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EL PAIS DESCUADERNADO

14 Dic

EL PAIS DESCUADERNADOHace unos años el ex presidente Carlos Lleras Restrepo utilizaba ese calificativo en la revista Nueva Frontera que él dirigía, para referirse al desorden institucional que imperaba. El estadista meses antes de la instalación de la Constituyente (1.991), encargada de reformar la Carta Magna para adecuarla a la era actual, advirtió de los peligros que se cernían ante la inminencia de un “país descuadernado”, dada la corrupción y los malos manejos que anticipadamente se advertían en el aparato del estado (LOZANO M., 2012)

A finales del siglo pasado y derivados de los escándalos de narco gobierno (1994-1998), de la acción delincuencial de las autodefensas ilegales y las narcoguerrillas, que habían producido hondas fracturas en el tejido social y político y una debilidad creciente en las instituciones, analistas de todo tipo llegaron a considerar a Colombia un país inviable o nación fallida, sumándonos a una condición de parias universales.

Debe recordarse que el concepto moderno de Estado surge a partir de la Paz de Westfalia (1648), basado en el principio de soberanía nacional como respuesta a  los “imperios preceptores de tributos” y los esquemas de “soberanías fragmentadas” (ciudades-estado y federaciones urbanas) para imponerse como sistema de organización humana prevalente en el mundo (FLÓREZ, 2011); hoy existen 192 estados reconocidos.

Los  fines esenciales del Estado colombiano están definidos en el art. 2 de la Constitución Política de 1991: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

De tal manera que esos fines no se cumplen cuando las instituciones y autoridades se muestran en incapacidad de llevar a cabo esos fines; cuando esa organización política que configura el Estado es incapaz de garantizar esos derechos y libertades que llevan a los hombres a asociarse en una nación, esencialmente de los derechos fundamentales y de la exigencia del cumplimiento de los deberes de los ciudadanos incluidas sus autoridades.

Colombia, un país que vivió la mitad de los años del siglo XIX y sesenta de los cien años del XX inmersa en algún tipo de guerra, sin duda ha conocido múltiples períodos de fracaso estatal. Paul Oquist documentó el “colapso parcial” que sufrió el Estado colombiano durante el desangre humano y el derrumbe institucional que supuso la época de “La Violencia” (1948-1958). Igual ocurrió durante la llamada “doble guerra” que libró el Estado colombiano en la década de los ochenta contra el narcoterrorismo del Cartel de Medellín y la fugaz unión de todos los grupos guerrilleros en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (FLÓREZ, 2011), y, como señalamos anteriormente, en la dolorosa historia del cuatrienio 1994-1998 y el fallido proceso de paz 1998-2002 con el mismo grupo narcoterrorista que hoy se negocia.

A diferencia de otros países del continente, Colombia en la segunda mitad del siglo XX no sufrió la ruptura institucional de gobiernos de facto, por el contrario se pensaba en una nación con una democracia pujante y consolidada especialmente a partir de la derogatoria de la Constitución del 86, la inclusión de los llamados derechos humanos de IV generación y la apertura a las nuevas realidades nacionales y mundiales con la Constitución Política de 1991, en cuyo diseño intervinieron todas las fuerzas políticas incluida la izquierda más radical y los movimientos armados ilegales desmovilizados y reincorporados a la civilidad.

Los últimos acontecimientos de escándalos de corrupción en la administración pública y especialmente en la administración de justicia, los enfrentamientos entre poderes públicos, organismos de control y la más reciente sublevación del alcalde la capital llamando a desconocer la institucionalidad por una sanción disciplinaria, convocando marchas públicas y utilizando el poder y los medios institucionales a su disposición para su causa particular, dejan un amargo sinsabor y una inmensa duda sobre la viabilidad del actual Estado.

Resulta más peligroso cuando el caso particular del burgomaestre bogotano se amarra al proceso de diálogos que en La Habana adelanta el gobierno con las narcoguerrillas de las Farc en una inaceptable extorsión al Estado; recurriendo perversamente al desconocimiento del debido proceso legal, tiene recursos legales para controvertir la sanción y probar la inexistencia de los cargos disciplinarios, convierte un hecho jurídico en una razón política para exigir impunidad y doblegar la institucionalidad legítima con la amenaza del desorden social.

Peligrosas resultan también las manifestaciones del Ministro de Justicia y del Fiscal General que acuden en auxilio del alcalde capitalino deslegitimando la acción de la Procuraduría y ponen en duda la vigencia de esa institución reconocida en el Cap. 2 del Título X de la Carta; ya el Fiscal había comenzado una acción deslegitimadora similar con la Contraloría General por una investigación fiscal que le adelantan en razón de denuncias de terceros en su contra. Estas conductas concurren necesariamente a justificar la exigencia de las Farc de que sea una constituyente la que apruebe los acuerdos de La Habana y permita una reforma estructural integral del Estado.

Por la misma vía, alcalde de Bogotá señala públicamente que ya son aplicables los acuerdos alcanzados en el punto 2 de la agenda de La Habana, la participación de las Farc en política, reclamando ese derecho para aparatos políticos afines a la narcoguerrilla que lo apoyan en su lucha contra el Estado disfrazada de desobediencia civil y con más violaciones constitucionales y legales porque la adelanta con recursos públicos.

Ante este descuadernamiento evidente el presidente de la república está obligado no sólo a llamar a los representantes de los poderes públicos y órganos de control a la cordura, sino a tomar las medidas pertinentes para poner en orden al díscolo e insubordinado funcionario distrital so pena de dejar sin valor la legitimidad institucional.

 
3 comentarios

Publicado por en diciembre 14, 2013 en Opinión Pública

 

3 Respuestas a “EL PAIS DESCUADERNADO

  1. martha

    diciembre 15, 2013 at 1:56 pm

    Bien hecho Señor Procurador. Estamos con Usted.

     
  2. Gustavo Castro Peña

    diciembre 16, 2013 at 12:50 am

    Hola a las 2100 ya estaré en apto. Un abrazo. GCP

    Enviado desde mi iPad

     
  3. deicy avila

    junio 10, 2015 at 12:13 am

    b, utli7gi7uñi7g

     

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