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SOFISMAS JURÍDICOS Y POLÍTICOS FRENTE A DECISIÓN DISCIPLINARIA DE PROCURADURÍA

09 Dic

SOFISMAS JURÍDICOS Y POLÍTICOS FRENTE A DECISIÓN DISCIPLINARIA DE PROCURADURÍAA raíz de la decisión en derecho de la Procuraduría General de la Nación PGN, de destituir al alcalde de Bogotá e inhabilitarlo políticamente por 15 años, no sólo el funcionario y sus voceros acuden a las acciones de hecho para desconocer la decisión jurídica, sino que surgen toda una andanada de sofismas para confundir y desorientar a la sociedad capitalina y colombiana.

Dicen los defensores de Gustavo Petro que se viola el derecho a elegir y ser elegido, que un funcionario público electo popularmente no puede ser sancionado disciplinariamente por el Procurador y mucho menos inhabilitado, sino que en atención a la Convención Interamericana de DD.HH sólo puede hacerlo un juez competente.

Lo primero, el hecho de ser elegido no le concede un fuero especial en materia disciplinaria a ningún funcionario y en ese campo sólo el Presidente y los Magistrados tienen un juez diferente, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, todos los demás son sujetos del poder disciplinario preferente de la Procuraduría. La Constitución Política en su art. 277.6 señala como función de la Procuraduría ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley, otorgándole además a la PGN atribuciones de policía judicial.

De tal forma que lo obrado en torno a Gustavo Francisco Petro Urrego es perfectamente ajustado al ordenamiento constitucional y legal, teniendo en cuenta además que el proceso adelantado contra él duró más de un año y se le concedieron todas las garantías propias del debido proceso y el derecho a la defensa de que trata el art. 29 de la Carta, siendo de conocimiento general que en todo el tiempo el mismo alcalde y sus defensores recurrieron a toda suerte de artimañas legales y políticas para dilatar y entorpecer el proceso sin poder demostrar ausencia de responsabilidad disciplinaria del burgomaestre frente a los cargos elevados por la PGN.

Señalan los petristas que se viola el derecho fundamental a elegir y ser elegido y para desempeñar cargos públicos (art. 99 C.N.), lo que constituye otra falaz afirmación en tanto la PGN no lo investigó por esas causas sino por decisiones administrativas que ocasionaron daño al patrimonio distrital, que fueron contrarias al ordenamiento administrativo, comercial y civil vigente, por abrogarse facultades no contempladas en la Constitución (art. 322 y s.s. C.N.) o la ley, inconductas disciplinarias materializadas en decisiones sobre el manejo de basuras en la ciudad en diciembre de 2012 al pretender supuestamente cumplir una orden de la Corte Constitucional para incluir recicladores en el proceso de recolección y disposición de residuos, pero yendo más allá al determinar crear una empresa distrital anexa a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado sin los correspondientes estudios técnicos y de factibilidad.

Para los detractores de la PGN, la decisión tomada convirtió “errores gerenciales” en faltas disciplinarias y eso sería una arbitrariedad; pero no pasa de ser un pobrísimo argumento porque ni la administración pública es un negocio de riesgo financiera donde puedan asumirse como propias las pérdidas generadas por un error gerencial, ni puede ejercerse al libre albedrío e interpretación del funcionario de turno; las funciones públicas están regladas y faltar a ellas por acción o por omisión acarrea consecuencias disciplinarias. Seguramente si Bogotá D.C. fuera una empresa privada, sus accionistas habrían obrado igual ante la pésima gestión y el daño ocasionado por el señor Petro Urrego, destituyéndolo del cargo, la diferencia es que en este caso si lo harían responsable de las pérdidas, en la función pública no, allí eso se queda impune y los ciudadanos terminan asumiendo esos costos; en el caso de las basuras más de 29 mil millones de pesos.

