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UN FALLO CONTRA LA CONSTITUCIÓN Y EL DERECHO

23 Ene

UN FALLO CONTRA LA CONSTITUCIÓN Y EL DERECHOEs indigerible el fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado que ahora resuelve señalar como responsable de las acciones terroristas al Estado, Ejército y Policía, y no a sus autores, pretendiendo invocar derechos de los ciudadanos a la seguridad y la tranquilidad. Según este aberrante fallo, las consecuencias de los cilindros bomba, los tatucos y el terrorismo indiscriminado obedecen a la presencia de estaciones de Policía o cuarteles militares en los cascos urbanos de las zonas donde las bandas narcoguerrilleras delinquen; según esa absurda lógica los índices de criminalidad en las ciudades obedecerían a la misma causa y por ende, desapareciendo los policías, desaparecerían los delincuentes.

Indudablemente este fallo va en contra de lo decidido en anteriores oportunidades por la misma corporación. El Consejo de Estado en su jurisprudencia, ha establecido dos criterios al respecto para endilgarle responsabilidad patrimonial al estado; a- la falla del servicio y el riesgo excepcional, aunque no se puede desconocer que hay situaciones que involucran actos terroristas y el Consejo de Estado  las ha fallado bajo el régimen del daño especial; bajo la falla del servicio se declara la responsabilidad del estado cuando la administración actuó con omisión frente a los llamados de la comunidad, de un particular o  frente a situaciones de las cuales se puede prever la amenaza inminente de un atentado terrorista o en razón a que,  no desplegó el equipo de seguridad o de prevención requerido para conjurar las posibilidades de un ataque  (refuerzo de pie de fuerza, dotación de municiones,  diseño de operaciones de inteligencia, preparación militar).

De tal manera que si el Estado atendiendo las exigencias del narcoterrorismo, ahora recogidas en la providencia en comento, decidiera retirar las unidades o policiales de los municipios amenazados por los criminales, estaría incurriendo en falla en el deber de garantía y protección a los derechos de los pobladores ante la amenaza inminente que implica la presencia de los grupos armados ilegales y por tanto omitiría el deber del debido despliegue de seguridad o prevención requerido para conjurar las posibilidades de un ataque.

Es un hecho que la Sección Tercera del Consejo de Estado, aplica la tesis del riesgo excepcional,  ocurre cuando hay ataques dirigidos a elementos representativos del estado,  funcionarios  estratégicos del mismo, lo cual coloca al particular  en una situación de riesgo creado de manera consciente por el estado que se torna excepcional y que en caso de realizarse y  causarse un daño, desborda los parámetros bajo los cuales está desarrollado el principio de igualdad frente a las cargas públicas, es el caso del transeúnte que  pasa precisamente por el lugar (elemento representativo del estado) y en el momento justo en que se perpetro el ataque,  situación que también se da frente al grupo de habitantes aledaños a una zona o lugar definido como de riesgo.

Con esta tesis el Consejo de Estado estaría legitimando las acciones de las Farc y del Eln, especialmente, en tanto ellas han anunciado que las unidades de policía y militares son objetivos de guerra y que el daño que producen en los bienes y vidas de los habitantes civiles obedecen a que sus armas son “armas del pueblo” que no tienen precisión, como cínicamente señalara el terrorista Ricardo González, alias Rodrigo Granda, al justificar desde La Habana el reciente ataque con moto-bomba al municipio de La Pradera en el Valle del Cauca.

En este caso, dice la Sección Tercera del Consejo de Estado, al mantener unidades militares y de policía para asegurar los fines del Estado: proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, equivale a colocar a los particulares  en una situación de riesgo creado de manera consciente por el mismo Estado, lo que constituye un absurdo sin asidero lógico y mucho menos jurídico.

Es por demás contradictorio con decisiones judiciales de condena al Estado con ocasión de la muerte de servidores públicos adscritos a las Fuerzas Militares y de Policía en actos de ataques narcoterroristas, cuando los agentes del Estado se encuentran en unidades aisladas o lejanas a los lugares poblados y que constituyen para esa corporación un abandono del Estado que los deja en “inferioridad de condiciones y el desamparo con que fue dejada la víctima, a merced de la guerrilla, es francamente alarmante, y es, por qué no decirlo, la mejor oportunidad que se le brindó a los subversivos para su arremetida violenta, llevando todo el peso la víctima, carga pública que no estaba obligado a soportar, en semejantes condiciones, so pretexto de asumir un riesgo profesional”.

