RSS

PÉSIMO Y PELIGROSO EJEMPLO DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN

29 Nov

PÉSIMO Y PELIGROSO EJEMPLO DE DESINSTITUCIONALIZACIÓNResulta un pésimo y peligroso ejemplo para el acatamiento a las autoridades de control, en este caso Procuraduría General de la Nación, no sólo cuestionar sus facultades disciplinarias sino anunciar su desconocimiento como lo vienen haciendo los dos más altos cargos de la nación, la Presidencia y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Si los militares, invocando el art. 221 de la Constitución, decidieran desconocer de hecho la facultad de los tribunales ordinarios para conocer de los procesos que puedan involucrar conductas contrarias a la normatividad penal común y dijeran que sólo reconocen la jurisdicción militar, en el país en seguida se hablaría de un rompimiento institucional y un desconocimiento de los principios del Estado social de derecho; pero en tratándose de autoridades políticas el escándalo se minimiza y hasta se convierte en pieza del folclor.

Resulta inaceptable que el Ministro de Justicia cuestione públicamente y rompiendo todo protocolo o respeto a la cadena de mando, la facultad disciplinaria del Procurador para atacar la solicitud del órgano de control al Presidente de aplicar la Ley de Garantías como primera autoridad y como candidato a la reelección; el mismo mecanismo con que el Alcalde Gustavo Petro quiere evadir la acción disciplinaria alegando que él es un funcionario electo por voto popular y por tanto no reconoce facultad legal del Procurador para investigarlo y sancionarlo.

Es claro que  el Ministerio Público no tiene competencia para investigar al Presidente de la República, y que la misma corresponde a la Comisión de Acusación del Congreso de la República y lo actuado por esa institución no puede tenerse como una acción disciplinaria contra Juan Manuel Santos, sino que exhorta al primer mandatario a no ver la Constitución y la ley como normas de letras muertas, o absurdas como dijera Santos, sin atender el poder vinculante de cumplimiento que de ella se exige a todos los ciudadanos.

Si tiene el Ministerio Público facultades para recibir las quejas, sus soportes y remitirlos a la entidad que tenga la competencia para ordenar la investigación (disciplinaria o penal) conforme al cargo ocupado por el servidor público, que es precisamente lo que se ejerce como función preventiva al advertir del cumplimiento de la Ley de Garantías y recordar las limitaciones que tiene el presidente-candidato derivadas de ella.

Mal hace el Ministro de Justicia al montar un show mediático para cuestionar esa facultad de la Procuraduría y desviar la atención a un supuesto abuso de las funciones por el que pedirá conceptos al Consejo de Estado sobre un tema que no está en debate.

La misma lamentable escena se repite cuando el Ministro de Hacienda pone en duda públicamente la decisión de la Procuraduría de sancionar e inhabilitar al Superintendente Financiero por omisión de los deberes de control oportuno sobre entidades como Interbolsa, para evitar el millonario descalabro doloso que terminarán asumiendo los colombianos por vía de sus impuestos, que son los que conforman el erario público. La Procuraduría no cuestiona la integridad personal del Superintendente, como quiere hacerse ver, sino la ineficacia e ineficiencia en el cumplimiento de su deber legal.

No es la primera vez que la Procuraduría ejerce esa especie de control previo, ya lo había hecho en enero de 2010, época en que el ente de control advirtió al presidente de entonces sobre la necesidad de que el país tenga claridad al respecto, entonces la presidencia apoyaba la aspiración electoral del hoy presidente, dado que estaban próximos los comicios electorales y era exigencia del Estado social de derecho el no abuso del poder para favorecer una u otra candidatura.

Célebre es en la historia política nacional el jalón de orejas del entonces Procurador Mario Aramburu al presidente Carlos Lleras Restrepo; en 1970 el representante del Ministerio Público le llamó la atención al mandatario por participación en política al cuestionar su presencia en un acto eminentemente electoral.

En el país, infortunadamente, la mala costumbre de Procuradores que no veían, no oían y por tanto no podían hablar con claridad, hizo funesta carrera y hoy es motivo de escándalo que el Ministerio Público cumpla cabalmente con sus obligaciones constitucionales y legales.

