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LA CUESTION DE CULTIVOS ILÍCITOS Y NARCOTRÁFICO

04 Dic

LA CUESTION DE CULTIVOS ILÍCITOS Y NARCOTRÁFICOTranscurrida una semana de instalada la tercera ronda de negociaciones entre el gobierno colombiano y las Farc-Ont, sólo se conocen los llamados “10 puntos mínimos” presentados por la organización narcoterrorista como propuesta de solución al conflicto armado en este acápite. Propuestas que parten de la exigencia de “la desmilitarización de la política antidrogas, no intervencionismo imperialista y descriminalización de los pobres del campo… centrada en el desmonte de estructuras narco-paramilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado” (VANGUARDIA, 2013)

La narcoguerrilla pretende la legalización de los cultivos ilícitos a partir de las consideraciones que Evo Morales en Bolivia utilizó para el mismo fin, la supuesta utilización de la coca como elemento ancestral, cultural, étnico y nutricional, política que ha sido acogida por los sectores que señalan el fracaso de las políticas antidroga y la necesidad de creación de nuevos paradigmas que planteen el problema como un asunto de sanidad o salubridad pública.

Es evidente que una de las características de la presencia del narcotráfico en Colombia y de modo particular de los cultivos ilícitos, es su creciente articulación funcional a la guerra interna que vive el país. De un lado el control territorial ejercido por las narcoguerrillas, principalmente en las zonas de colonización en la Orinoquia-Amazonia, representa la obtención de ingresos como resultado de los impuestos para la guerra tanto a la producción de materia prima como al procesamiento y transporte de sustancias ilícitas (VARGAS MEZA, 2000), actualmente mediante el manejo integral de todo el negocio narcotraficante al que destinan el 60% de sus estructuras criminales.

Como complemento, el movimiento narcoterrorista encontró en la coca otras ventajas además de ser fuente de financiación para la guerra a través de impuestos a las diferentes fases de la cadena ilegal: una relegitimación social y política como resultado de las acciones de fuerza contra los productores y por las fumigaciones mediante aspersión aérea, cuyos efectos sociopolíticos se ven agravados por la baja capacidad de gobernabilidad en zonas donde la presencia estatal ha sido inexistente. Tales acciones son percibidas como agresiones externas que recaen sobre comunidades dispersas y con baja organización comunitaria. (VARGAS MEZA. Et.al.), de ahí la persistencia en sus exigencias y acciones utilizando asociaciones y gremios campesinos e indígenas.

Hay que señalar en primer lugar, que si bien es cierto el art. 7 de la Constitución Política, protege la diversidad étnica y cultural, especialmente de los pueblos indígenas, mandato que tiene su desarrollo en la Ley 21 de 1991 y hay una protección especial para costumbres como el cultivo ritual o medicinal de la planta de coca, Erythroxylum coca o kuka en quechua, permitiéndose a las comunidades indígenas unas plantaciones racionales por familia; las narcoguerrillas se han aprovechado de esta situación para obligar a esas comunidades a insertarse de lleno en la producción de plantas de coca. Cálculos muy conservadores estiman que el 17% de los plantíos ilícitos esta en territorios indígenas; en total se calcula que 41% de los 638.600 indígenas colombianos, o casi dos terceras partes de las comunidades indígenas, son afectadas en alguna medida por cultivos ilícitos. (PERAFAN, 1999), lo que a todas luces desborda esas necesidades culturales y ancestrales y esa producción realmente se utiliza para fines ilícitos, desmintiendo las afirmaciones de las Farc para exigir su legitimación.

De tal manera que cualquier acuerdo sobre el tema de cultivos ilícitos y narcotráfico debe comprender el análisis particular de cada área geográfica donde hoy yace el problema y no como una cuestión general, ambigua y etérea, que eluda la responsabilidad de las Farc en el tema o permita en extremo, considerar el narcotráfico ejercido por esa organización armada ilegal como algo conexo al delito de rebelión y otros.

Las Farc utilizan los sembradíos de coca, marihuana y amapola, como campos de guerra; la oposición mafiosa a la erradicación manual, que no causa daños ambientales, se hace mediante la utilización de artefactos no convencionales enterrados y amarrados a la raíz de la planta y que se accionan cuando se jala ésta para su erradicación; esa acción criminal indiscriminada ha dejado centenares de víctimas no sólo de la Fuerza Pública, sino principalmente de los trabajadores civiles de los planes de erradicación manual, que son hostigados también con francotiradores y otros medios delincuenciales por las diversas estructuras armadas o milicianos de la narcoguerrilla, tal como fue concebido en el llamado Plan Renacer ideado por el abatido Alfonso Cano.

Ahora bien, el asunto de los sembradíos de coca y otras plantaciones ilícitas es un tema crucial en estas negociaciones de La Habana y, como señalan algunos analistas y medios, las coincidencias no pueden generalizar el problema a que la sustitución de cultivos sea adecuada y sustentable para los campesinos (VANGUARDIA, Et.al.), como un mero enunciado teórico, como una utopía que legitime la continuidad del negocio criminal mientras se dan las condiciones estructurales para su erradicación; condiciones que nunca serán satisfactorias para quienes obtienen ganancias del orden de los 350 a los 2.500 millones de dólares anuales del narcotráfico, lo que serviría como excusa para legitimar la continuidad del negocio sin limitaciones en el tiempo y en el espacio.

De cara a la comunidad nacional e internacional, sobre este punto deben hacerse claridades absolutas y en tiempo real sobre cualquier acuerdo; acuerdos que no pueden condicionarse a reducir al Estado colombiano en el tramitador de liberaciones o impunidades para los cabecillas narcoterroristas frente a reclamaciones judiciales de otros Estados por narcotráfico, lavado de activos, secuestro y homicidios, como las que cursan en virtud de acuerdos internacionales firmados por Colombia tiempo atrás con la justicia internacional. Aquí no podrá argüirse el desgastado llamado a que la justicia no puede ser un obstáculo para la paz.

La definición real del problema de cultivos ilícitos y narcotráfico no es aislada a la exigencia de las llamadas Zonas de Reserva Campesina exigidas por las Farc; más de la mitad del área sembrada con coca (63%) se concentra en 4 departamentos: Nariño, Putumayo, Guaviare y Cauca. Y aunque hoy, gracias al sacrificio de nuestra Fuerza Pública, los cultivos están más dispersos en el territorio y las concentraciones de cultivos de coca son menos frecuentes; sin embargo, el 23% de los cultivos reportados en 2011 se asocian a los municipios de frontera en el sur del país (UNODC – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito., 2012), situación que se repite en El Catatumbo, Arauca, Guaviare y el Urabá chocoano y antioqueño, que corresponden precisamente a las áreas geográficas donde delinquen las estructuras criminales y milicianos de las Farc.

En este punto nuevamente las Farc quieren explotar cierta ingenuidad social sobre un eventual acuerdo de paz a partir de la obtención de ganancias políticas que legitimen su accionar en 50 años de depredación irracional contra el pueblo colombiano sin responder por ello.

 
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Publicado por en diciembre 4, 2013 en Opinión Pública

 

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