Lo que ahora llaman “errores gerenciales” son acciones u omisiones que afectan la administración pública; ahora bien, Petro no puede aducir que lo sucedido con el manejo de basuras y posteriores consecuencias fueron hechos derivados de error de hecho invencible, puesto que además de existir la legislación y jurisprudencia necesaria, concurrieron advertencias de diversos organismos de control nacionales y distritales que advertían sobre el riesgo y él estaba en capacidad de evitarlo, pero prefirió insistir en imponer su voluntad que en atender los mandatos legales, de tal manera que no existió el “error gerencial” que ahora invocan para desconocer el fallo de la PGN, existe jurídicamente una verdadera infracción del deber funcional probada en el curso de la investigación y que no pudo ser desvirtuada por la defensa del burgomaestre.

Petro estaba advertido por esos organismos de control de la incursión de faltas disciplinarias, así se lo hizo saber la Personería Distrital y otros entes, pero actuó con plena conciencia de cometerlas, por lo que no puede argumentarse ninguna de las causales de ausencia de responsabilidad disciplinaria contempladas en el art. 28 del Código Disciplinario que le es aplicable.

Decir que el Procurador no es el juez disciplinario competente para destituirlo e inhabilitarlo por faltas al CDU, es desconocer la realidad constitucional nacional en tanto fue declarado exequible por la Corte Constitucional, incluyendo el reconocimiento de esa calidad jurisdiccional del Procurador sobre los funcionarios que desempeñan cargos públicos de elección popular.

La decisión de la PGN no es gratuita, ni tendenciosa, ni busca satisfacer intereses políticos como ahora quieren presentarlo los detractores del Procurador; se siguieron todos los procedimientos disciplinarios y se garantizaron todos los derechos fundamentales del investigado como se observa en los más de 500 folios que constituyen el expediente. Por causales similares se han sancionado más de 300 funcionarios elegidos por voto, alcaldes, gobernadores y miembros de corporaciones públicas como Senado, concejos y asambleas en todo el país, entonces nunca se dijo tal cantidad de sandeces como las que ahora se expresan para defender al alcalde de Bogotá.

De tal manera que no se justifica que abusando abiertamente del poder y utilizando recursos públicos como el canal de televisión de Bogotá, que es público, disponiendo del tiempo de otros funcionarios públicos obligados a asistir y disponiendo de toda una parafernalia que afecta los recursos de la capital, el alcalde Petro convoque un mitin de carácter eminentemente político particular para oponerse al fallo sancionatorio e incitar a un desconocimiento de las instituciones públicas, casi que a la asonada; acto público en el que además participa una candidata a la presidencia por la UP y un candidato al Senado por la Alianza Verde, algo absolutamente vedado por la ley de garantías electorales que está obligado a respetar.

Lo que acontece en Bogotá en torno al alcalde Petro no puede ser visto como un evento más de la tropicalidad política, como una anécdota más de mundillo farandulero; es grave que un funcionario público llame a desconocer la constitucionalidad y la legalidad del país e invite a una especie de golpe de estado civil para cambiar la Constitución y así quedarse en el puesto como Petro lo ha hecho hoy; esta inusitada sublevación ante el orden político legítimo merece un serio pronunciamiento de los poderes públicos y el inicio oficioso de investigaciones de carácter penal para establecer eventuales violaciones del estatuto punible por parte del alcalde y demás funcionarios distritales que participaron en el acto político de hoy.

Algo ilícito se presenta cuando al calor del discurso Gustavo Petro manda un mensaje a los voceros de la narcoguerrilla en La Habana diciéndoles que la negociación es un engaño del gobierno, aun cuando después trate de remediarlo invitando a mantener el espíritu de la paz; allí hay una clara intención de sabotear un proceso del Estado por motivaciones particulares como es el deseo de promover una insurrección popular por la decisión de destituirlo e inhabilitarlo tomada por la PGN.

 
1 comentario

Publicado por en diciembre 9, 2013 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “SOFISMAS JURÍDICOS Y POLÍTICOS FRENTE A DECISIÓN DISCIPLINARIA DE PROCURADURÍA

  1. martha

    diciembre 11, 2013 at 12:49 pm

    Bien hecho Señor Procurador, la Justicia y las Leyes son para todos.

     

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