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LA PAZ NO LLEGARÁ CON EL POSCONFLICTO

18 Ene

PUEDE HABLARSE DE COLOMBIA EN ETAPA POSCONFLICTOAlgo que debe tener claro la sociedad colombiana es que aun firmándose acuerdos con las narcoguerrillas Farc y eventualmente Eln, la violencia seguirá enseñoreándose en nuestros campos y ciudades por cuenta de las Bacrim y las estructuras terroristas que no acepten desmovilizarse para no renunciar al lucrativo negocio del narcotráfico y demás actividades criminales.

No se ve que en los acuerdos con las Farc se contemple que éstas entreguen cultivos ilícitos, laboratorios y rutas de comercio de coca y heroína, por el contrario, lo que están planteando es una legitimación del narcotráfico amparada en el tema agrario y las zonas de reserva campesina que exigen como condición para firmar el cese del conflicto.

En Colombia están dadas todas las condiciones para que se replique en fenómeno de las maras centroamericanas consolidadas después de la firma de acuerdos de paz con las guerrillas comunistas en la última década del siglo pasado y que hoy constituyen reales amenazas para el Salvador, Guatemala y Honduras, son verdaderas organizaciones transnacionales del crimen y sus tentáculos se extienden por toda Centroamérica y llegan a los EE.UU., siendo las más conocidas la mara salvatrucha y la mara m-18 que cuentan entre ambas con más de 56.000 hombres en armas.

Hoy en El Salvador, por ejemplo, las maras ponen en dificultades la gobernabilidad del presidente Mauricio Funes en vísperas de las elecciones y se presenta una extraña coincidencia con el momento político que vive Colombia; en efecto, Funes ha señalado que el movimiento ARENA utiliza políticamente la situación de violencia desmedida que vive El Salvador en sus constantes críticas a las políticas oficiales que incluyen acuerdos con las maras para rebajar el índice de criminalidad. Funes critica a ARENA señalando que “tanto el candidato a la Presidencia como a la Vicepresidencia de este partido han hecho del combate a la delincuencia su eje de campaña sin dar detalles de la forma en que la combatirán de llegar a ganar”, advirtiendo que el discurso de ARENA es de violencia y que están “anunciando “guerra y más guerra”, olvidando que la violencia solo genera más violencia” (Digital, 2014)

ARENA cuestiona duramente la actitud del presidente Funes con respecto a las maras y señala que “Todo parece haberse realizado con esa doble agenda que acostumbra el presidente Funes de desligarse de la tregua oscura cuando le conviene y vanagloriarse cuando disminuyen drásticamente las muertes, aunque ahora ya están alcanzando los mismos niveles. Inaudita fue la noticia que recibimos el sábado pasado que los jefes de maras se reunieron en Mariona y produjeron dos acuerdos: el primero, sobre el proceso de pacificación y el segundo, que “los pandilleros se comprometieron a crear las condiciones para que la colonia Escalón, sus comunidades, sus residentes y sus visitantes puedan convivir sin violencia y miedo”. O sea, que las maras ofrecen seguridad para la colonia Escalón y mientras tanto el Gobierno del Cambio calla” (MUNDO, 2014)

No cabe duda que la situación descrita en El Salvador es similar a la ya vivida en Medellín en julio del año pasado cuando iintegrantes de las combos delincuenciales de La Capilla y la Cancha, articulados de la banda ‘La Oficina’, y ‘Los de Ñeque’ y Barrio Bolsa, integrados a ‘Los Urabeños’, hicieron un pacto encaminado a reducir la intensidad al conflicto y la violencia en esa zona del suroccidente de Medellín (RADIO, 2013); es innegable que así mismo existe una alianza de las estructuras criminales de las Farc y las bandas narcotraficantes conocidas como Bacrim, compuestas en buena parte por elementos desmovilizados de las antiguas autodefensas ilegales y dedicadas a la comisión de diversos delitos, incluso para las mismas Farc que otrora combatieron.

