión Pública

 

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