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INJUSTIFICADA COACCIÓN AL PROCESO DE LA HABANA

18 Dic

INJUSTIFICADA COACCIÓN AL PROCESO DE LA HABANALas Farc quieren condicionar ahora el proceso de La Habana a la suerte legal del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, sancionado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación con destitución del cargo y una inhabilidad de 15 años para desempeñar cargos públicos. La decisión que aún no se encuentra ejecutoriada por contar el alcalde con recursos legales de defensa, ha sido controvertida políticamente y presentada como una inexistente persecución política del Procurador contra el ex guerrillero amnistiado por esa razón y por su militancia política, lo que ahora se dice es un obstáculo para la futura aplicación del acuerdo sobre participación política del que podrían gozar los componentes de las Farc.

A la presión política sobre la Procuraduría y la Presidencia se han sumado todas las vertientes de la izquierda y algunos sectores del liberalismo tradicional vinculados al conocido “samperismo”, en una serie de ataques a la persona del Procurador por razón de sus públicas creencias de fe y su ideología, pero que no han controvertido con razón y argumentos jurídicos reales la decisión de la destitución del alcalde.

El Partido Comunista señala, como lo sostienen los críticos del Procurador, que se castiga la decisión política del Alcalde Mayor de defender parcialmente lo público, afectando el control oligopólico de cuatro operadores oligarcas en el servicio de recolección de basuras. Se desconoce así la soberanía popular, el mandato popular  expresado en las urnas aplicando de manera fascista y provocadora la legalidad burguesa (ANNCOL-FARC, 2013)

Nada más lejano a la realidad y a una verdadera controversia de la sanción; cualquier espectador desapasionado puede contrastar esa razón con el contenido de la resolución de la Procuraduría y encontrará que el fundamento de la sanción no fue la por la defensa de lo público, al cambiar abruptamente el modelo de recolección de basuras, sino por la forma improvisada y carente de estudios previos técnicos y de viabilidad, que le han costado injustificadamente a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la no insignificante suma de 180 mil millones de pesos que hacen parte de ese patrimonio público que se dice defendía el alcalde con sus medidas.

Téngase en cuenta además, que en la crisis generada en diciembre de 2012 por la decisión administrativa de no renovar los contratos a los cuatro operadores privados y obstruirles el trabajo de los últimos días de vigencia del contrato, incluyendo la orden de no dejarlos entrar al relleno sanitario a depositar residuos y amenazando con utilizar la policía para hacer cumplir esa orden, se generó una situación de grave riesgo ambiental y afectación a la salud de los habitantes. La crisis sólo pudo ser superada al reversar la alcaldía su decisión y llamar a esos mismos operadores que tildaba de mafiosos y oligopólicos para renovar los contratos y prestar el servicio de recolección de basuras.

Informes de prensa de la época señalaban como el Distrito no previó que el inicio de operación del servicio público de aseo debía comenzar a las cero horas del martes 18 de diciembre de 2012, fecha en la que finalizaban tres de los cuatro contratos de los operadores privados encargados de recolectar la basura de la ciudad. La administración no sólo no recogió la basura producida en la madrugada del martes, sino que empezó a prestar el servicio después de las ocho de la mañana. Ese día, según la misma Alcaldía, Aguas de Bogotá recogió 1.192 toneladas de basura de las 6.000 que se producen a diario en Bogotá (EL-TIEMPO., 2012)

El grado de improvisación llegó más allá; al suspender los contratos de los operadores privados y asumir la prestación directa del servicio, el Distrito Capital no contaba con los equipos y operadores necesarios para atender la demanda del mismo, se tuvo que improvisar con volquetas violando normas legales sobre el particular y posteriormente mediante el alquiler en EE.UU de equipos en mal estado a un costo elevado y cuyo destino final aún es indefinido pues se encuentran en la ciudad de Bucaramanga sin que hayan podido ser devueltos a sus propietarios en el país norteamericano. Esos vehículos tampoco cumplieron el 100% del propósito para el que fueron traídos, por lo que se generó detrimento patrimonial.

Posteriormente y en la misma de improvisación, la alcaldía decide la compra de vehículos y equipos de aseo pretermitiendo todas las normas de contratación pública, de los cuales solo utiliza el 50%, mientras los restantes sufren deterioro por exposición a la intemperie y con un costo demasiado alto para la capital que es motivo de investigación fiscal y que puede sobrepasar los US$70 millones de dólares. Tal fue el grado de irresponsabilidad administrativa que un año después aún no se ha resuelto la situación laboral de los operarios de la empresa creada a sombrerazos.

