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GOLPE AL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

15 Ene

GOLPE AL ESTADO SOCIAL DE DERECHOSi algo hacía falta para completar el estado de postración moral de nuestra justicia, ese algo se acabó de presentar en el día de ayer con la decisión del  , de conceder una medida cautelar, suspensión de la aplicación de la sanción impuesta por la Procuraduría, a favor del alcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego atendiendo una tutela interpuesta por un tercero, José Gotardo Pérez Soto, contratista de la Administración Distrital.

El Magistrado Armenta tiene vínculos con la administración distrital pues su esposa, Cecilia Calderón Jiménez, ocupa un alto cargo en la Empresa de Acueducto de Bogotá, una de las entidades comprometidas en el caso de las basuras por el que la Procuraduría destituyó no sólo al alcalde, sino al anterior gerente de esa entidad y otros funcionarios. La señora Calderón Jiménez fue vinculada a la empresa distrital al comienzo de la administración Petro y se desempeña como Directora de Activos Fijos, área que por su naturaleza tiene que ver con la afectación patrimonial que la EAAB pudo tener con el traslado del servicio público domiciliario de aseo que hiciera en diciembre de 2012 el burgomaestre.

Informaciones de prensa dan cuenta de las gestiones que el Magistrado Armenta había realizado antes de la posesión en la EAAB de su esposa, para que la hoja de vida de esta fuera tenida en cuenta en la Procuraduría General de la Nación como Procuradora Delegada habiendo recibido una respuesta negativa del Ministerio Público en un caso ordinario de clientelismo. Sobre el particular el Magistrado Armenta se limitó a señalar que “todo el mundo tiene derecho a trabajar y no recuerdo si directamente yo haya hablado con alguien de la Procuraduría por lo de una hoja de vida” (SEMANA, 2014)

Por si fuera poco escandalosa esta situación, el mismo Magistrado Armenta fue investigado por sus decisiones como magistrado del Tribunal Administrativo de La Guajira y su caso llegó a la Corte Constitucional que cerró ese capítulo judicial. Armenta fue destituido en noviembre de 2004 por un caso de tutela presentada por Casimiro Cuello Cuello, candidato a la alcaldía de San Juan del Cesar (Guajira), contra el Consejo Nacional Electoral e 2000. La demanda se le asignó al Tribunal Administrativo de La Guajira que falló el 7 de diciembre de 2000, tutelando el derecho fundamental invocado, y luego ese mismo Tribunal asumió la demanda electoral presentada por la misma persona. El magistrado fue destituido y puso una tutela y en septiembre de 2006 esa decisión fue revocada por la Corte Constitucional.

Estos antecedentes del Magistrado José María Armenta Fuentes han motivado una nueva investigación del Consejo Superior de la Judicatura, que debe reunirse en el día de hoy para estudiar si pudo incurrir en falta disciplinaria, ética o moral con su accionar en torno a la tutela que suspende la destitución del alcalde de Bogotá.

En cuanto a esta tutela como tal, es irregular que haya sido interpuesta por persona sin legitimación jurídica en la causa para invocar la protección de unos derechos fundamentales que afectaban a un tercero ante un presunto daño de un acto administrativo que aún no ha sido notificado al interesado en el asunto.

Aunque una de las características procesales de la acción de tutela es la informalidad, la propia Corte Constitucional ha indicado que la legitimación para presentar la solicitud de amparo, así como para actuar dentro del proceso, debe encontrarse plenamente acreditada. Así las cosas, tanto la jurisprudencia constitucional, como las normas que regulan la materia, coinciden en señalar que la legitimación activa en la acción de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados; sin embargo, también es cierto que se consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la solicitud de amparo, a saber: (i) a través del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso.

En relación con la interposición de la acción de tutela a través de un agente oficioso, se ha señalado, conforme al artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que la agencia oficiosa se deriva de la imposibilidad del titular de los derechos fundamentales de promover su propia defensa ante el juez de tutela. Es decir, a fin de garantizar la protección y eficacia de los derechos fundamentales del agenciado, la ley y la jurisprudencia admiten la interposición de la acción de tutela a través de un tercero indeterminado que actúe en a su favor, sin la mediación de poderes. En este sentido, la Corte ha manifestado en múltiple jurisprudencia que la presentación de la solicitud de amparo a través de agente oficioso, tiene lugar cuando: (i) el agente oficioso manifiesta actuar en tal sentido; y, (ii) de los hechos y circunstancias que fundamentan la acción, se infiere que el titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados se encuentra en circunstancias físicas o mentales que le impiden su interposición directa. Así las cosas, si en un caso no se llegare a cumplir con cualquiera de las condiciones antedichas, se configurará falta de legitimación en la causa y el juez estará obligado a rechazar por improcedente la respectiva acción de tutela.

