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DISCURSO TRASNOCHADO E HIPÓCRITA

27 Dic

DISCURSO TRASNOCHADO E HIPÓCRITAEn su campaña mediática de promover su imagen como víctimas, las Farc y sus aparatos políticos pretenden levantar una polvareda con el asunto de la colaboración de la CIA y los organismos de seguridad nacional de los EE.UU en la lucha mundial contra el narcoterrorismo, Información relativa a la Operación Fénix en la que se dio de baja al bandido Luis Edgar Devia Silva, Alias Raúl Reyes, en marzo de 2008. Ahora convierten una vieja información en un asunto de pseudosoberanía nacional y de falsa indignación para presionar políticamente a la sociedad y al gobierno colombiano.

Se duelen las Farc y sus apologistas de la presunta existencia de un programa secreto de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) por el cual el gobierno de Washington ayudó a las autoridades de Colombia a “asesinar” al menos a 24 “líderes” de la organización narcoterrorista, mediante un sistema de rastreo por GPS y el uso de bombas de alta precisión, asistencia que hace parte de un programa secreto ajeno al Plan Colombia; calificando de “crimen de Estado” las bajas producidas por la Fuerza Pública colombiana entre los componentes de las estructuras delincuenciales.

Dicen los narcoterroristas que tales programas de cooperación militar, de inteligencia y de suministro de tecnología de punta para su uso por las FF.MM nacionales pone en peligro los diálogos de La Habana y que corresponde a los ciudadanos colombianos exigir a su gobierno un esclarecimiento contundente en torno a lo publicado por el diario estadunidense The Washington Post  y, si es el caso, el cese de las operaciones conjuntas entre Washington y Bogotá, las cuales constituyen un lastre fundamental para poner fin al conflicto armado más antiguo del hemisferio (ANNCOL-FARC, 2013)

Nada señalan las Farc, o sus apologistas y defensores oficiosos, que pueda constituir violación de la soberanía nacional o injerencia en los asuntos internos de Colombia; todos los acuerdos de cooperación militar y policial que rigen en Colombia con la comunidad internacional se ajustan a lo ordenado en el art. 9 de la Constitución Política sobre la salvaguarda de la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional; han sido aprobados por el Congreso, en el cual tienen asiento movimientos políticos afines ideológicamente a la narcoguerrilla, conforme al mandato del art. 150.16 de la Carta y fueron aplicados conforme a la facultad expresa que el art. 189 ibídem le otorga al señor Presidente de la República.

Estos acuerdos y convenios no son entonces un capricho del gobierno de turno sino que se tratan de todo un conjunto integrado por normas jurídicas de naturaleza internacional, como los tratados y acuerdos complementarios que los desarrollan; por normas de rango constitucional que establecen los parámetros sobre los cuales se desarrolla la política exterior y el respeto a los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Junto a esos pilares fundamentales de la cooperación, se encuentran también las normas que aprueba el Congreso y las reglamentarias de las mismas que expide el Ejecutivo y  su desarrollo administrativo por las distintas entidades que tienen bajo su responsabilidad los diversos temas que encierra la cooperación.

La vigencia de convenios, acuerdos o pactos de cooperación militar que ha suscrito Colombia con diversos países tiene un significado básico y legítimo; literalmente esos convenios no son otra cosa que la “Acción simultánea de dos o más agentes que obran juntos y producen un mismo e idéntico efecto”. En sentido más lato se llama cooperación a “la ayuda, auxilio o socorro que se presta para el logro de alguna cosa” y en el caso del apoyo logístico de EE.UU a Colombia para adelantar acciones militares contra las organizaciones criminales narcoterroristas o Bacrim, se persigue un fin común universal vigente y que fue aprobado por la ONU en su estrategia amplia contra el terrorismo del 10 de marzo de 2005.

No debe olvidarse que las Farc directamente o mediante la conformación de grupos criminales han cometido delitos de secuestro, extorsión y asesinato de ciudadanos en Venezuela, Ecuador y Paraguay, afectando a demás a millones de ciudadanos en el mundo entero con su actividad narcotraficante, por lo que es un imperativo mundial combatirlas con todos los recursos disponibles; las Farc están calificadas internacionalmente como una organización terrorista y atacarlas donde quiera que se encuentren es un acto legítimo conforme al derecho internacional y a las resoluciones de la ONU sobre el particular.

De la misma forma que lo hacen los Estados Unidos y la Unión Europea, Colombia ha contado con cooperación militar para combatir a las Farc de las Fuerzas Militares de Venezuela, Ecuador y Perú, aunque se exprese en casos como el de alias Raúl Reyes por parte de algunos gobiernos afines ideológicamente con la narcoguerrilla reticencia a considerarlas terroristas y se preste un apoyo soterrado a sus estructuras permitiendo incluso el uso de territorio soberano de esos países para el establecimiento de campamentos bajo la argucia de la acción humanitaria, hecho que fue denunciado en el caso específico de Venezuela por el gobierno colombiano ante la OEA.

Hay organismos ideológicos como el Movimiento Continental Bolivariano y el mismo Foro de Sao Paulo, donde se ha prestado un desleal reconocimiento a las organizaciones narcoterroristas, violando acuerdos internacionales y por ende constituyéndose de hecho en violación a la soberanía colombiana y en injerencia en los asuntos internos; no debe olvidarse que esos órganos políticos tienen reconocimiento de los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI y el bolivarianismo creado por el fallecido Hugo Chávez y continuado por sus sucesores. Eso sí es lo que debe indignar a la ciudadanía colombiana exigiendo al gobierno nacional claridad sobre el apoyo político y logístico a la principal amenaza contra la democracia y la libertad de nuestro pueblo.

 
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Publicado por en diciembre 27, 2013 en Opinión Pública

 

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