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PROPUESTA FARC SOBRE NARCOTRÁFICO Y CONTROL TERRITORIAL INTEGRAL

15 Ene

PROPUESTA FARC SOBRE NARCOTRÁFICO Y CONTROL TERRITORIAL INTEGRALLa propuesta presentada en el día de ayer por la narcoguerrilla Farc sobre el punto concerniente a narcotráfico, no sólo involucra el aspecto agrario sino todo un diseño que les permita acceder al poder y control territorial integral de las zonas dedicadas a los cultivos ilícitos, su procesamiento y comercialización, señalando que sólo esa es la “solución de la problemática económica y social del campesinado que se ha visto obligado a cultivar la hoja de coca, la amapola o la marihuana, a fin de avanzar en la generación de condiciones materiales e inmateriales para el buen vivir de las comunidades campesinas y de los núcleos familiares que las conforman” (ANNCOL-FARC, 2014)

Para alcanzar ese objetivo las Farc señalan que “El “Programa Nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana” será definido como capítulo especial del proceso de reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa. En ese sentido, el Programa deberá ser contentivo del derecho a la tierra y el territorio, que se debe garantizar a los campesinos y a las comunidades campesinas, así como de todas las políticas e instrumentos requeridos para hacerlo efectivo en términos reales y materiales, de acuerdo con las propuestas formuladas al respecto por las FARC-EP, y en consonancia con los acuerdos parciales pactados con el Gobierno nacional en la Mesa de conversaciones. Particular importancia reviste el reconocimiento efectivo de las Zonas de Reserva Campesina” (ANNCOL-FARC. Et.al.)

En ese sentido las Farc contemplan así mismo que tales territorios serán excluidos de cualquier proyecto de minería a cielo abierto y gran escala, o de exploración y extracción de hidrocarburos; serán administrados y controlados por las comunidades directamente involucradas de forma autónoma con respecto al Estado a través de Asambleas y Concejos que determinarán esas mismas comunidades y fundamentalmente que “La puesta en marcha del Programa supone la provisión de garantías y condiciones de seguridad para la población campesina que habita los territorios y las zonas objeto del Programa. Por ello, se hace necesario el inicio inmediato de la desmilitarización de dichos territorios, y su consecuente exclusión como zonas de guerra y de los “Planes de consolidación”. Los territorios objeto del Programa serán definidos como “Territorios de construcción de paz con justicia social”. La presencia del Estado deberá concentrarse en la provisión de bienes comunes, de dotaciones infraestructurales físicas, sociales y de recuperación ambiental, así como en el impulso y el apoyo a economías campesinas y populares sostenibles” (ANNCOL-FARC. Et.al.)

Así las cosas, en esos territorios el poder político, los poderes públicos y las instituciones de seguridad del Estado no tendrían ninguna injerencia, control o prevalencia; el Estado se limita a ser un pasivo proveedor de recursos que serán definidos y manejados autónomamente por los nuevos entes de gobierno regional: Consejos y Asambleas populares o comunitarias integradas exclusivamente por las comunidades campesinas de productores de hoja de coca, amapola y marihuana con exclusión de los demás habitantes del territorio, comunidades que tendrán la función de definir el Programa local, las políticas, los instrumentos y los mecanismos para su implementación, así como el seguimiento a su ejecución y cumplimiento.

Para el control de estas zonas exclusivas y autónomas, el Estado no podrá intervenir con ninguno de sus organismos judiciales, militares o policiales; ya hay voces que desde algunos sectores políticos en consonancia con las propuestas de las Farc, señalan la necesidad de crear un nuevo cuerpo de policía que se encargaría de la seguridad en esos territorios, el cual como debe esperarse estaría conformado por las actuales estructuras criminales de esa narcoguerrilla, con lo que ésta consolidaría el control integral sobre las llamadas zonas de reserva campesina o territorios de construcción de paz con justicia social. El argumento es artificioso y perverso, la necesidad de reintegrar a los terroristas que conforman esas estructuras criminales.

Ni el más ferviente y optimista defensor del actual proceso que se desarrolla en Cuba podrá dejar de advertir que esa propuesta significa ni más ni menos, que la escisión del territorio colombiano y la creación de una figura contraria a la establecida en el art. 1º de la Constitución Política que señala que Colombia es una república unitaria y que la autonomía de sus entidades territoriales consiste en el margen o capacidad de gestión que el constituyente y el legislador garantizan a las entidades territoriales para que planeen, programen, dirijan, organicen, ejecuten, coordinen y controlen sus actividades, en aras del cumplimiento de las funciones y fines del Estado. El límite máximo de la autonomía territorial tiene una frontera política entendida como aquel extremo que al ser superado rompe los principios de organización del Estado para convertirse en independiente, en algo diferente de aquella unidad a la cual pertenecen las entidades territoriales. En nuestro medio, el límite máximo lo señala el artículo 1º de la Constitución al establecer que Colombia es una república unitaria. (Sentencia C-1258/01, Corte Constitucional)

Entendida así la autonomía territorial, es evidente que la propuesta de las Farc rompe ese esquema de república unitaria para conformar tantos estados independientes como zonas de reserva o territorios de construcción de paz llegaran a crearse conforme al modelo presentado, lo que es inadmisible desde el punto de vista de la seguridad y la defensa nacional en razón de la territorialidad y la soberanía del Estado social de derecho colombiano y de los fines del mismo, enunciados en el art. 2º de la Carta.

Con respecto al delito de narcotráfico, las Farc proponen de manera absurda que este será legitimado a partir de la definición de los territorios y zonas que serán objeto de sustitución voluntaria y concertada de cultivos por planes de desarrollo alternativo, por una parte. Y los territorios y zonas en los que se mantendrá, por voluntad de los productores, una producción regulada por el Estado sea a través de procesamientos lícitos artesanales o industriales o de un sistema de compras estatales, orientados al abastecimiento del mercado interno o a la atención de la demanda internacional, por la otra (ANNCOL-FARC. Et.al)

Tal propuesta no es otra distinta a la de convertir a Colombia en un Narco-Estado aislado de la comunidad internacional, pues deberá renunciar a todos los acuerdos multilaterales de guerra al narcotráfico de los que actualmente hace parte, entre ellos la Convención de Viena, amén de toda la normatividad que rige para las relaciones internacionales en materia de comercio, transportes, etc., mientras esa comunidad internacional no varíe sus políticas de combate al narcotráfico y demás delitos conexos a este.

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Publicado por en enero 15, 2014 en Opinión Pública

 

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