Esta criminal alianza ha sido suficientemente documentada por organismos de seguridad y de la Fiscalía General de Colombia, se ha manifestado en hechos como el asesinato el 31 de julio de 2012 del comandante de la Policía de Carreteras de Antioquia, coronel Cristian Flórez, fue el resultado de una alianza “diabólica” entre las Farc y ‘los Urabeños’, quienes   estaban desesperados porque el oficial había neutralizado totalmente el tráfico terrestre de drogas en su jurisdicción (CORDOBA, 2012).

Es tan grave el fenómeno de las bandas criminales en Colombia que en tan sólo cinco años lograron reclutar un ejército de cerca de 8.000 hombres, “el mismo número de integrantes que tienen las Farc, y eso que la guerrilla va a ajustar casi medio siglo de existencia”. Las cifras redondas fueron entregadas por un alto oficial de la Policía que en los últimos tiempos ha venido cogiéndole el pulso a un problema que parece haberse salido de madre. En 27 de los 32 departamentos del país operan a sus anchas y traban alianzas con la guerrilla bajo una sola causa: el narcotráfico. Ya existen casos documentados de vínculos entre las organizaciones de Daniel El Loco Barrera, los hermanos Luis Enrique y Javier Calle Serna, conocidos como Los Comba, y los segundos en jerarquía de Pedro Guerrero, alias Cuchillo con los frentes 18, 34, 58, 57, 24, 43, 1 y 10 de las Farc. Es más, fuentes de inteligencia que han aportado importante información sobre eventuales reuniones entre El Loco Barrera y miembros del secretariado. Correos hallados en el computador del abatido jefe guerrillero Víctor Julio Suárez, alias el Mono Jojoy refrendan estos nexos con el único objetivo de defender los corredores de droga y las rutas al exterior. En Meta y Guaviare ya no se sabe si manda más John  40 de las Farc o El Loco Barrera. Nadie se impone en un negocio tan rentable que llena las arcas de ambos bandos. En Urabá antioqueño, Guaviare y Norte de Santander, la guerrilla del Eln tiene alianzas del mismo tipo con ‘Los Rastrojos’. (ESPECTADOR, 2011)

Estos hechos ciertos prueban hasta para el más optimista, que la paz y el posconflicto aún están muy lejos de ser realidad; de firmarse acuerdos con las Farc y Eln simplemente cambiarían algunas denominaciones del conflicto, desaparecería ciertamente la justificación política que en virtud de la llamada combinación de las formas de lucha han utilizado los sectores de la izquierda radical y pasaría a ser un conflicto eminentemente delincuencial común como es el del narcotráfico y sus delitos conexos, pero los actores seguirán siendo los mismos que hoy ocupan el escenario de las estructuras criminales de las narcoguerrillas.

En este escenario que algunos se empeñan en llamar posconflicto, el Estado tendría una enorme debilidad y esta radica en la imposibilidad jurídica para que las Fuerzas Militares puedan enfrentar las bandas criminales que subsistirán a los acuerdos con el narcoterrorismo. No puede olvidarse que el Congreso de la República negó facultades para ello recurriendo a dudosas interpretaciones del Derecho Internacional Humanitario desde 2012, incluso señalando que las acciones de militares contra esta delincuencia organizada podrían ser consideradas delictuosas. Sectores políticos opuestos al actual presidente de Colombia han señalado insistentemente que las bandas criminales deben ser calificadas como grupos armados y no como simples organizaciones delincuenciales, definición no compartida por los congresistas afines al mandatario argumentando que un cambio normativo para permitir que las FF.MM combatan a las bandas criminales implicaría a la luz del DIH un reconocimiento de grupo armado ilegal como se define hoy con relación a las narcoguerrillas.

Así las cosas, no cabe duda que la paz seguirá siendo un sueño lejano y que las condiciones de violencia no sólo se mantendrán pese a los acuerdos a que se llegue con la narcoguerrilla, sino que tendrán un incremento como ocurre en Centroamérica frente al cual el Estado no está preparado legalmente para enfrentarlo.

 
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Publicado por en enero 18, 2014 en Opinión Pública

 

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