Por el mismo repudiable camino transita el alcalde de Bogotá, investigado por la Procuraduría y ad portas de sanción de suspensión o destitución por la pésima gestión como burgomaestre que ha conllevado pérdidas económicas y riesgos ambientales para la capital. Alegando que es un servidor público elegido por voto popular, el alcalde rechaza la facultad investigadora y sancionadora del Ministerio Público y amenaza incluso con desórdenes ciudadanos si llega a ser objeto de sanciones. El alcalde demandó ante la CIDH las facultades de la Procuraduría en un intento por dilatar el proceso que en su contra allí se sigue.

Públicamente el Alcalde manifestó que si el Procurador decide retirarlo del cargo podría suceder algo similar a lo que vivió el país el 19 de abril de 1970 o lo sucedido el 9 de abril de 1948, en un claro acto de chantaje que linda con el ordenamiento penal; como funcionario público Gustavo Petro no está por encima de la Constitución y de la Ley y el art. 278 de la Carta le otorga plenas facultades al Procurador para ejercer su potestad disciplinaria en tanto no hay fuero especial en este campo para quienes detentan su cargo como resultado de unas elecciones.

No puede el alcalde, o cualquier otro funcionario público, desconocer que el artículo 118 de la Carta dispone que el Ministerio Público sea ejercido por el Procurador General de la Nación a quien según el numeral 6º del artículo 277 de la misma Carta le corresponde “la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”. Así como también la de ejercer preferentemente el poder disciplinario. La potestad externa del Procurador, como lo señala la norma constitucional, es prevalente, por lo cual el Ministerio Público puede desplazar, dentro de un proceso disciplinario que se adelanta contra determinado funcionario, al nominador o jefe superior del mismo y una tal función de supervigilancia disciplinaria comporta la facultad constitucional del Procurador, sus delegados y sus agentes no sólo de adelantar las investigaciones correspondientes sino además de imponer, conforme a la ley, las sanciones respectivas.

Ya de manera plural la Corte Constitucional ha resuelto por vía jurisprudencial los presuntos vacíos o contradicciones que se quieren hacer ver en la potestad disciplinaria extraordinaria de la Procuraduría General de la Nación; en Sentencia C-1076/02, que resolvió una demanda de inconstitucionalidad de la Ley 734 de 2002, despejó las mismas dudas que hoy quieren revivirse para atacar al Ministerio Público.

Hoy, frente a estas acciones de desconocimiento del orden constitucional y legal, hay que retomar el principio bíblico que advierte de las consecuencias cuando la sal se corrompe; si las principales figuras o referentes del ordenamiento en que se fundamenta el Estado social de derecho llaman a desconocer las decisiones del Ministerio Público alegando que ellas están por encima del mismo, qué puede exigírsele a los ciudadanos del común que luchan su sustento diario acatando las limitaciones que la ley y el bien común les exigen.

No puede un funcionario, cualquiera que sea su rango, decir que aplica o no esta norma si es de su agrado o su conveniencia y disponer actuar contra ella cuando no se ajusta a sus intereses. Tampoco puede convertirse en norma social el que los ciudadanos adeptos a ese funcionario se limiten a expresar “¡Déjelos, no sufra, que aprovechen su cuarto de hora!”, como lo hacen algunos en las redes sociales y en la conversación callejera, ello es síntoma de una grave descomposición de la sociedad y una amenaza a la supervivencia misma del Estado

Resulta mucho menos admisible que al Procurador se le quiera atacar por razón de sus creencias personales y su defensa pública de las mismas ante los constantes ataques mediáticos; mientras su labor oficial se ajuste a la normatividad y se respete el debido proceso y el derecho a la defensa, ningún otro criterio de carácter subjetivo es válido para tratar de admitir o rechazar sus decisiones de acuerdo a los intereses particulares de quien sea afectado por las mismas.

 
3 comentarios

Publicado por en noviembre 29, 2013 en Opinión Pública

 

3 Respuestas a “PÉSIMO Y PELIGROSO EJEMPLO DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN

  1. Gustavo Castro

    noviembre 29, 2013 at 8:35 pm

    Excelente análisis. Gustavo Castro

     
  2. ciudadanocomun

    diciembre 1, 2013 at 12:02 am

    Reblogueó esto en Ciudadanocomun's Blogy comentado:
    #NoReelecciónSantos ¡Ni por el chiras!

     
  3. Nestor Arboleda.

    diciembre 5, 2013 at 12:53 am

    Colombiano…siga en las urnas votando por el mequetrefe que mejor le plazca, despues no se queje de su propia barbaridad. Ahora voten por el POLO u otro imbecil, que no hace que hablar y robar.

     

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: