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LANGUIDO CIERRE DE AÑO EN LA HABANA

22 Dic

LANGUIDO CIERRE DE AÑO EN LA HABANAFinalizado el año de diálogos en La Habana con las Farc, muy poco es lo que transciende de su desarrollo y los posibles acuerdos parciales alcanzados; más allá del discurso optimista del plenipotenciario gubernamental Humberto de La Calle, sólo queda lugar a la especulación sobre los logros, diferencias y pendientes de tres puntos de la agenda de negociación ya tratados: El problema agrario, la participación política y el narcotráfico.

Finalizado el décimo octavo ciclo de conversaciones el único parte del gobierno es que nunca antes habíamos avanzado tanto en materia de acuerdos con las Farc como en esta ocasión y en relación con los frustrados intentos de diálogo anteriores, este es el cuarto intento en más de medio siglo de conflicto armado interno.

La participación de los ciudadanos en el desarrollo del proceso ha sido precaria y limitada a organizaciones previamente escogidas y representativas en su mayoría de movimientos, agremiaciones, sindicatos, etc., donde la izquierda tiene gran influencia e identidad ideológica con las Farc. En la realización de eventos como el Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral (Enfoque Territorial), o las Mesas de Consulta adelantadas por las Comisiones de Paz del Congreso, realmente se han terminado discutiendo las propuestas de las Farc para legitimarlas como resultado del consenso popular, aun cuando tales eventos han sido excluyentes política y socialmente y direccionados a darle legitimación al proceso y a la decisión gubernamental de adelantarlo.

Baste citar una constante presentada hasta ahora en el desarrollo de los tres grandes temas tratados, la exclusión de las víctimas ocasionadas por la narcoguerrilla; pareciere que gobierno y Farc hubiesen consensuado que los únicos voceros de víctimas son el MOVICE, el Colectivo de Abogados Jaime Alvear Restrepo y otras organizaciones componentes o afines de los mismos. A la isla de Cuba se vetó la presencia en la mesa de familiares de los secuestrados-desaparecidos, cerca de 3.000 colombianos entre los que se cuentan 946 soldados y policías, no se ha reconocido vocería de otras organizaciones que hablan por las víctimas del uso indiscriminado de armas no convencionales, de secuestrados, familiares de niños reclutados de manera forzada como instrumentos de guerra u objetos sexuales por los cabecillas de las estructuras criminales, de desplazados y desposeídos de sus tierras por las Farc especialmente en la antigua zona de distensión del Caguán.

En el transcurso de este año de diálogos se habla de víctimas para referirse única y exclusivamente a las ocasionadas por las autodefensas ilegales o agentes del Estado, pero de manera cínica las Farc han negado sistemáticamente ser victimarias, argumento tácitamente aceptado por las organizaciones de “víctimas” que si tienen presencia y por algunos funcionarios que incluso se han atrevido a señalar que la narcoguerrilla no ha cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra porque no existen condenas específicas por estas conductas reconocidas por el poder judicial colombiano.

Ahora bien, mientras que de lo que ocurre en La Habana los colombianos tienen una información vaga y más por los comunicados prepotentes de las Farc, que se muestran ahora de manera artificial como una organización armada victoriosa y políticamente vigente, la izquierda si ha sabido capitalizar políticamente movimientos y expresiones de inconformidad de sectores nacionales como se vio en el Paro del Catatumbo y el Paro Agrario; no sólo infiltrados por milicianos, terroristas y agentes políticos de las Farc, sino manipulados para servir como caja de resonancia de sus peticiones en la isla y con el afán de legitimar uno de sus objetivos estratégicos: consolidar su intención de obtener zonas de control integral territorial autónomas y bajo su exclusiva influencia político-militar en las llamadas 90 Zonas de Reserva Campesina ZRC, exigidas.

