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DESNATURALIZAR LA ACCIÓN DE TUTELA

25 Ene

DESNATURALIZAR LA ACCIÓN DE TUTELAEse parece ser el objetivo del Tribunal Superior Administrativo de Cundinamarca con las absurdas decisiones tomadas en relación con la llamada “tutelatón” desarrollada por el destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego y sus defensores.

En primer lugar, se violan las disposiciones legales que reglan la acción de tutela; en primer lugar sólo una de las más de 300 interpuestas por los seguidores de Petro en diciembre de 2013, fue colocada por la defensa técnica, las demás son oficiosas y por lo tanto improcedentes en cuanto el titular del derecho no se encuentra en imposibilidad de actuar por sí mismo física o mentalmente.

En efecto, el art. 10 del Decreto 2591 de 1991, regla la acción del agente oficioso, el cual consiste en que un tercero pueda presentar acción de tutela a favor de otra persona, sin importar que exista o no vínculo familiar y sin que exista un poder por escrito que lo faculte para presentar dicha tutela, porque el titular del derecho no pueda ejercer su propia defensa, por:

  • Dificultades físicas, como una enfermedad o discapacidad que imposibilita el desplazamiento del afectado hasta un juzgado.
  • Dificultades psíquicas que afecten su estado mental.
  • El sujeto se encuentra en estado de indefensión, lo cual le impide acudir a la justicia; como ser una persona de la tercera edad con dificultad de desplazamiento.
  • Detenido en un centro de reclusión o estación de Policía y se le impida suscribir documentos por cualquier motivo (amenazas).
  • Está fuera del país pero le están siendo vulnerados sus derechos fundamentales a pesar de estar fuera de Colombia.

Es evidente que el señor Gustavo Petro no se encuentra en ninguna de las circunstancias anteriores y por ende no hay legitimación por activa en la causa que inician particulares que actúan para supuestamente proteger sus derechos fundamentales violados por una decisión disciplinaria del organismo constitucional legitimado para ello, la Procuraduría General de la Nación como se establece taxativamente en los arts. 277.6, 278.1 de la Carta, teniéndose que el señor Alcalde de Bogotá no está sometido a un fuero especial en materia disciplinaria o judicial que exija que la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría se convierta en un mero concepto para que un órgano jurisdiccional actúe cuando un funcionario elegido popularmente, con excepción del presidente, infrinja de manera manifiesta la Constitución o la ley, que para el caso específico es la Ley 734 de 2002.

Debe insistirse en que no hay norma constitucional o legal que establezca para el alcalde de Bogotá un fuero especial frente al Código Único Disciplinario (Ley 734/02), sino que éste está sometido al mismo régimen de los funcionarios que señala el art. 314 y que no está exento de cumplir los mandamientos del art. 315.1 del ordenamiento constitucional; las únicas prerrogativas que la Constitución establece para el Distrito Capital se refieren a la jurisdicción electoral para elegir representantes a la Cámara y a las propias organizativas y administrativas con referencia al Departamento de Cundinamarca al cual pertenece geográficamente, es decir a la capacidad constitucional y legal para establecer un régimen político, fiscal y administrativo pero conforme a las disposiciones de la Constitución y las leyes especiales que para el mismo se dicten como señala el art. 322, no existiendo en el ordenamiento legal norma especial distinta a la Ley 734 de 2002 que cree el fuero especial invocado por quienes señalan como obligatorio en el párrafo 6 del art. 323 invocado en las tutelas y políticamente explotado por Gustavo Petro y sus seguidores.

De esta manera se cae el otro argumento fantasioso del Tribunal de Cundinamarca, el Procurador si tiene facultades constitucionales y legales para ejercer el poder disciplinario preferente incluso en tratándose de servidores públicos elegidos popularmente con las excepciones claras señaladas en la norma disciplinaria y que refieren exclusivamente al Presidente de la República en cuyo caso la actuación disciplinaria se transforma en un simple concepto para que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pueda actuar atendiéndolo o no.

La normatividad y la jurisprudencia han respaldado la acción disciplinaria contra servidores públicos ejercida por la Procuraduría General de la Nación incluso existiendo fueros especiales como es el de los congresistas y miembros de la Fuerza Pública que incluso cuentan con un régimen disciplinario especial y la jurisprudencia ha avalado la facultad sancionatoria disciplinaria de la Procuraduría en el caso de los servidores públicos elegidos popularmente. El Mafistrado Armenta y su banda pretender cambiar no sólo esa jurisprudencia, sino el ordenamiento constitucional y legal para favorecer a un ciudadano de la república por encima del bien común que es el principio fundamental del Estado social de derecho.

No hay fuero especial para Gustavo Petro por ser reinsertado, por haber abandonado las armas, que dice nunca tuvo, y por ser ideológicamente opositor al Estado del cual hace parte y como funcionario representa, o como ideológicamente quiera definirse; eso no está contemplado en la Constitución de 1991 en la que el M-19 y la izquierda, incluso Aída Avella hoy candidata presidencial de la UP y la Marcha Patriótica que se desplaza a su apoyo, fueron constructores.

Ahora bien, si lo que busca protegerse es el derecho fundamental a elegir y ser elegido, ninguno de los agentes oficiosos de Gustavo Petro ha demostrado que por ser Progresistas, movimiento no existente en la vida jurídica, siendo candidato a cualquier cargo fue vetado por ello, ni que dicho derecho se ha violado el derecho a ser elegido en tanto no demuestran que se les impidió tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática, o constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna: formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas, tanto así que siendo Alcalde de Bogotá y antes de la decisión disciplinaria su movimiento pudo constituir lo que hoy se conoce como Alianza Verde Progresista.

El derecho a ser elegido tampoco se vulnera, el señor Gustavo Petro fue elegido alcalde de Bogotá en el 30 de octubre de 2011, dado el cisma creado por el Partido Liberal, el Partido de la U (del presidente Santos) y Conservadores para impedir la reelección de Enrique Peñalosa, que paradójicamente ahora forma parte del partido de Petro, se posesionó como alcalde en enero de 2012, de tal forma que los hechos denunciados como disciplinables ocurrieron en vigencia de su mandato y los cuales definitivamente ni ha desvirtuado, ni atenuado o excusado su responsabilidad administrativa y disciplinaria, por el contrario la ha reconocido en varias oportunidades frente a las demoras y deficiencias de su llamado plan basuras.

Es patético que un funcionario elegido popularmente incurre en faltas graves a la disciplina mínima que debe regirlos, Ley 742 de 2002 y ante el pliego de cargos elevado a solicitud de los mismos organismos de control de su jurisdicción, no por iniciativa oficiosa de la Procuraduría, convierta en motivo propio un proceso nacional como el que se desarrolla en La Habana y que oportunistamente asume la narcoguerrilla; pero es grave que el poder judicial se pliegue a ignorar y pisotear los derechos colectivos señalados en los principios y fundamentos del Estado Social de derecho para favorecer oscuramente favores personales con relación a sujetos disciplinables, eso sería la entronización de la corrupción.

 
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Publicado por en enero 25, 2014 en Opinión Pública

 

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