En el presente caso, el señor José Gotardo Pérez Soto no acreditó legitimación en la causa mediante poder o mandato expreso, ni demostró que el señor Gustavo Petro Urrego estuviere imposibilitado física o mentalmente para accionar directamente en defensa de sus derechos, por lo que conforme a la normatividad sobre acción de tutela y la jurisprudencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca debió rechazar por improcedente la acción propuesta.

Si bien es cierto se deduce del texto del artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 1991, la “legitimidad e interés” en la acción de tutela se traduce en que ésta puede ser ejercida por cualquier persona que se sienta vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales; no menos cierto es que en la decisión del Magistrado Armenta, si bien se podría argumentar que los derechos de los ciudadanos que votaron por Petro se verían vulnerados por la decisión de destituirlo del Procurador, toda su argumentación se centra es en Petro y no en el derecho a elegir de Gotardo. En cuanto a la utilización de la tutela para proteger derechos colectivos y políticos, hay multiplicidad de Sentencias de la Corte Constitucional que señalan que ese no es el mecanismo idóneo en tanto los afectados cuentan con otras instancias judiciales para invocar dicha protección.

Ahora bien, es evidente que el derecho a elegir que invoca el señor Gotardo no fue afectado, porque él pudo ser parte de ese 30% de habitantes que en elecciones democráticas depositó su voto para elegir al señor Petro Urrego como alcalde del distrito capital, por lo tanto no hay vulneración alguna a sus derechos.

Pero lo monstruoso de la decisión del Magistrado Armenta está en el flagrante desconocimiento a las facultades que el art. 277 otorga a la Procuraduría General de la Nación para ejercer el poder disciplinario preferente sobre servidores públicos elegidos popularmente, algo ya resuelto por la misma Corte Constitucional. El juez dedica varias páginas a explicar el proceso de pérdida de investidura de los congresistas y otras tantas al proceso para investigar al Presidente y Vicepresidente en la Cámara de representantes. De estos casos concluye que el Procurador puede sancionar a funcionarios de elección popular salvo los de corporaciones públicas. E incluye en este concepto de corporaciones a los alcaldes y gobernadores, la flaqueza de este argumento –según los constitucionalistas consultados- es que si bien los congresistas tienen en común con los alcaldes que son elegidos popularmente en todo lo demás son diferentes. Comenzando porque los alcaldes tienen un rol ejecutivo. La argumentación de Armenta desconoce que se les aplica regímenes sancionatorios muy diferentes y que la Procuraduría si puede ejercer ese poder disciplinario en el caso Petro Urrego.

El galimatías jurídico creado por el Magistrado Armenta sólo esconde el interés personal que le asiste para cobrar revancha contra la Procuraduría por no haber nombrado a su esposa en su nómina y el de proteger el cargo de esta en la EAAB, donde el presidente de la Junta Directiva es el alcalde mayor de la ciudad y beneficiario en ultimas de la decisión tomada en contra del derecho.

 
2 comentarios

Publicado por en enero 15, 2014 en Opinión Pública

 

2 Respuestas a “GOLPE AL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

  1. Juan Herrera G.

    enero 16, 2014 at 4:11 pm

    El Magistrado muestra en plenitud nuestra rama jurisdiccional, plagada de fantoches sin conocimiento ni respeto por las normas, inventores de razones jurídicas en contra de la legislación establecida y ante todo mentores de intereses personales que saltan a la vista e indican el grado de corrupción de los togados. Esperamos los provincianos que la sala plena revoque este incordio cuya proyección no hemos calculado puesto que detrás de ese nefasto fallo se irán los mil y más Alcaldes sancionados en el país. De caerse esta falaz providencia debe irse a la calle quien interpreta a su modo la legislación colombiana y considera que su idea puede sobrepasar los límites que la Constitución Nacional pone a todos u cada uno de los colomibianos.

     
  2. Nestor

    enero 28, 2014 at 7:36 am

    No solo es el tal Armanta, el que esta centrado por causas personales en contra de la constitucion del pais. Es uno de los que vendio a Colombia, al fallar en contra de la re-eleccion de Uribe, y acabar con la Farc y los delincuentes del pais. Ahora estamos viendo las consecuencias de una partida de analfabetas ignorantes en el poder Judicial. Poco a poco se insita a la barbarie y desolucion de los derechos del hombre, que dejara escrito Nariño, en una epoca de obtener lebiertad, hoy la empañan, una partida de arratrasposos, imbeciles, que creen saber, lo que no entienden ellos mismos en contra del pais, con apoyos a la suciedad que empaña a Colombia, ellos la ensucian mas con esas ideas de analfabetismo y apoyo secundario a los demas, que creeen deben de entender, lo que enredan, para salirsen con la suya. El que no puede con su trabajo y la embarra, que se largue a otro gallinero a cacarear y deje el pais en Paz. Si tuvo su momento y no lo aprovecho y la embarro, que se queje al mono de la pila.

     

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