Pero no sólo es la agitación política al interior de organizaciones comunales donde la izquierda tiene influencia, también hay una verdadera ofensiva mediática en los más altos niveles políticos y jurídicos del país tendientes a socializar y legitimar por las vías de hecho los alcances del llamado marco jurídico para la paz y de participación política de los cabecillas de las diferentes estructuras criminales de las Farc sin que tengan que responder penalmente por las conductas en que han incurrido, especialmente por aquellas constitutivas de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El alto gobierno fue reestructurado políticamente para eliminar cualquier expresión de disenso o crítica a las políticas adelantadas, como venía ocurriendo por ejemplo en el Ministerio de Agricultura con las ZRC y otras propuestas de corte socialista sobre las que pueden existir acuerdos en la propiedad y uso de la tierra que podrían representar una reforma agraria forzosa.

Nunca en la historia nacional un funcionario público de alto rango, como es el Fiscal General de la Nación, había desarrollado una conducta de abierta militancia ideológica como lo hace el señor Eduardo Montealegre, quien no ha tenido reparo alguno en invadir esferas de otros organismos o poderes públicos. Argumentando una interpretación modernista del derecho y valiéndose de casos particulares como el del alcalde mayor de Bogotá, ha descalificado y ridiculizado abiertamente al Procurador General y ahora intenta orientar y dirigir la interpretación jurídica de la Corte Constitucional cuestionando instituciones democráticas establecidas en la Constitución Política con la amenaza implícita de que una interpretación diferente podría afectar el curso del proceso de La Habana.

Es grave para la democracia que el Fiscal General y el Ministro del Interior asuman la posición de defensores de oficio de un funcionario público afectado por una decisión del Ministerio Público de destitución e inhabilidad política como lo prevé la Constitución luego de adelantada la respectiva investigación disciplinaria preservando a su favor todas las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, cuestionando no sólo al Procurador sino la legitimidad de la misma institución.

En cualquier sociedad democrática el perfeccionamiento de sus instituciones para adecuarlas a las exigencias del derecho moderno se hace por canales legítimos; si en este caso las facultades otorgadas por los artículos 277 y 278 de la Constitución derivan en una peligrosa concentración de poder, lo adecuado es adelantar el debate y el proceso reformador en el Congreso a través de un Acto Legislativo y no mediante el debate mediático para satisfacción del morbo de la masa para presionar perversamente la Asamblea Constituyente que las Farc exigen en La Habana.

En este proceso de desinstitucionalización se permite incluso que el funcionario sancionado eluda la decisión legítima utilizando los recursos públicos para su causa particular como ocurre con el caso del alcalde de Bogotá, quien no sólo convoca manifestaciones masivas de respaldo político utilizando el tiempo y a los empleados del Distrito, sino que se apropia para el mismo fin de recursos como Canal Capital para ese fin. Ante estas vías de hecho, lamentable el gobierno ha sido tolerante y laxo aun cuando es evidente la violación del ordenamiento legal y constitucional  que debería garantizar los fundamentos mismos del Estado social de derecho.

En este caso esos funcionarios citados argumentan públicamente, con la complacencia del Ejecutivo, que debe darse desde ya cumplimiento al desconocido acuerdo político alcanzado en La Habana contrariando el anuncio inicial de que no hay acuerdos parciales sino que sólo serán válidos hasta lograr el acuerdo total y que este sea refrendado por los ciudadanos colombianos.

Este juego político constituye por sí mismo una amenaza real a la democracia y a las instituciones democráticas consagradas en la Constitución Política e indica que cualquier acuerdo será impuesto por las vías de hecho, aún un indulto y amnistía  técnica escondidos en la suspensión de penas y trabajo social como castigo a conductas repudiadas por la humanidad entera; de esa manera podría llegar a argumentarse que los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y narcotráfico son accesorios o conexos al delito de rebelión, que terminaría siendo considerado como un inexistente delito político en nuestra legislación y en contra de acuerdos internacionales como el Estatuto de Roma, para alcanzar una paz artificial a cualquier precio, incluso el de las libertades y garantías civiles de los ciudadanos con desprecio del deber de justicia, verdad y reparación a las víctimas de más de 50 años de criminal depredación contra el pueblo colombiano.

 
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Publicado por en diciembre 22, 2013 en Opinión Pública

 

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