RSS

REINICIAN DIÁLOGOS EN LA HABANA

15 Ene

REINICIAN DIÁLOGOS EN LA HABANAEn medio de un ambiente político convulsionado por la proximidad de las contiendas electorales de marzo y mayo del presente año, la destitución del alcalde de Bogotá y su utilización como argumento de presión al gobierno nacional, se reinician en La Habana los diálogos con las Farc tendientes a lograr el cese del conflicto armado interno.

La mesa retoma el punto relativo al narcotráfico o solución al problema de las drogas ilícitas como lo denominan los delegados de la narcoguerrilla, quienes quieren centrar la discusión en el tema del “problemático asunto del lavado de activos y de la captación de ganancias criminales por parte del sector financiero, protagonista principal, casi nunca mencionado, del flagelo del narcotráfico” (FARC, 2013), pretendiendo eludir la discusión sobre su responsabilidad en este flagelo criminal del cual se ocupan al menos el 70% de sus estructuras delincuenciales en el país.

Para algunos analistas el que las Farc hayan aceptado la discusión del asunto constituye un reconocimiento tácito de su participación en el delito internacional de narcotráfico y los conexos a él, sin embargo la solución al problema no puede quedarse en dicho reconocimiento sino en la adopción de medidas reales para la erradicación de los cultivos ilícitos, el procesamiento de alcaloides y la utilización del territorio nacional como centro de comercio de los narcóticos y en ello las Farc juegan un papel protagónico, no sólo renunciando al infame mercado sino entregando a las autoridades cultivos, laboratorios, rutas y elementos para su comercio, así como de las estructuras de las Bacrim que no hacen parte de eventuales acuerdos de paz con el gobierno.

Aquí no se trata de un sometimiento incondicional de las Farc en este aspecto como podría señalarse, sino de una mínima contraprestación a los amplios beneficios jurídicos que el gobierno les está otorgando en el marco jurídico para la paz y la implementación de una justicia transicional, que prácticamente deja sin castigo esta actividad criminal que no guarda ninguna relación o conexidad con el delito de rebelión, pero que si es hoy la causa directa del mantenimiento de una anacrónica combinación de formas de lucha, política y armada, bajo el pretexto de un socialismo del siglo XXI.

Es entendible que las críticas y cuestionamientos a la colaboración de organismos internacionales en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo sean ahora el caballito de batalla de las Farc, eso no es nada nuevo y seguramente no tendrá incidencia en el curso de los diálogos; su infundado señalamiento a las Fuerzas Militares y de Policía por dicha colaboración internacional ha sido una constante desde mediados del siglo pasado, unas veces con un argumento falaz y otras con derivaciones de los mismos, pero nada ha cambiado.

Las Farc recurren a un argumento mendaz para defender su posición con respecto al narcotráfico, la vinculación de las pretendidas zonas de reserva campesina a la sostenibilidad del negocio criminal mientras algún día se dan las condiciones para la sustitución de los cultivos, el procesamiento de alcaloides y su comercialización, para ello buscan explotar un trasnochado discurso contra la erradicación de cultivos señalando que “con la perversa excusa de la lucha contra el narcotráfico, no se debe seguir haciendo la guerra a las comunidades rurales solo para despojarlas de la tierra y seguirle abriendo paso a las multinacionales que saquean las riquezas de muestro país” (FARC, Et.al.)

No hay un solo caso que autoridades nacionales o la CIDH u otros organismos multilaterales esté investigando o haya sancionado referente a una relación de erradicación de cultivos ilícitos y despojo de tierras; acudiendo a la normatividad internacional y nacional vigente se han realizado procesos de extinción de dominio sobre predios de reconocidos narcotraficantes y testaferros de estos, pero no se ha afectado a comunidades rurales de manera ilícita. Los casos de abuso en la disposición de bienes incautados son materia de investigación de la misma Fiscalía General de la Nación tan propensa a ampliar el rango de cobertura de la justicia transicional a los cabecillas de las narcoguerrillas, por lo que no pueden temer o argüir impunidad en estos casos.

Al desviar la atención de la responsabilidad narcotraficante al sector financiero y al inexistente despojo de tierras, las Farc le apuntan a un objetivo político que sería una Asamblea Constituyente como lo han anunciado desde el inicio de estos diálogos, en dicha Asamblea buscarían darle rango constitucional a sus propuestas que no alcanzaron a ser acuerdos en la mesa, muchas más que lo precariamente acordado hasta ahora sobre el tema agrario y la participación política.

Mover los sentimientos de cientos de familias campesinas dedicadas forzosamente a los cultivos ilícitos por las mismas Farc o sus aliadas Bacrim, explotando reales condiciones de marginalidad y pobreza que golpean a los sectores agrarios primarios, es un elemento propagandístico y político importante, al que se suma ahora la acción política de la izquierda colombiana que quiere convertir el caso Petro en un símbolo de precariedad de nuestra democracia y una negación de esos derechos políticos que en La Habana se discuten.

Retando abiertamente el orden constitucional y legal el destituido alcalde no ha dudado en hacer uso de recursos públicos para promover aspiraciones políticas de la izquierda y fortalecer el discurso de la Asamblea Constituyente propuesta por las Farc; en eso, hay que reconocerlo, la narcoguerrilla y sus aparatos políticos han sido más hábiles que el estamento oficial y la sociedad colombiana misma, preocupados por las minucias politiqueras y clientelistas los partidos políticos tradicionales han abandonado hace tiempo la discusión a fondo y realista de los grandes problemas nacionales, entre ellos el terrorismo y el narcotráfico, como si estos pudieren desaparecer por decreto o meras muestras de buena voluntad.

Las Farc están vinculando cada punto de los diálogos con sus propósitos políticos explícitos en la llamada Plataforma Bolivariana para la Nueva Colombia, es así que frente al problema del narcotráfico señalan que este sólo puede verse como un problema social y no darle tratamiento punitivo y frente al cual “el país entero debe exigir la reforma agraria inmediata que acabe con el latifundio, redistribuya, restituya y formalice la propiedad de la tierra en beneficio de las inmensas masas rurales, respecto a las que cada día es más urgente destinar verdaderos programas, no de consolidación militar, sino de inversión social, que les lleve por fin la vivienda digna, la salud, la educación, y el buen vivir en general” (FARC. Et.al.)

Ello supone que en la pretendida Asamblea Constituyente no sólo se aborden los temas sobre los que no haya acuerdos en La Habana, sino que se retomen y amplíen los acordados incluyendo modelo económico, estructura de las Fuerzas Armadas y de Policía, relaciones internacionales y todos los inherentes a los fundamentos del Estado social de derecho para comenzar a imponer el modelo socialista bolivariano ya fracasado en los países vecinos, pero que las Farc y sus aparatos políticos se empeñan en presentar como el ideal para Colombia.

 
Deja un comentario

Publicado por en enero 15, 2014 en Opinión Pública

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: