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UN NUEVO EMBELECO MEDIÁTICO

23 Dic

UN NUEVO EMBELECO MEDIÁTICOResulta curioso que para tapar los escándalos suscitados por el enfrentamiento de los poderes públicos, organismos de control y el intolerable desprestigio de algunas instituciones de cara al proceso electoral que se avecina, ahora se recurra a un nuevo embeleco distractor, el papel de la CIA, la DEA y otros organismos internacionales en el intercambio de información de inteligencia y apoyo logístico para combatir un enemigo universal, el cartel narcoterrorista de las Farc.

El escándalo mediático que quiere generarse a partir de una información proveniente de EE.UU sobre la destinación de recursos económicos, de armamento e información de inteligencia al gobierno colombiano en operaciones conjuntas como Fénix, Jaque, Odiseo y otras, cosa común en la rendición de cuentas que los organismos de seguridad e inteligencia hacen en ese país, quiere ser mostrada como el descubrimiento del siglo, la intervención militar de EE.UU en el conflicto interno, como si no existieren cooperaciones similares de algunos países vecinos a favor de las Farc, hecho denunciado ante la misma OEA sin resultados hasta ahora.

Los acuerdos de cooperación y asistencia militar suscritos por Colombia con EE.UU, la Unión Europea e Israel, entre otros, no son nada nuevo, no constituyen un misterio o un acto que vulnere la soberanía del país; han sido y son necesarios para combatir con éxito las diferentes amenazas a la seguridad nacional por la acción de enemigos internos y para prevención de amenazas externas. Mostrarlos como algo grave no pasa de ser el mismo cántico de sirenas que la izquierda y en especial el Partido Comunista y las narcoguerrillas han entonado por más de medio siglo.

No es cierto, como señalan algunos sectores liberales y la izquierda colombiana, que tales acuerdos o convenios de cooperación militar constituyan una amenaza a la soberanía nacional; con Estados Unidos tales acuerdos vienen de vieja data y podría decirse a través de toda la historia republicana de Colombia, aún es más, existe un Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, que aunque obsoleto se encuentra vigente y legitima cualquier cooperación e intercambio de información, tecnología y asistencia para la defensa nacional.

La única inexequibilidad declarada por la Corte Constitucional no fue sobre la naturaleza de tales tratados sino referida a la mecánica de la presencia de bases militares foráneas en el país, decisión que tuvo un tinte político dado el escándalo suscitado por los países del club del socialismo del siglo XXI que lo vieron como amenaza a sus intereses nacionales y al ánimo expansionista y hegemónico del Foro de Sao Paulo. A raíz de esta declaración judicial el mismo Congreso de la República, del que hacen parte quienes hoy promueven el escándalo mediático, determinó la conformación de una Comisión de Seguimiento a los acuerdos militares suscritos por el país, de tal manera que no pueden aducir ahora que desconocían lo que se pretende mostrar como novedad con relación a los mismos (SENADO, 2009).

Ahora los enemigos de la cooperación militar con las Fuerzas Militares de Colombia, asumiendo el mismo discurso de las narcoterroristas Farc, quieren presentar como un asesinato la baja de bandidos como Raúl Reyes, el Negro Acacio, Martín Caballero y el mismo Alfonso Cano, como la de más de 60 cabecillas de las distintas estructuras criminales de esa organización armada ilegal.

No faltaría más que las Fuerzas Militares de Colombia y el gobierno nacional tuvieren que consultar con los sectores políticos que introdujeron al país la llamada combinación de las formas de lucha de la que surgieron las narcoguerrillas o con éstas en razón de los diálogos de La Habana, las operaciones militares que deben desarrollarse para contener y eliminar la amenaza que aquellas representan para la sociedad colombiana, como insinúa el director del MOVICE y representante comunista a la Cámara de Representantes.

Resulta ahora que todos los acuerdos de cooperación militar e intercambio de información y suministro de armamento ofensivo que firman los países del llamado socialismo del siglo XXI con Rusia, China, Corea del Norte e Irán si son legítimos y defensivos, mientras que los que suscribe Colombia en virtud del conflicto interno desatado por razones políticas es una amenaza o una violación a la soberanía nacional, absurda paradoja que quiere presentarse en la guerra jurídico-política que se libra contra nuestra institucionalidad militar.

No es cierto que para el caso específico de las operaciones adelantadas contra el narcoterrorismo todo elemento adicional de cooperación militar anexo a los acuerdos internacionales firmados por Colombia deba ser sometido a debate del Congreso, salvo que reforme sustancialmente la naturaleza de los mismos. Esos convenios son tratados simplificados que  se usan muy a menudo para completar o incluso para modificar los tratados en forma solemne (CONSTITUCIONAL, 2010), cuya protocolización en primer lugar es un acto potestativo del Presidente de la República como responsable de las relaciones internacionales.

En el caso que se quiere escandalizar mediáticamente, no es más que una adición al Plan Colombia suscrito desde 1999; en este caso, es claro que el Presidente de la República no está adquiriendo obligaciones internacionales que excedan, amplíen, rebasen o superen las que han sido previamente asumidas mediante un tratado celebrado con las formalidades anteriormente anotadas, como claramente señalara la Corte Constitucional.

No debe quedar duda de que la cooperación de las agencias de seguridad norteamericanas busca reforzar el alcance del Plan Colombia inicial como desarrollo de la capacidad disuasoria del Estado. Tras el éxito obtenido por la Fuerza Pública en desarrollo de operaciones de refinada complejidad como la “Fénix” y la “Jaque”, que supusieron importantes golpes a las organizaciones narcoterroristas, la intensificación de la actividad de interdicción, monitorización e inteligencia por parte de unidades norteamericanas –de conformidad con el acuerdo de cooperación– constituye un elemento adicional que viene a añadirse a la batería de instrumentos desarrollados por el Estado en el marco de la consolidación de la las políticas de defensa y seguridad colombianas para reforzar su capacidad disuasoria y anticipatoria frente a las organizaciones armadas ilegales.

Así las cosas el debate no pasa de ser otra expresión demagógica y populista para exaltar ánimos y obtener réditos electorales, sin embargo son actitudes que afectan necesariamente el desarrollo democrático e institucional del país.

 
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Publicado por en diciembre 23, 2013 en Opinión Pública

 

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