En estos casos el Consejo de Estado apela a la existencia de un régimen excepcional aplicable al servidor público y distinto a la del riesgo excepcional a que se ve sometido el particular; para estos servidores existe un régimen de indemnización de perjuicios a forfait  que no significa de manera alguna que quienes ingresan a prestar sus servicios en las entidades de la Fuerza Pública u organismos de seguridad estén renunciando implícitamente al derecho a reclamar la correspondiente indemnización plena de perjuicios, cuando quiera que la muerte o las lesiones padecidas por alguno de sus miembros pueda imputarse a una falla del servicio o a la exposición a un riesgo excepcional, puesto que, obviamente, también en el ámbito del ejercicio de estas actividades, sustancialmente peligrosas, puede darse el incumplimiento de mandatos legales, la imprudencia y la negligencia, que conduzcan a que el servicio no se preste, o se preste en forma incorrecta o insuficiente, en tal forma que ésta sea la causa del daño padecido; y así mismo, puede suceder que, sin incurrir en una falla del servicio, la víctima haya sido puesta en condiciones tales de peligrosidad en el ejercicio de sus funciones, que se haya sobrepasado el nivel de riesgo al que normalmente, en las mismas circunstancias, estarían expuestos los otros miembros de la institución, es decir, que haya sido expuesta a un riesgo excepcional que, por lo tanto, también daría lugar a deducir la responsabilidad de la respectiva entidad y a la reclamación de la indemnización de los perjuicios que se hayan ocasionado.

Así las cosas, exigir el retiro del casco urbano de la estación de policía o de una unidad militar implica que estos servidores públicos queden también expuestos a un riesgo excepcional del que también resulta responsabilidad del Estado y no de los criminales que adelantan acciones narcoterroristas contra todo ese Estado que incluye a los ciudadanos y a los servidores públicos tal como reclaman las Farc al exigir ser consideradas víctimas del conflicto y no victimarias durante más de 50 años de depredación consciente y voluntaria contra Colombia por razones innobles, el mero apetito del poder político.

Por obra de estas interpretaciones heterodoxas de la Constitución y la ley a la que ahora son tan dados los estamentos jurídicos del país, habrá de despejarles el camino a los narcoterroristas y la delincuencia para que obren abiertamente y sin el obstáculo de la Fuerza Pública en todo el país. Manes de los procesos improvisados.

 
2 comentarios

Publicado por en enero 23, 2014 en Opinión Pública

 

2 Respuestas a “UN FALLO CONTRA LA CONSTITUCIÓN Y EL DERECHO

  1. Nestor

    enero 28, 2014 at 7:20 am

    Que se puede esperar, si tenemos en el curibito, la seccion de ejecutivos comunistas en la Seccion Tercera del Consejo de Estado, en contra del pueblo Colombiano…son una partida de ignorantes, que creen que con votar en puerta cerrada contra la constitucion del pais, apoyando a los subversivos, en contra de la Policia y el Ejercito, que podemos hacer, si los elegimos, para que estuvieran en contra del pueblo. Colombia, necesita, despewrtar sobre lo que en esos precintos, que dicen ser, los que nos ayudan, estan en contra, deberiamos armarnos con la ley, para sacarlos de donde estan y hacer un consejo nuevo, con gente preparada y honesta. Ya es hora de acabar con tanto ignorante, en posiciones del gobierno, que se acabe la in jussticia contra Colombia, acabando la perrera, se acaba la rabia.
    Quisiera saber los nombres de estos mequetrefes, que hablan (a puerta cerrada) en contra del pais. Quienes son??? me imagino, que deben ser mas que un grupito de terroristas, encapuchados….de faceta senatorial.

     
  2. Miguel

    febrero 22, 2014 at 4:44 pm

    Cual es la radicación de este fallo?

     

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