Si esta es la defensa de lo público que reclama la izquierda y los críticos del Procurador para rechazar la destitución e inhabilidad del burgomaestre, que se aplicó también a otros funcionarios involucrados en el descalabro administrativo, estaríamos defendiendo las razones del estado fallido y de la anarquía total como ejemplo de administración. No puede, como pretenden algunos, tenerse como un simple riesgo de operación empresarial debido a la inexperiencia del alcalde, porque el patrimonio público no es de riesgo o especulación financiera para justificar tamañas pérdidas sufridas por la ciudad.

Tampoco es cierto que a Petro se le persiga en razón de su ideología o militancia política; ejemplos hay por centenares de mandatarios regionales y locales surgidos de la izquierda que ejercieron una buena administración y la culminaron sin contratiempos; uno de ellos quien fuera parte del gabinete de Petro, Antonio Navarro,   y renunciara precisamente por el autoritarismo e improvisación del alcalde, se desempeñó como Ministro y como Gobernador de Nariño y fue la Procuraduría la que pidiera preclusión de una investigación que en su contra se seguía por inversiones equívocas de dineros públicos.

Los argumentos jurídicos de defensa han sido traídos de los cabellos y hay consenso en un posible exceso de facultades otorgados a la Procuraduría por la Asamblea Constituyente, como lo reconoce el Vicepresidente Angelino Garzón, pero en manera alguna para favorecer un caso particular de un disciplinado se puede pretender por la vía de hecho cambiar lo que dice la Constitución Política; si se requiere una reforma al ente de control esta deberá hacerse mediante Acto Legislativo en el Congreso de la República y no mediante la coacción política interna o externa utilizando como amenaza la ruptura o fracaso del proceso que el gobierno adelante en La Habana con la narcoguerrilla.

Sobre la aplicabilidad de la Convención Americana de DD.HH es necesario insistir en dos aspectos. Uno, no es comparable el caso de Leopoldo López, candidato a la alcaldía de Caracas inhabilitado por el gobierno venezolano sin la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa y por razones puramente políticas, en tanto se le imputo un cargo que no había sido probado; con el caso del señor Petro, cuya investigación duró cerca de un año con el reconocimiento pleno de todos los derechos y garantías que a su favor consagra la Constitución.

Dos, la Convención Americana de DD.HH data de 1969, época en la que no había comenzado a desarrollarse el derecho disciplinario, razón por la cual sólo se menciona la jurisdicción penal. Tal convenio internacional no puede obstaculizar o limitar el desarrollo legal y jurisdiccional de un estado parte, de tal manera que invocar su aplicación taxativa es un exabrupto inaceptable. El derecho disciplinario en Colombia fue incorporado por la Constitución de 1991, fue declarado exequible por la Corte Constitucional y ha tenido el desarrollo teórico, doctrinario y jurisprudencial necesario para consolidarse como una norma aceptada por la nación colombiana en su aplicación sistemática, en tanto el caso Petro no es el primero que se presenta y no será el último.

 
1 comentario

Publicado por en diciembre 18, 2013 en Opinión Pública

 

Una respuesta a “INJUSTIFICADA COACCIÓN AL PROCESO DE LA HABANA

  1. Nestor Arboleda.

    diciembre 24, 2013 at 12:11 pm

    Eso seria lo unico que podia pasar…quien dijo que ese tal Petro servia para alcalde mayor de Bogota, despues de ser del M-19??? el que tiene las manois manchadas de sangre en el Palacio de Justicia???? es un imbecil sin conocimientos de ayudar a un pueblo, es un idealista en contra de las regulaciones sanas y democraticas de un pueblo. El y sus aliados son mequetrefes insensatos de ideas a favor del pueblo…y, aquellos como la FARC y demas son complices de sus engañpos a la nacion y mas al pueblo. Dejemos que griten y pataleen como asustados por la verdad y realidad de lo que no pudo hacer, cuando podia…ya le llego su hora! no olviden que nada dura cien años, ni nadie que lo resista. Colombiano, vuelva a las urnas y vote, por el mas idiota que cree puede hacer algo…

     

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